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Juan Manuel Beruti nació en Buenos Aires en 1777. Cuando tenía 13 años, un amigo le entregó una nómina de los miembros del Cabildo de Buenos Aires desde el año 1717, con los hechos más importantes ocurridos en el Virreinato. Desde ese momento continuo con el listado de miembros del Cabildo de Buenos Aires y además le añadió sucesos y retrató personajes de la sociedad porteña de su época. Continuó escribiendo hasta 1855. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 28 de enero de 1856.

Juan María Gutierres Granados nació en Buenos Aires el 6 de mayo de 1809 en la ciudad de Buenos Aires. Hijo del comerciante español José Matías Gutiérrez y de María de la Concepción Granados y Chiclana, cursó sus estudios primarios en la escuela particular de Elías Galván. Estudió matemática y filosofía en la Universidad, y aprobó hasta el 3º año del curso de Ingeniería. En 1831 comenzó a estudiar abogacía. Fue redactor de “El Amigo del País”, colaboró en “El Museo Americano” y en la revista “La Moda”, e hizo traducciones de escritos de Byron, Chateaubriand, Hugo y Mme. de Staël para el “Diario de la Tarde”. Estableció vínculos con Juan Bautista Alberdi y Estaban Echeverría. En 1833, formó parte de la Asociación de Estudios Históricos junto a Pedro de Angelis hasta que se disolvió en 1835 y abrieron con Marcos Sastre el Salón Literario. Gutiérrez se encargaba de enviar el detalle de los sucesos que se producían en Buenos Aires a sus compañeros expatriados en Montevideo. Fue encarcelado durante cuatro meses en Santos Lugares y cuando salió emigró a Montevideo. Colaboró en “El Iniciador” con traducciones, poesías y artículos y fundó con Echeverría la Asociación de Mayo, cuyo lema era “Mayo, Progreso y Democracia”. Paralelamente realizaba algunos trabajos como ingeniero.

Más tarde, se trasladó junto con Alberdi a Europa y en 1843 ambos viajaron a Brasil. Luego pasó a Chile y fue nombrado director de la Escuela Naval de Valparaíso. Publicó América Poética con noticias biográficas y juicios críticos, editada en 1846 por la imprenta El Mercurio. En 1847 dio a conocer las Obras poéticas de José Joaquín Olmedo y en 1849, una edición del Araucano domado, poema épico de Pedro de Oña. Además, tradujo del francés las biografías de Washington y Franklin; escribió dos leyendas argentinas, una titulada Caycobé y otra Irupeya, y participó en “El Mercurio”, “El comercio de Valparaíso” y “La Tribuna” de Santiago. Para 1851 se encontraba en el Perú, donde colaboró en el “Comercio de Lima”.

Luego de 1852, volvió a Buenos Aires y el 25 de junio de ese año fue nombrado Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, cargo que ejerció durante dos meses y organizó el Departamento Topográfico, creó la cátedra de estadística en la Universidad y estableció el Consejo de Obras Públicas. El 11 de junio de 1852 se recibió de abogado.

Fue elegido diputado al Congreso Constituyente de 1852.

El 7 de marzo de 1854 fue nombrado por decreto Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina. Colaboró en “El constitucional” de Mendoza y en “La Ilustración Argentina”, fundó en Paraná “El nacional argentino” y, junto a Miguel Cané (padre), el periódico literario “La Brisa”. El 23 de febrero de 1856 fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores y Plenipotenciario para celebrar un tratado de amistad y comercio con el Ministro Plenipotenciario del Brasil y el 18 de agosto fue nombrado por decreto Agente Comercial en Buenos Aires.

El 1º de abril de 1861 fue nombrado Rector de la Universidad de Buenos Aires, donde permaneció por doce años hasta su jubilación por decreto del Gobernador del Estado de Buenos Aires. Instituyó el Departamento de Ciencias Exactas en 1865, introdujo innovaciones en la segunda enseñanza, proyectó la creación de la Facultad de Química y Farmacia como de las escuelas de agricultura, de comercio y de náutica, impulsó el estudio de las ciencias naturales junto a Hermann Burmeister y preparó un reglamento universitario y los programas de literatura de los colegios nacionales.

Escribió biografías, artículos de crítica literaria y estudios relacionados con la historia. Entre sus obras se destacan Pensamientos, máximas, sentencias (1859), Apuntes biográficos de escritores, oradores y hombres de Estado de la República Argentina (1860), Bibliografía de la primera imprenta de Buenos Aires desde su fundación hasta el año 1810 inclusive (1860), Estudios biográficos y críticos sobre algunos poetas sudamericanos anteriores al siglo XIX (1865). Composiciones selectas escritas por poetas sudamericanos modernos como antiguos (1866), Noticias históricas sobre el origen y desarrollo de la enseñanza pública superior en Buenos Aires (1868) y Poesías (1869). Fue codirector de la “Revista del Río de la Plata”, con Andrés Lamas y Vicente Fidel López, también escribió Diccionario de poetas americanos, La literatura de Mayo, La Sociedad literaria y sus obras, y los breves relatos El Capitán de Patricios y El hombre hormiga.

Falleció el 26 de febrero de 1878.

La Junta Nacional de Carnes fue creada por Ley 11.747/33, en reemplazo de la Comisión Nacional de Carnes creada anteriormente por el Poder Ejecutivo Nacional.
Hasta su desregulación por Decreto 2284/91, el organismo tuvo diferentes denominaciones y fue modificando sutilmente sus funciones que, sin embargo, no alteraron su misión primaria cual era la de verificar el cumplimiento de las leyes referidas al sector ganadero; establecer normas de clasificación y tipificación del ganado y carnes destinadas al consumo y a la exportación; instrumentar las medidas necesarias para publicitar las carnes argentinas en el exterior, aumentar el consumo y bajar los precios; crear los frigoríficos e instituciones comerciales e industriales que fueran necesarias y controlar la calidad, características y cantidad de carne destinada a la exportación y al consumo interno.
La Institución se integraba con representantes del Poder Ejecutivo Nacional, la Sociedad Rural Argentina, las Sociedades Rurales del Interior, frigoríficos, empresas industrializadoras y, a veces, por representantes del sector obrero.

La Junta Nacional de Granos funcionó con distintas denominaciones entre 1933 y 1991 y fue liquidada en 1995.
Fue creada como Junta Reguladora de Granos mediante Decreto 31.864/1933, dependiente del Ministerio de Agricultura.
Según el artículo 3º de ese Decreto, el organismo estaba encargado de comprar todo el trigo, lino o maíz que se le ofreciera a los precios básicos, y de venderlo a los exportadores, de acuerdo a los precios del mercado internacional. Dichos precios básicos serían establecidos por el Departamento de Agricultura. Así, se buscaba garantizar precios mínimos en un contexto internacional adverso, luego de la Gran Depresión. La implementación de este mecanismo se dio en el marco de un mayor proteccionismo del Estado, que propició la creación de una serie de instituciones tutelares de las actividades económicas como la Junta Nacional de Carnes o la Junta Reguladora del Vino.
Mediante el Decreto N° 3190/44 se creó la Junta Reguladora de la Producción Agrícola, en reemplazo de la Junta Reguladora de Granos.
Durante este período existieron otros organismos estrechamente relacionados con la Junta Reguladora de la Producción Agrícola que es necesario nombrar porque algunos años más tarde sus funciones se incorporarían a las de la entonces Junta Nacional de Granos. Se trata de: la Comisión Nacional de Granos y Elevadores (años 1935-1949, leyes 12.253 y 12.924, decreto 32.780/40,), la Dirección Nacional de Elevadores de Granos (años 1933-1935 y 1949-1954, leyes 11.742, 13.650, 13.892, decreto 20.019/53), y el Instituto Nacional de Granos (años 1954-1956, ley 14.378).
En 1946, la Junta Reguladora de la Producción Agrícola fue incorporada dentro del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) creado por Decreto-ley 15.350/1946, organismo que pasó a centralizar el comercio exterior. No se ha podido averiguar completamente cómo fue dicho traspaso, pero sí se ha constatado que en los considerandos del Decreto-ley 15.350/1946 se establecía que era necesario centralizar en un único instituto las funciones de determinadas juntas y comisiones mencionadas en el artículo 16 del Decreto Ley 8.503/46, entre las que se encontraban la Junta de Regulación de la Producción Agrícola y la Comisión Nacional de Granos y Elevadores.
También se ha constatado que al Instituto Nacional de Granos (creado en 1954) se le incorporó la Gerencia de Producción Agrícola del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, y que el ING debía ejercer por cuenta del IAPI el comercio de granos y sus productos en el mercado nacional e internacional.
El IAPI fue liquidado por Decreto/Ley 2539/1955. Al año siguiente se creó la Junta Nacional de Granos, mediante Decreto Ley Nº 19.697/56, como entidad autárquica. En ese decreto se indicaba que, entre otras funciones, la Junta ejercía aquellas establecidas en las Leyes 12.253 y 11.742 (relacionadas con la Comisión Nacional de Granos Y Elevadores y la Red General de Elevadores de Granos ya mencionadas), proponía al Poder Ejecutivo precios mínimos, y ejercía el “comercio de aquellos granos en cuya compraventa el Gobierno Nacional deba intervenir en defensa de la producción, como consecuencia de la aplicación de los precios mínimos, o cuando la regulación del mercado lo hiciere necesario, y comerciar los productos y subproductos oleaginosos cuando así se dispusiera”.
Por decreto Ley 6698/63 se dictó la ley orgánica de la Junta Nacional de Granos. Entre las funciones allí detalladas puede destacarse el control de todas las instituciones o entidades que intervinieran directa o indirectamente en el comercio interno o exterior de granos y sus subproductos; la autorización y el control del funcionamiento de todos los medios que se utilizaran en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos; la propuesta al Poder Ejecutivo de precios mínimos; el ejercicio del comercio interno y externo de granos y de productos y subproductos de la industria oleaginosa cuando el Poder Ejecutivo lo dispusiera; la fiscalización de la producción, comercio e industrialización, pesaje y/o embarque de granos; la elaboración de estadísticas; clasificación de los granos y expido de certificados de calidad y de depósito; la realización de tareas de divulgación y propaganda sobre la producción y el comercio de granos (incluyendo la creación del Museo Nacional de Granos), entre otras.
Por ley 20.573 del año 1973 se estableció que “la comercialización de la producción nacional de granos y otros productos agrícolas y sus productos y subproductos de la industrialización primaria, estará a cargo del Estado Nacional, cuando el Poder Ejecutivo lo disponga, con carácter exclusivo y excluyente a través de la Junta Nacional de Granos”. Por ley 21.288 de 1976 se derogó esa normativa, reestableciendo el ya citado Decreto Ley 6698/63.
En 1989 se dictaron las leyes 23.697 -que declaró la emergencia económica- y 23.696 -que puso en marcha la Reforma del Estado-, que enmarcan legalmente al Decreto 2284/91. Este Decreto determinó, entre otras cosas, la desregulación en algunas áreas donde el Estado tenía particular ingerencia. Entre los organismos desregulados se encontraba la Junta Nacional de Granos porque su actividad resultaba incompatible con el espíritu de la Reforma en curso, transfiriéndose algunas de sus funciones a la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca.
Finalmente, por Resolución N° 356/95 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos se dio por concluida su liquidación.

El Gobierno provisional surgido del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 se dio como tarea la investigación de las posibles irregularidades producidas durante la gestión de los dos primeros gobiernos de Juan D. Perón, para la cual creó por Decreto–ley 479/55 la Comisión Nacional de Investigaciones.
Esta Comisión dependía directamente de la Vicepresidencia de la Nación, tenía amplias atribuciones para llevar adelante sus procedimientos, pudiendo crear comisiones específicas para investigar las distintas dependencias de la administración o, incluso, personajes renombrados ligados al Gobierno peronista. Asimismo, podían intervenir en jurisdicciones provinciales y municipales, coordinando con las autoridades correspondientes sus trabajos; los interventores federales, para terminar, debían crear Comisiones provinciales que reportarían sus conclusiones a la Nacional.
Por otro lado, por Decreto–ley 5.148/55 se creó la Junta de Recuperación Patrimonial, a los efectos de “restituir a la Nación los bienes materiales e inmateriales” de los que hubiera sido desposeída por la anterior Administración. Se dictó un acto de interdicción masivo sobre personas y empresas ligadas al gobierno precedente, debiendo ellos justificar el incremento de su patrimonio desde el 4 de junio de 1943: el listado podía ser ampliado por la Junta una vez en funciones.
Según estableció el Decreto–ley 2.603/55, antes “de decidir la situación de cada sociedad o persona interdicta” la Junta debía dar vista a la Comisión Nacional de Investigaciones a los efectos de que ésta suministrara los “elementos de juicio” para resolver la situación. Resoluciones que, conforme al Decreto-ley Nº 5.148/55, podían apelarse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, razón por la cual parte del material puede hallarse incorporado a causas gestionadas en ese fuero.
Finalmente, por Decreto–ley 6.134/56 y “visto lo propuesto por la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial” se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que “seleccione y amplíe los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles” interdictas por la Junta, representando a los intereses del Estado ante la Junta de Recuperación Patrimonial.
La Fiscalía, dado el Decreto–ley 6.132/56 que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones se transformó en la depositaria del material producido por esa Comisión y, eventualmente, en la continuadora de las funciones de investigación de la misma. Funciones que, luego de varios reordenamientos técnico – administrativos, llevaría adelante hasta el año 1958.
El tercer organismo que se relaciona con el funcionamiento institucional de la Fiscalía de Recuperación Patrimonial al que debemos hacer mención es la Comisión Liquidadora creada por Decreto–ley 8.124/57 cuya función principal era la de concretar en forma inmediata la transferencia de los bienes enajenados en pública subasta, licitaciones públicas y privadas mediante Decreto-Ley 19.980/56 a los interdictos en virtud de sentencia firme de la Junta de Recuperación Patrimonial en cuyo accionar, la Fiscalía representaba al Estado.
La Comisión Nacional de Investigaciones, la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial y la Fiscalía Nacional de Recuperación Nacional cesaron su accionar en 1967. En tanto que la Comisión Liquidadora finalizaba sus actividades por el Decreto presidencial Nº 8.285/67. Sus funciones y, en consecuencia, las residuales de los otros tres entes para las cuestiones pendientes ante la justicia, pasaron a ser ejercidas por la Secretaría General de la Presidencia.

Justo José Faustino de Urquiza nació el 18 de octubre de 1801 en el Talar del Arroyo Largo, provincia de Entre Ríos. Hijo del comandante de milicias José Narciso de Urquiza y Álzaga, y de María Cándida García González. Estudió en el Colegio de San Carlos en Buenos Aires y, en 1819, retornó a su provincia natal para dedicarse al comercio.

En 1821, inició su carrera militar como subteniente en la Compañía de Cívicos de Concepción del Uruguay. En 1826 se incorporó como diputado en la Legislatura de su provincia, desde donde adhirió al partido federal y se opuso a la Constitución sancionada aquel año en Buenos Aires.

Fue ascendido a coronel mayor de línea de las fuerzas de Entre Ríos en 1837, y desde este grado militar secundó al Gobernador Pascual Echagüe en los enfrentamientos contra las fuerzas correntinas en la batalla de Pago Largo (31 de marzo de 1839), y los unitarios argentinos y colorados orientales en la batalla de Cagancha (29 de diciembre de 1839). A pesar del revés en este último combate y el retroceso forzado, Urquiza intervino en la campaña contra el ejército correntino liderado por Lavalle en el combate de Sauce Grande (16 de julio de 1840).

Urquiza fue proclamado Gobernador y Capitán General de Entre Ríos en 1842 y, salvo un breve período, se mantuvo en dicho cargo hasta su asesinato en 1870. Su llegada al gobierno se produjo durante la invasión de José María Paz a Paraná, mientras que el presidente uruguayo Fructuoso Rivera ocupaba Concepción del Uruguay. Urquiza logró trasladarse a Buenos Aires en busca de refugio y apoyo. Tras la victoria en la Batalla de Arroyo Grande el 6 de diciembre de 1842, el gobernador retomó el control de su provincia y ocupó Corrientes por un breve tiempo.

En 1851, Urquiza declaró públicamente que era voluntad de su provincia reasumir las facultades de las relaciones Exteriores de la Confederación Argentina así como la dirección de la guerra. Recibió los apoyos de Corrientes, Uruguay, los unitarios emigrados y el Imperio del Brasil. El 3 de febrero de 1852 luego de su triunfo en la batalla de Caseros asumió dichas facultades de hecho. El 31 de mayo de 1852 se celebró el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos entre los gobernadores de la Confederación y en su artículo 18 nombraron a Urquiza como Director Provisorio de la Confederación Argentina. Urquiza y Salvador María del Carril fueron electos como Presidente y Vice Presidente de la Confederación Argentina el 20 de febrero de 1854 por un decreto del Soberano Congreso General Constituyente de la Confederación Argentina respectivamente y se asentaron en Paraná, declarada capital de la Confederación tras la federalización de Entre Ríos. La fórmula tomó posesión del cargo el 5 de marzo.

El 23 de octubre de 1959, Buenos Aires fue derrotada en el enfrentamiento militar en Cepeda y el 11 de noviembre se firmó el Pacto de San José de Flores, por el cual la provincia debía reintegrarse a la Confederación. Sin embargo, un nuevo conflicto armado tuvo lugar sobre el Arroyo de Pavón el 17 de septiembre de 1861 que culminó con la victoria porteña y el fin de la Confederación argentina. No obstante, Urquiza mantuvo la autonomía de gobierno en Entre Ríos y su cargo de Gobernador. En 1868, Urquiza se presentó nuevamente como candidato a la Presidencia de la Nación, pero fue derrotado por Domingo Faustino Sarmiento.

El 11 de abril de 1870, Urquiza fue asesinado por un grupo armado que irrumpió en su residencia, el Palacio San José.

Justo Santa María de Oro y Albarracín nació en San Juan el 3 de setiembre de 1772. Era hijo de Juan Miguel de Oro Bustamante y Cossio y de Elena Albarracín Ladrón de Guevara y tuvo dos hermanos, José Antonio de Oro, administrador de la Real Hacienda de San Juan, y el presbítero José de Oro, que cruzó los Andes con José de San Martín y fue capellán del Ejército Libertador. Justo ingresó a los 17 años en la Orden de los Dominicos radicada en Chile. Estudió en la Universidad de San Felipe Neri y egresó como doctor en sagrada teología y cánones a los 20 años. En 1794 fue ordenado sacerdote.

En 1809 emprendió un viaje a Roma, donde obtuvo un Breve que determinaba la anexión a Buenos Aires de los conventos de Cuyo, que en ese momento dependían de Chile donde desarrolló su labor pastoral durante más de veinte años, como la fundación de colegios eclesiásticos, hasta que regresó a su provincia en 1814. Allí colaboró con José de San Martín en la formación y equipamiento del Ejército de los Andes.

En 1816 fue diputado por San Juan en el Soberano Congreso Nacional que se reunió en Tucumán. Renunció al órgano legislativo cuando, al año siguiente, el cuerpo se trasladó a Buenos Aires.

En 1818 fue deportado a Chile y se convirtió en el superior de su Orden. En 1825 fue acusado de conspirar a favor de Bernardo de O’Higgins y en contra del nuevo comandante en jefe del ejército Ramón Freire. Estuvo prisionero tres años en la isla de Juan Fernández, hasta que las gestiones argentinas le posibilitaron su retorno al Obispado de Cuyo. El 15 de diciembre de 1828 fue proclamado obispo de Tanmuco in partibus infidelium y, siete días después, el Papa León XII lo nombró Vicario Apostólico de Cuyo.

En San Juan construyó la Catedral, mejoró las escuelas religiosas y fundó un centro educativo exclusivo para mujeres. En 1834 se convirtió en el primer obispo de la recientemente creada Diócesis de Cuyo.

Falleció en San Juan el 19 de octubre de 1836.

En la etapa inicial del diario, los principales accionistas fueron Jacobo Timerman, Jorge Rotemberg y David Gravier a través de su grupo financiero. Timerman, quien actuó como su director periodístico, planteaba que la filosofía del diario era la de ser selectivo ya que buscaba tratar temas “fundamentales” en profundidad, según señalaba la publicidad de lanzamiento. Su eslogan era “El diario de la inmensa minoría”. Según testimonios de periodistas que formaban parte de su staff, el diario apuntaba a un lector joven sin prejuicios que tuviese poder de decisión y opinión propia. Quienes investigan y analizan los medios de comunicación en Argentina - como Carlos Ulanovsky o Susana Carnevale, por ejemplo- coinciden en que la posición ideológica de La Opinión podría sintetizarse como de centro en lo referente a la política, de izquierdas en lo cultural y conservadora o de derechas en lo económico.
La posición política de Timerman y, por consecuencia, del diario era ser antiperonista. Esta postura implicó recibir una serie de ataques gubernamentales de distinta índole en el período de gobierno que abarcó los años de 1973 a 1976. Durante el mandato de la presidenta Isabel Martínez de Perón la emisión del periódico fue suspendida durante 10 días (decreto del 13/02/1976), las afirmaciones en la sección política siempre eran desmentidas de manera oficial, se hacían circular versiones sobre que el diario respondía a diversos intereses ideológicos que iban desde una posición izquierdista que buscaba apoyar a la Unión Soviética hasta una liberal a favor de los Estados Unidos, en el plano económico, el gobierno retiró la publicación de los avisos oficiales y, en lo profesional, se presionaba a sus periodistas para que informasen públicamente quiénes eran sus fuentes.
El periódico se publicaba de martes a sábado con 24 páginas y los domingos con 48 págs. cuando aparecía su suplemento cultural. Su formato siempre fue tabloide. La bibliografía suele mencionar que era un diario sin fotografías, pero sí con ilustraciones y caricaturas del artista Hermenegildo Sábat. Sin embargo, en este Archivo General de la Nación, se encuentra un grupo de fotografías pertenecientes al fondo documental El Cronista Comercial (AR-AGN-ECC01) que fueron creadas por La Opinión como indican sus sellos. Las fechas extremas de estas fotografías corresponden a la etapa en la que el diario había sido intervenido por el gobierno militar denominado “Proceso de reorganización nacional”, 1979-1980.
En lo que respecta a su organización, el diario estaba pensando en secciones: Política Nacional, Política Internacional, Economía y Cultura. Las fuentes señalan que la publicación no tenía suplemento de avisos clasificados pero si varias secciones como ser “Industria y tecnología”, “Náutica”, “Economía”, “Audio”, “Arquitectura y urbanismo” y “Automotores”. Su principal característica fue que los artículos llevaban la firma del periodista y que buscaba que el lector se reconociera en el periodista que escribía la nota. Como su nombre lo señala, la gran relevancia de La Opinión radicaba en el análisis de autor que se llevaba a cabo sobre las noticias más que la búsqueda de publicar primicias o un vasto número de noticias. El suplemento cultural trataba temas “no tradicionales” para su época, como ser el radioteatro, las historietas, notas sobre rock y análisis sobre personas del cine o del deporte aún no tan conocidas.
Ya bajo la dictadura militar que comenzó en marzo de 1976, La Opinión tomó como postura oponerse a las acciones del terrorismo de Estado. Así es como en noviembre de ese año, publicó la lista de temas sobre los que el gobierno no permitía informar: hechos subversivos, bajas en las Fuerzas Armadas o acciones de la policía. También fue uno de los primeros diarios que comenzaron a publicar los habeas corpus sobre los desaparecidos. Como consecuencia de su postura, el gobierno a través del decreto 210/77 prohibió la circulación del diario los días 29 y 30 de enero y secuestró de la calle la revista La Opinión de esa semana. Finalmente, en ese mismo año de 1977, el diario fue intervenido militarmente y el gobierno designó al general de brigada José Teófilo Gayret como su interventor. Ese mismo año desapareció Edgardo Sajón, el director técnico del diario y el 17 de abril fue secuestrado el director Jacobo Timmerman quien recobró su libertad dos años después, en septiembre de 1979, para ser expulsado del país en ese mismo mes. Sajón continúa desaparecido.
Luego de la intervención militar, los activos y los pasivos económicos del diario terminaron bajo la órbita de dos diarios de provincia: “El Sol” de La Rioja y “El Sol” de Catamarca. Durante los primeros años de existencia el diario funcionaba en un edificio de la calle Reconquista 585, Ciudad de Buenos Aires. Luego sus oficinas mudaron a la calle Lafayette 1910, Ciudad de Buenos Aires. Estas mismas son las que el Estado entregó a través de un decreto a la editorial Dos de Abril, una sociedad conformada por el grupo Bridas de Carlos Bulgheroni, los empresarios Carlos y Tomás Leonhardt y el periodista Raúl Burzaco. El 17 de noviembre de 1982 esta empresa lanzó el diario Tiempo Argentino cuyas oficinas funcionaron en ese mismo edificio de Lafayette.

Diario creado por Jacobo Timerman cuyo primer ejemplar salió a la venta en marzo de 1976 pocos días antes del golpe de estado que derrocó la Presidencia de Isabel Martínez de Perón producido el 24 de marzo. La línea editorial del periódico era favorable a la acción militar. Se caracterizó por títulos impactantes, grandes fotografías y poco texto. Su director fue Héctor Timerman y su director periodístico Luis Clur. El periodista Mempo Giardinelli también formó parte de su staff en las oficinas de la calle Lafayette 1910, Ciudad de Buenos Aires.
La fecha de su última aparición no está debidamente registrada en las fuentes informativas consultadas. H. Timerman sostiene que el último número fue en julio de 1976 y el diario Clarín habla de agosto del mismo año.

La Lochiel Sheep Farming Company se estableció en 1897 en el entonces territorio Nacional de Chubut, cerca de lo que hoy es la localidad de Camarones.
Se trataba de una empresa dedicada a la producción y comercialización lanera, que también desarrolló otras actividades complementarias, como la agricultura o la venta de animales en pie.
Originalmente, la empresa fue propiedad de sus fundadores, los hermanos Cameron, escoceses procedentes de Malvinas. Luego, se convirtió en una sociedad anónima con acciones, cuyo Directorio se ubicaba en Londres. Mientras tanto, la estancia era regida por un administrador y en Buenos Aires funcionaba una Agencia de representantes a cargo de las compras, las contrataciones de mano de obra y las relaciones con el gobierno.
La Lochiel Sheep Farming Company fue vendida en el año 1973. Desde entonces pasó a denominarse La Pradera S.A., empresa que continúa funcionando hasta la actualidad.