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Thomas Francisco Gil Buenaventura del Rosario Guido Aoiz nació en Buenos Aires el 1° de noviembre de 1788. Era hijo del comerciante español Pedro Guido y Sanz y de Juana María de Aoiz Martínez de Arce. De breve paso por el Colegio de San Carlos, Guido se desempeñó como soldado en el tercio de miñones.

En 1811, fue nombrado oficial de la secretaría de gobierno de la junta, lo que le permitió ser secretario de Mariano Moreno en su frustrado viaje a Inglaterra. En 1812, fue nombrado secretario de guerra, pero la lucha contra los realistas lo obligó a desplazarse hacia el norte. Allí colaboró con Manuel Belgrano y, en Tucumán, con José de San Martín. Además, fue designado secretario del Gobernador de Charcas.

Regresó a Buenos Aires en 1815 y conservó el puesto en la secretaría de guerra, desde donde preparó la invasión a Chile, señalando el camino para el cruce de los Andes. En mayo de 1816, Guido presentó a las autoridades su reconocida Memoria, que contemplaba la propuesta de creación del Ejército de los Andes, y la definición de los puntos de paso y marcha en general.

Hacia abril de 1817, Guido fue nombrado primer ayudante de campo de San Martín y Diputado ante el gobierno de Chile. Acompañó a San Martín al Perú, donde alcanzó numerosos títulos militares. Luego de la retirada de San Martín, abandonó Perú en 1823.

En 1826, retornó a Buenos Aires con el grado de general de brigada de los Ejércitos del Perú. Rápidamente fue nombrado comandante general de armas por Bernardino Rivadavia y, en 1827, ministro de Guerra. Al año siguiente, fue designado ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, como primer paso para ocupar, luego, el ministerio plenipotenciario en Brasil, desde donde negoció el tratado de paz que puso fin a la guerra con ese Imperio. En 1833, Viamonte le encargó el ministerio de relaciones exteriores, así como el de guerra y marina. Además, por aquellos años fue designado ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Bolivia, Chile y Ecuador, y observador argentino de la constitución política de Uruguay.

Tras la batalla de Caseros (3 de febrero de 1852), integró el consejo de estado de la provincia de Buenos Aires y fue electo senador por la provincia de San Juan, desde cuyo puesto alcanzó la vicepresidencia del senado de la Confederación argentina. En 1857, fue nombrado brigadier general de los ejércitos de la Confederación. También intervino como comisionado en la firma del Pacto de San José de Flores (10 de noviembre de 1859), el cual acercó las posiciones entre Buenos Aires y la Confederación Argentina.

Falleció en Buenos Aires el 14 de septiembre de 1866.

Teodoro Sánchez de Bustamante nació el 10 de enero de 1778 en San Salvador de Jujuy, hijo de Manuel Sánchez de Bustamante y de María Tomasa González de Araujo y Ortiz de Zárate.

Cursó sus primeros estudios en Salta, prosiguiéndolos luego en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires entre 1793 y 1797. De allí pasó a la Universidad de Charcas, donde se recibió de abogado en 1801. En aquella ciudad, fue Relator de la Real Audiencia y, también, presidente de la Academia de practicantes juristas.

En 1809, se unió al partido revolucionario en Chuquisaca, pero esta rebelión fue prontamente sofocada y los cabecillas enviados a El Callao, aunque Sánchez de Bustamante logró huir hacia Jujuy. Un año más tarde, enterado del pronunciamiento de Buenos Aires, viajó a esta ciudad dispuesto a colaborar con la Revolución. A finales de 1810 fue elegido para ocupar la fiscalía de la Audiencia de Buenos Aires, tomando posesión del cargo a principios del año siguiente.

Retornó a su ciudad natal como asesor general de aquel Cabildo y colaboró con las tropas del Ejército Auxiliar del Perú como secretario y auditor de guerra de dicha fuerza. Tras las derrotas en las batallas de Vilcapugio (11 de octubre de 1813) y Ayohúma (14 de noviembre de 1813), el general José de San Martín nombró a Sánchez de Bustamante como secretario general del Ejército Auxiliar.

Teodoro Sánchez de Bustamante, que había sido electo diputado por Jujuy para el Soberano Congreso de las Provincias Unidas, llegó a presidir el cuerpo interinamente en varias oportunidades. Fue signatario del Acta de la Independencia; y permaneció en el congreso, ya con el cargo definitivo de Presidente, hasta su disolución en 1820. Un año más tarde, la Junta de Representantes de Buenos Aires lo nombró diputado para el congreso nacional que iba a tener lugar en Córdoba.

Tras el fallido congreso, revistó como secretario de gobierno del Gobernador de Salta Juan Antonio Álvarez de Arenales. Posteriormente ejerció como teniente Gobernador de Jujuy por elección de aquel Cabildo. Luego volvió a ser electo diputado provincial, pero tras la victoria federal de 1831 emigró con su familia, primero a Sucre y luego a Santa Cruz de la Sierra, donde se dedicó a la docencia y finalmente falleció el 11 de mayo de 1851.

Miguel Cané nació el 27 de enero de 1851 en la ciudad de Montevideo. La familia Cané regresó al país poco tiempo después de la batalla de Caseros, cuando Miguel tenía dos años de edad. Si bien era uruguayo por nacimiento fue inscripto como argentino, gracias a la ley 346/1869 de ciudadanía y naturalización que beneficiaba a los hijos de los exiliados.

Entre 1863 y 1868, Cané cursó el Bachillerato en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Más tarde ingresó en la Facultad de Derecho, allí se graduó de abogado y comenzó su carrera como periodista en “La Tribuna”, el diario fundado por sus primos, los Varela.

En 1875, el 27 de septiembre, se casó con María Sara Belaústegui Cueto. La pareja tuvo dos hijos: Miguel Ramón y Sara Cané Belaústegui.

Fue diputado, provincial primero y nacional después. El 18 de junio de 1880, por una resolución del Departamento del Interior, fue nombrado Director General de Correos y Telégrafos.

En 1882, mientras estaba en Venezuela en calidad de diplomático escribió Juvenilia, que fue editado dos años más tarde. Esta obra fue construida con las anécdotas y recuerdos de su estadía como estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires.

En 1885 fue nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Viena y representó a la Argentina en la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, protocolo adicional al mismo, firmado el 17 de julio de 1885 en la ciudad de Viena ente la República Argentina, los Reinos Unidos de Suecia y Noruega que el Congreso ratificó en un acta firmada el 12 de noviembre de 1895. En marzo de 1886 se desempeñó como Ministro en Austria-Hungría. El 29 de septiembre de 1888 por medio de un decreto del Departamento del interior, Miguel Cané fue elegido miembro de una comisión para crear un monumento en la Ciudad de Mendoza que conmemore las glorias del Ejército Argentino de los Andes. En enero de 1890 dejó su cargo de Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario en España porque fue nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Misión Especial cerca del Gobierno de Suecia y Noruega.

En el año 1892 fue nombrado para componer el jurado para las cátedras de Idioma Castellano, Latín y Literatura del Colegio Nacional de la Capital. Y el 4 de noviembre de ese mismo año fue nombrado intendente de la municipalidad de la Capital Federal.

El 7 de junio de 1893 fue nombrado Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores y pocos días después se hizo cargo de forma interina del Ministerio del Interior hasta que, con un decreto del 27 de junio, lo ratificaron en este último cargo hasta que renunció el 5 de julio de ese mismo año.

El 1° de agosto de 1894 fue elegido miembro de una Comisión Directiva bajo la presidencia, del Dr. Calisto S. de la Torre, para que intervenga en todo lo relativo a la construcción de la Casa de Justicia. El 10 de enero de 1896 fue nombrado por decreto Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante los Gobiernos de Francia y de Bélgica y el 10 de febrero fue enviado como delegado del Gobierno Argentino en la Conferencia Internacional de París.

En 1898, Miguel Cané, fue electo senador por la Capital y ocupó este cargo en el Congreso hasta el 30 de marzo de 1904. Desde su banca y a pedido de la Unión Industrial Argentina, redactó la “Ley de Residencia” (ley Nº 4.144). El 20 de mayo de 1899 mediante un decreto, fue destinado a formar parte de las comisiones encargadas de dar cumplimiento a la ley sobre erección de estatuas en la Capital Federal.

Paralelamente, Cané participó en la fundación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de la que fue profesor y decano entre 1900 y 1904.

Fue integrante de la llamada Generación del Ochenta, amigo de Carlos Pellegrini, Aristóbulo del Valle, Roque Sáenz Peña, Lucio V. López, Eduardo Wilde y Bartolomé Mitre y Vedia. Sus obras más destacadas son: El Canto de la Sirena (1871), Ensayos (1877), A la Distancia (1882), Charlas Literarias (1885), Notas e impresiones (1901) y Prosa Ligera (1903), aparte del relato titulado En Viaje (1884). Es autor de la primera traducción argentina completa del Enrique IV de Shakespeare y colaboró en el matutino “La Prensa”.

Falleció el 5 de setiembre de 1905.

José Christiano de Freitas Henriques Junior, conocido como Christiano Junior, nació en las Islas de Flores, Azores, Portugal, en julio de 1832. En 1855 emigró a Brasil junto a su esposa y sus dos hijos donde inició su profesión como fotógrafo. En 1862 abrió un estudio fotográfico en Maceió, Estado de Alagoas. Dos años después se mudó a Río de Janeiro y trabajó junto a Fernando Arterio de Miranda. La sociedad duró un año. Entre los años 1866 y 1869 tuvo un local en Mercedes, Uruguay, junto a su socio Bernardo José Pacheco, llamado “Christiano Junior y Pacheco”.
El 1ro de diciembre de 1867 Christiano Junior abrió su primer local de fotografía y pintura en la ciudad de Buenos Aires ubicado en la calle Florida 159 entre Cuyo, actual Sarmiento, y avenida Corrientes.
En 1872 inauguró la segunda sede especializada en “Retratos de Criaturas - Fotografía de la Infancia”. El nuevo estudio estaba ubicado en la calle Artes 118, actual Av. Carlos Pellegrini. El 8 de marzo de 1875 el local fue destruido por un incendio. Posteriormente lo reabrió en la calle Victoria 296, actual Hipólito Yrigoyen, a cargo de su hijo, José Virgilio Freitas Henriques
La casa de la calle Florida se trasladó al local contiguo, Florida 160-64, a una propiedad de la familia Ortíz Basualdo la cual contaba con laboratorios, galería de pose, salas de exposición y vivienda para el personal. En 1875 la ciudad de Buenos Aires cambió la numeración y pasó a ser Florida 208. En este local retrató a personalidades destacadas de la sociedad porteña, incluidos los presidentes argentinos. Inició la tradición con Domingo Faustino Sarmiento, además de Luis S. Peña, Carlos Pellegrini y figuras como Adolfo Alsina y Lucio V. Mansilla entre otros.
Entre los años 1875 y 1878 fue fotógrafo oficial y participó activamente en la Sociedad Rural Argentina.
En 1876 y 1877 editó dos Álbumes llamados: “Vistas y costumbres de la República Argentina”, con doce tomas acompañadas por descripciones históricas, geográficas, filosóficas y críticas de cada provincia, traducidas en cuatro idiomas: francés, portugués, español y alemán. Los álbumes transmitieron los aspectos populares del progreso y la vida moderna de la Argentina.
Recibió premios nacionales e internacionales. Publicitó su comercio en periódicos, folletos y anuncios callejeros en los que ofrecía, además de los tradicionales retratos, copias al óleo sobre lienzo y sobre porcelana. Los estudios fotográficos se destacaron por contar con las últimas novedades tecnológicas como las máquinas instantáneas.
En 1878 vendió el fondo de comercio a los fotógrafos Alexander Witcomb y Roberto Mackern quienes llamaron al estudio “Witcomb y Mackern”. La venta incluyó los negativos, que contienen los registros de los dos álbumes editados, los archivos de clientes, instalaciones y cámaras de galería.
Entre los años 1879 y 1884 recorrió el país continuando su actividad fotográfica, se asoció a distintos fotógrafos locales de las ciudades que visitaba, hasta que finalmente se estableció en la provincia de Tucumán hasta 1889.
En 1901 se mudó a la ciudad de Corrientes, oficiando de agente de nivel local de la casa “Freitas y Castillo” con sede en Buenos Aires. En 1902 viajó a la ciudad de Asunción, Paraguay, en donde falleció el 19 de noviembre.

La agencia Fotográfica “¡Alerta!” fue una empresa privada que tomó como lema “La actualidad en el objetivo”. Su dueño fue el fotógrafo I. González Prieto. Entre los temas destacados en su registro fotográfico se encuentran actividades desarrolladas por los teatros profesionales de la época, las empresas industriales y comerciales y el movimiento sindical argentino.

En la etapa inicial del diario, los principales accionistas fueron Jacobo Timerman, Jorge Rotemberg y David Gravier a través de su grupo financiero. Timerman, quien actuó como su director periodístico, planteaba que la filosofía del diario era la de ser selectivo ya que buscaba tratar temas “fundamentales” en profundidad, según señalaba la publicidad de lanzamiento. Su eslogan era “El diario de la inmensa minoría”. Según testimonios de periodistas que formaban parte de su staff, el diario apuntaba a un lector joven sin prejuicios que tuviese poder de decisión y opinión propia. Quienes investigan y analizan los medios de comunicación en Argentina - como Carlos Ulanovsky o Susana Carnevale, por ejemplo- coinciden en que la posición ideológica de La Opinión podría sintetizarse como de centro en lo referente a la política, de izquierdas en lo cultural y conservadora o de derechas en lo económico.
La posición política de Timerman y, por consecuencia, del diario era ser antiperonista. Esta postura implicó recibir una serie de ataques gubernamentales de distinta índole en el período de gobierno que abarcó los años de 1973 a 1976. Durante el mandato de la presidenta Isabel Martínez de Perón la emisión del periódico fue suspendida durante 10 días (decreto del 13/02/1976), las afirmaciones en la sección política siempre eran desmentidas de manera oficial, se hacían circular versiones sobre que el diario respondía a diversos intereses ideológicos que iban desde una posición izquierdista que buscaba apoyar a la Unión Soviética hasta una liberal a favor de los Estados Unidos, en el plano económico, el gobierno retiró la publicación de los avisos oficiales y, en lo profesional, se presionaba a sus periodistas para que informasen públicamente quiénes eran sus fuentes.
El periódico se publicaba de martes a sábado con 24 páginas y los domingos con 48 págs. cuando aparecía su suplemento cultural. Su formato siempre fue tabloide. La bibliografía suele mencionar que era un diario sin fotografías, pero sí con ilustraciones y caricaturas del artista Hermenegildo Sábat. Sin embargo, en este Archivo General de la Nación, se encuentra un grupo de fotografías pertenecientes al fondo documental El Cronista Comercial (AR-AGN-ECC01) que fueron creadas por La Opinión como indican sus sellos. Las fechas extremas de estas fotografías corresponden a la etapa en la que el diario había sido intervenido por el gobierno militar denominado “Proceso de reorganización nacional”, 1979-1980.
En lo que respecta a su organización, el diario estaba pensando en secciones: Política Nacional, Política Internacional, Economía y Cultura. Las fuentes señalan que la publicación no tenía suplemento de avisos clasificados pero si varias secciones como ser “Industria y tecnología”, “Náutica”, “Economía”, “Audio”, “Arquitectura y urbanismo” y “Automotores”. Su principal característica fue que los artículos llevaban la firma del periodista y que buscaba que el lector se reconociera en el periodista que escribía la nota. Como su nombre lo señala, la gran relevancia de La Opinión radicaba en el análisis de autor que se llevaba a cabo sobre las noticias más que la búsqueda de publicar primicias o un vasto número de noticias. El suplemento cultural trataba temas “no tradicionales” para su época, como ser el radioteatro, las historietas, notas sobre rock y análisis sobre personas del cine o del deporte aún no tan conocidas.
Ya bajo la dictadura militar que comenzó en marzo de 1976, La Opinión tomó como postura oponerse a las acciones del terrorismo de Estado. Así es como en noviembre de ese año, publicó la lista de temas sobre los que el gobierno no permitía informar: hechos subversivos, bajas en las Fuerzas Armadas o acciones de la policía. También fue uno de los primeros diarios que comenzaron a publicar los habeas corpus sobre los desaparecidos. Como consecuencia de su postura, el gobierno a través del decreto 210/77 prohibió la circulación del diario los días 29 y 30 de enero y secuestró de la calle la revista La Opinión de esa semana. Finalmente, en ese mismo año de 1977, el diario fue intervenido militarmente y el gobierno designó al general de brigada José Teófilo Gayret como su interventor. Ese mismo año desapareció Edgardo Sajón, el director técnico del diario y el 17 de abril fue secuestrado el director Jacobo Timmerman quien recobró su libertad dos años después, en septiembre de 1979, para ser expulsado del país en ese mismo mes. Sajón continúa desaparecido.
Luego de la intervención militar, los activos y los pasivos económicos del diario terminaron bajo la órbita de dos diarios de provincia: “El Sol” de La Rioja y “El Sol” de Catamarca. Durante los primeros años de existencia el diario funcionaba en un edificio de la calle Reconquista 585, Ciudad de Buenos Aires. Luego sus oficinas mudaron a la calle Lafayette 1910, Ciudad de Buenos Aires. Estas mismas son las que el Estado entregó a través de un decreto a la editorial Dos de Abril, una sociedad conformada por el grupo Bridas de Carlos Bulgheroni, los empresarios Carlos y Tomás Leonhardt y el periodista Raúl Burzaco. El 17 de noviembre de 1982 esta empresa lanzó el diario Tiempo Argentino cuyas oficinas funcionaron en ese mismo edificio de Lafayette.

El argentino Raúl Horacio Burzaco inició su trabajo como periodista en la revista Nuestra Arquitectura, luego fue jefe de información internacional y prosecretario de redacción en el diario La Prensa y durante un largo período tuvo distintos cargos en la Editorial Abril llegando a ser el presidente del directorio. En ella dirigió las revistas Siete Días y Panorama y creó una tercera, Corsa.
De 1982 a 1986 fue el director del diario Tiempo Argentino además de haber sido el autor de la sección “Lecturas dominicales” los domingos. Luego pasó a dirigir el diario El Cronista Comercial hasta 1990.
Se desempeñó en el cargo de secretario de medios durante la presidencia de Carlos Saúl Menem entre los años 1991 y 1994. Luego de la función pública ocupó la vicepresidencia del Multimedios América, fue presidente del Capítulo Argentino del Club de Roma y en sus últimos años fue consultor para la empresa Torneos y Competencias. Falleció el 9 de febrero de 2004.

La Orden de los Hermanos de Bethlem fue la única orden monástica creada en América, instituida en Guatemala en 1653 por el terciario franciscano Pedro de San José de Betancourt y aprobada por el Papa en 1687. Era una orden religiosa católica masculina, clerical, de vida apostólica y de derecho pontificio.

Ya instalada en Buenos Aires, el 23 de septiembre de 1745, la orden obtuvo una licencia a través de una Real Cédula para fundar un hospital. Así, el gobernador Andonaegui le entregó al Procurador de la Orden, Fray Joaquín de la Soledad, un hospital al que renombraron Hospital de Santa Catalina Virgen y Mártir.

Para 1762, la Orden tenía dependencias en Córdoba, donde instaló el Hospital de San Roque y en Mendoza.

La Orden Betlemita en Buenos Aires poseía el Convento de Santa Catalina, en el cual los aspirantes recibían el hábito de novicio.

Por Real Orden del 26 de mayo de 1795 Su Majestad resolvió la traslación del Hospital Betlemita a la Residencia que había sido ocupada por la Compañía de Jesús. Unos años más tarde, la Residencia se convirtió en Hospital General de Hombres y se le asignó una chacra denominada “de Belén”, donde se hicieron algunas construcciones dedicadas a los convalecientes. Allí se trasladaba a los enfermos derivados del Hospital de Santa Catalina.

La Orden Betlemita se sostenían con donaciones y limosnas, y con el trabajo que desarrollaban en sus solares, terrenos, casas y quintas. Poseían una estancia en Arrecifes, llamada “Fuentezuelas”.

La Orden fue suprimida el 24 de diciembre de 1822 a través de la sanción de la ley de Reforma General en el Orden Eclesiástico.

Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A. fue creada en el año 1980 y liquidada en el año 2000.
Sus antecedentes se sitúan en la creación por Decreto N° 10936/50 de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que da comienzo al desarrollo nuclear nacional bajo el control del Estado. Estos esfuerzos prosiguieron con la creación por Decreto 9697/51 de la Planta Nacional de la Energía Atómica de Bariloche y la Dirección Nacional de la Energía Atómica, la creación del Instituto de Física de Bariloche en 1955 y la autorización de la construcción de la Central Atómica de Atucha I por Decreto 749/68, entre otras iniciativas.
Hacia fines de la década del ’70, el Estado Nacional dio nuevo impulso a la política de desarrollo nuclear por iniciativa de la CNEA y con la coordinación general de una Comisión Interministerial conformada por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa. En este sentido, mediante el Decreto Nº 3183/77 se declararon de interés los “Objetivos y Política Nuclear de la República Argentina”, quedando a cargo de la CNEA la propuesta de modificaciones orgánicas, funcionales y administrativas necesarias a tal fin. Entre los objetivos particulares de la norma se incluía incrementar la producción de energía núcleo-eléctrica, contribuyendo al desarrollo del interior del país y a al ahorro de hidrocarburos, definiendo como políticas para su concreción promover el diseño y construcción de centrales nucleares para satisfacer la demanda futura de energía eléctrica e incluir en el Plan Energético Nacional la participación de la energía núcleo-eléctrica.
Posteriormente, el Decreto 302/79 hizo suyas las conclusiones de la Comisión Interministerial respecto del Plan Nuclear y dispuso la construcción de 4 centrales nucleares con sus instalaciones complementarias, autorizando a la CNEA y al Ministerio de Economía a realizar las gestiones y elevar los proyectos necesarios para su financiación y ejecución, así también como para promover la industria nuclear en general, proponiendo las modificaciones al Decreto-Ley N° 22477/56 que permitieran ajustarlo a las nuevas metas. En este sentido, el Decreto Nº 2441/79 autorizó a la CNEA a aceptar la oferta presentada por la empresa Kraftwerk Union Artiengesellschaft para participar en el desarrollo del Plan Nuclear y conformar junto con el Estado nacional una empresa de ingeniería bajo la forma de sociedad anónima, firmando para ello los contratos correspondientes.
A continuación, la Ley Nº 22179 (reglamentada por el Decreto Nº 1012/80) declaró de interés nacional las actividades relacionadas con la construcción y mantenimiento de la Central Atucha II y el Decreto Nº 1337/80 aprobó tanto los distintos contratos de cooperación técnica, garantías, servicios y suministros, como la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria denominada Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas Sociedad Anónima (ENACE), en la cual el %75 del capital accionario correspondía a la CNEA, y el %25 restante a la empresa Kraftwerk Union Artiengesellschaft, posteriormente Siemens AG. El objetivo de la empresa era prestar servicios de ingeniería y la dirección de proyectos relacionados con las centrales nucleoeléctricas.
En el marco del proceso de Reforma del Estado y, particularmente, la reconversión del Sector Eléctrico, el Decreto Nº 1540/94 dispuso la reorganización de las funciones a cargo de la CNEA, con el fin de diferenciar sus actividades de índole operativa de la actividad de generación nucleoeléctrica. Fue así que se crearon el Ente Nacional Regulador Nuclear como entidad autárquica de fiscalización y regulación de la actividad nuclear y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima como empresa para el desarrollo de la generación nucleoeléctrica en las Centrales Nucleares de Atucha I y Embalse de Río Tercero, y para la construcción, puesta en marcha y operación de la Central Nuclear de Atucha II. La CNEA debía transferir a las nuevas instituciones mencionadas las funciones, el personal, los activos y los contratos que correspondieran a la reorganización pretendida. Además, se transfirió al Estado nacional la titularidad de las acciones de ENACE, asignándose al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el ejercicio de sus derechos societarios y de gestión. Finalmente, se declaró sujeta a privatización la actividad de generación nucleoeléctrica, lo que involucraba la dirección y ejecución de obras de centrales nucleares que desarrollaba hasta entonces ENACE.
La vigencia estatutaria de la empresa se mantuvo hasta 1996, cuando la Asamblea de Accionistas decidió comenzar con su proceso de liquidación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 2394/92, efectuando el correspondiente relevamiento patrimonial conforme pautas del Decreto Nº 1836/94. Finalmente, mediante Resolución MECON Nº 796/00 se dio por concluida la liquidación.

El proceso de formación de Hierro Patagónico de Sierra Grande Sociedad Anónima Minera (en adelante HIPASAM) comenzó con el Decreto Nº 4716 / 67, que establecía en su art. 3 que la Dirección General de Fabricaciones Militares diseñara alternativas en aras de la puesta en marcha de la explotación de los yacimientos ferríferos de Sierra Grande. Esta decisión se vio reforzada por el Decreto Nº 5925 / 67, que dispuso beneficios y franquicias orientados a promover el desarrollo del emprendimiento, y confirmada por el Decreto Nº 4045 / 69, que aprobó el tamaño y el cronograma del proyecto. En el mismo año 1969, la Dirección General de Fabricaciones Militares y la Gobernación de la Provincia de Río Negro suscribieron las actas constitutivas de la nueva empresa, cuyo capital social se constituyó con aportes de los anteriormente mencionados y del Banco Industrial de la República Argentina (posteriormente, Banco Nacional de Desarrollo). Finalmente, la Ley Nº 18605 / 70 aprobó las actas constitutivas, con los siguientes objetivos: explotación de los yacimientos ferríferos de Sierra Grande; procesamiento de minerales; realización de explotaciones metalúrgicas y siderúrgicas en general; comercialización de sus propios productos y de otros que adquiriera con ese fin; realización de toda clase de actos jurídicos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. La nueva empresa comenzó a regirse con la Ley Nº 17318 de Sociedades Anónimas con participación mayoritaria del Estado, pero a partir de 1972 pasó a regirse por la Ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales. El estatuto de la empresa posibilitaba el ingreso de capitales privados siempre y cuando los representantes del estado no perdieran la mayoría. También establecía como máximo órgano decisorio a la Asamblea General de Accionistas (Ordinaria o Extraordinaria), cuyas funciones eran considerar: el balance general, memoria e informe de los síndicos; designación y remoción de directores y síndicos, determinación de sus responsabilidades y fijación de su retribución; aumento del capital social; modificación del estatuto. La Asamblea podía ser convocada por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora o un accionista cuando lo creyeran necesario y la presidencia de la misma correspondía al presidente del Directorio. La dirección y administración de la empresa estaba a cargo de un Directorio cuya composición era determinada por la Asamblea, fijándose el número de miembros entre 5 y 9, y cuya presidencia correspondía exclusivamente a un representante de la parte estatal. La fiscalización de la empresa era atributo de una Comisión Fiscalizadora compuesta por 3 síndicos titulares y 3 suplentes. Estos cargos ejecutivos se repartían entre los accionistas. La empresa dividiría sus instalaciones en una Sede Central con funciones administrativas, situada en la Capital Federal, y un yacimiento ferrífero con funciones productivas, situado Sierra Grande.
El estatuto de HIPASAM experimentó su primera modificación en 1974 para adaptarlo a las disposiciones de la Ley 19550. Posteriormente experimentó cambios en 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 y 1987 con el objetivo de aumentar el monto del capital social y el valor nominal de las acciones y modificar el carácter de las acciones a emitir.
La Ley Nº 23.696 / 89 de Reforma del Estado estableció el marco legal general para el proceso de privatización de la empresa, el cual entró en curso por medio de la Ley Nº 24.045 / 91, que declaraba “sujetas a privatización” las empresas, sociedades y establecimientos del área del Ministerio de Defensa. Con vistas a concretar este objetivo, la empresa es intervenida mediante Decreto Nº 1014 / 91. El Decreto Nº 160 / 92 dio por finalizada la intervención y dispuso la disolución y liquidación de la empresa. El Decreto Nº 2007 / 93 aprobó un convenio de transferencia de activos de HIPASAM al Gobierno Provincial de Río Negro, que de esta manera mantuvo bajo su control el yacimiento minero bajo la denominación de HIPARSA (Hierro Patagónico Rionegrino Sociedad Anónima). Finalmente, la Resolución Nº 415 / 96 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos dio por concluida la liquidación.