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Justo Santa María de Oro y Albarracín nació en San Juan el 3 de setiembre de 1772. Era hijo de Juan Miguel de Oro Bustamante y Cossio y de Elena Albarracín Ladrón de Guevara y tuvo dos hermanos, José Antonio de Oro, administrador de la Real Hacienda de San Juan, y el presbítero José de Oro, que cruzó los Andes con José de San Martín y fue capellán del Ejército Libertador. Justo ingresó a los 17 años en la Orden de los Dominicos radicada en Chile. Estudió en la Universidad de San Felipe Neri y egresó como doctor en sagrada teología y cánones a los 20 años. En 1794 fue ordenado sacerdote.

En 1809 emprendió un viaje a Roma, donde obtuvo un Breve que determinaba la anexión a Buenos Aires de los conventos de Cuyo, que en ese momento dependían de Chile donde desarrolló su labor pastoral durante más de veinte años, como la fundación de colegios eclesiásticos, hasta que regresó a su provincia en 1814. Allí colaboró con José de San Martín en la formación y equipamiento del Ejército de los Andes.

En 1816 fue diputado por San Juan en el Soberano Congreso Nacional que se reunió en Tucumán. Renunció al órgano legislativo cuando, al año siguiente, el cuerpo se trasladó a Buenos Aires.

En 1818 fue deportado a Chile y se convirtió en el superior de su Orden. En 1825 fue acusado de conspirar a favor de Bernardo de O’Higgins y en contra del nuevo comandante en jefe del ejército Ramón Freire. Estuvo prisionero tres años en la isla de Juan Fernández, hasta que las gestiones argentinas le posibilitaron su retorno al Obispado de Cuyo. El 15 de diciembre de 1828 fue proclamado obispo de Tanmuco in partibus infidelium y, siete días después, el Papa León XII lo nombró Vicario Apostólico de Cuyo.

En San Juan construyó la Catedral, mejoró las escuelas religiosas y fundó un centro educativo exclusivo para mujeres. En 1834 se convirtió en el primer obispo de la recientemente creada Diócesis de Cuyo.

Falleció en San Juan el 19 de octubre de 1836.

El médico higienista Luis Tamini nació el 8 de junio de 1814 en Mergozzo, Piamonte, Reino de Cerdeña (actual Italia). Se casó con Francisca Sandri con quien tuvo 9 hijos: Luisa Josefa Tamini Sandri, Josefa Evarista Tamini Sandri, Carlos Cirilo Tamini Sandri, Francisco Alejo Tamini Sandri, Rosario Tamini Sandri, Luis Tamini Sandri, Maria Tamini Sandri, Marta Tamini Sandri y Ernestina Tamini Sandri.

En 1838 Tamini se recibió de médico por la Universidad de Buenos Aires con una tesis titulada “Disertación sobre la sífilis o enfermedades sifilíticas”. En ese mismo año se radicó en Córdoba y obtuvo del Tribunal de Medicina de Buenos Aires la autorización para ejercer su profesión. Ocupó allí el cargo de protomédico desde 1843 hasta por lo menos 1857, fecha en la que se estableció en San Juan.

Durante la presidencia de Julio A. Roca, el 21 de octubre de 1878 el Departamento de Marina nombró a Tamini como especialista parte de la comisión médica para tratar las consideraciones respecto a la salubridad pública en relación a la fiebre amarilla. De dicha comisión también formaron parte los médicos Nicolás Albarellos, Pedro Pardo, José Bosch, Manuel P. de Peralta, Cleto Aguirre, Leopoldo Montes de Oca, Manuel Arauz, Pedro Mallo, Eleodoro Damianovich, Eduardo Wilde, Bartolomé Novaro, Ignacio Pirovano y Manuel Blancas.

Por decreto del 12 de marzo de 1889 Tamini fue nombrado parte del Consejo de la Administración del Banco de Italia y Río de la Plata S.A.

Falleció en Londres en el 16 de junio de 1897.

La familia Vernet es de origen hamburgués y francés. Vivió en la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en Río de Janeiro y fue la primera en habitar las Islas Malvinas. Se dedicaron al comercio y a la gestión pública.
Louis Elie Vernet (Luis Vernet) nació en Hamburgo el 6 de marzo de 1791. Era hijo de Jacques Vernet y María Vernet y tenía tres hermanos: Peter Alexander, Emilio y Federico. Vernet vivió ocho años, desde sus 14, en Filadelfia, donde trabajó en la industria química para Buck & Frumbhaar. Después de realizar varios viajes como sobrecargo entre Brasil, Portugal y su ciudad natal, en 1817 se radicó como comerciante en Buenos Aires.
El 17 de agosto de 1819 Vernet se casó con la uruguaya María Sáez Pérez con quien tuvo ocho hijos: Luis Emilio (1822), María Luisa (1823), María Francisca Sofia Petrona (1828), Matilde "Malvina" (1830), Carlos (1834), Gustavo Adolfo (1835), Federico Francisco (1838) y Adelina Urbana (1844).
Más tarde, la familia se estableció en una estancia unos 100 kilómetros al sur de Buenos Aires sobre el Río Salado. Al año siguiente, por Decreto del 10 de junio de 1829, se creó la Comandancia Política y Militar en las Islas Malvinas y Vernet fue nombrado Comandante Político y Militar por lo que se trasladó a la isla Soledad con su esposa y sus hijos Emilio, Luisa y Sofía. Más tarde, en 1830, nació Malvina Vernet y Sáez, la primera persona de la que se tenga registro en nacer en las Islas.
El 19 de noviembre de 1832 la familia Vernet abandonó las islas para vivir en Río de Janeiro, más tarde, en la Ciudad de Buenos Aires hasta mudarse definitivamente a San Isidro.
El 31 de agosto de 1831 se produjo la incursión y destrucción de la colonia malvinense por parte de la corbeta de guerra USS Lexington, de la Armada de los Estados Unidos, al mando del capitán militar Silas Duncan y de las goletas norteamericanas “Harriet”, “Breakwater” y “Superior”. Por esta causa, Luis Vernet comenzó un proceso de reclamos y demandas al Gobierno de Estados Unidos, continuado por sus hijos luego de su fallecimiento el 17 de enero de 1871.
El 8 de octubre de 1887 el presidente Miguel Ángel Juárez Celman, a través de la sanción de la Ley N° 2134, se les concede a los herederos de Luis Vernet veinte leguas en la provincia de Chaco como indemnización de la Isla de los Estados.
El 28 de noviembre de 1911, por decreto del presidente Roque Sáenz Peña y del Ministerio de Agricultura, se cede a la familia Vernet tierras de la provincia de Formosa para la fundación de colonias agrícolas, como parte de la sucesión de Luis Vernet.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 32 "Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" estaba compuesta por un presidente y nueve vocales. Su trabajo se concentró en el análisis de las obras públicas desarrolladas, con respecto a las cuales se llama la atención sobre la ausencia de datos oficiales en varios casos, así como en el estudio de la validez de las concesiones de servicios eléctricos a la Compañía Argentina de Electricidad (CADE) y la Compañía Italo-Argentina de Electricidad (CIAE), sobre lo cual se observa el extravío del informe elevado al Poder Ejecutivo Nacional por la Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto N° 4910/43), juzgado de gran importancia para la pesquisa.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 33 "Dirección de Aduana y Contrabando" estaba integrada por un presidente, un secretario y dos vocales. Sucedió a una comisión anterior de corta duración que, según las autoridades de la nueva organización, prácticamente no habían realizado avances. Se investigaron irregularidades relacionadas con contrabando aéreo y marítimo, importaciones efectuadas indebidamente, retiro de mercaderías sin documentar y sin pago de derechos. Las responsabilidades determinadas por la Comisión se remiten en primera instancia al mismo Presidente de la Nación y sus colaboradores más cercanos, continuando con numerosos funcionarios del Poder Ejecutivo de alto nivel (ministros y secretarios), así como los correspondientes al área de Aduanas, oficiales de las fuerzas armadas, todos ellos en un marco general de "descomposición administrativa" respecto de la observancia de las normas y cumplimiento de los controles.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 35 "F.O.C.A.S.A. y Ley N° 14122" estaba integrada por un presidente y cinco vocales. Se avocó a la investigación de la liquidación de las sociedades del Grupo Bemberg dispuesta por la ley mencionada, junto con sus antecedentes, con el fin de demostrar que el gobierno vigente al momento había fraguado un plan para perjudicar a la familia Bemberg, subordinando y manipulando para ello al Poder Judicial. El proceso habría sido ejecutado por un consejo integrado por el Ministro de Asuntos Políticos, Román Subiza, los presidentes de los Partidos Peronistas Masculino y Femenino, Sr. Teisaire y Sra. de Parodi, y el Secretario General de la Confederación General del Trabajo. Los principales beneficiarios del plan habrían sido la Fundación Eva Perón y la Federación de Obreros Cerveceros y Afines. En el caso de los segundos, el beneficio iba a ver la entrega de las distintas fábricas del Grupo Bemberg correspondientes a la rama y en proceso de liquidación, promesa que no se concretó.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 39 "Ex - Fundación Eva Perón / Instituto Nacional de Ación Social" fue creada con el objeto de investigar las posibles irregularidades cometidas por intermedio de la Fundación Eva Perón. Estaba integrada por un Presidente, un Secretario, dos vocales y dos subcomisiones: Compras y Suministros del Estado. Se señaló por sobre todo la discresionalidad en el manejo de fondos públicos que habilitaba el entramado legal bajo el cual funcionaba la entidad, de status formalmente privado a pesar de su estrecha relación con el sector público, la intromisión en actividades que correspondían a ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, adquisiciones excesivas o indebidas, dotación de personal desmedida, préstamos indebidos, desvío y malversación de fondos.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 40 "Organismos dependientes hasta el 16/09/55 de Presidencia de la Nación" fue creada para investigar presuntas irregularidades producidas en organismos del área de la Presidencia de la Nación. Estuvo integrada por un presidente y tres vocales. En 1956 la Comisión Investigadora N° 31, encargada de actuar en lo que involucraba a la Ex – Secretaría de Asuntos Técnicos absorbió también las tareas de la Comisión N° 40.