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El primer antecedente de la institución se remonta al Decreto sancionado el 27 de abril de 1923 el cual estableció que la Inspección General de Justicia dependería del Ministerio de Justicia y asesoraría al mismo en los asuntos que, según la Ley N° 3.727 sancionada en 1898, correspondiesen a la sección Justicia. Junto a ello fijó las funciones de la institución otorgándole las de: intervenir en la creación y funcionamiento de las asociaciones civiles con personería jurídica y sociedades anónimas constituidas en la Capital Federal o en los Territorios Nacionales, así como aquellas que fueron constituidas en un país extranjero y que ejercen su principal comercio en la República o establecieron en ellas sucursales o cualquier tipo de representación. También estableció que intervendría en las sociedades que se formasen para explotar concesiones otorgadas por autoridades nacionales, provinciales o municipales. Otorgó además la funciones de inspeccionar y vigilar las cárceles y establecimientos correccionales de la Nación, los juzgados de paz y las oficinas de registro civil de los territorios nacionales; la de desempeñar las comisiones e investigaciones que el Ministerio de Justicia le encomiende, y la de presentar proyectos de reforma sobre las leyes, decretos e instituciones del ramo de su injerencia.
En lo referido a la intervención de la Inspección General de Justicia sobre las sociedades, actuaban como complemento del Decreto de 1923, las leyes N° 5.125 y N° 6.788 y también los artículos 318, 342, 354, 368, 528 del Código de Comercio en vigencia al momento de sanción de la ley. En lo que respecta a la inspección y vigilancia de los juzgados de paz y oficinas de registro civil de los territorios nacionales, es complementario el decreto la Ley N° 1.565. En lo relativo a la función de inspección y vigilancia de las cárceles y establecimientos correccionales, en el año 1933 se sancionó la Ley N° 11.833 mediante la cual se creó la Dirección General de Institutos Penales y dispuso que la misma tendría a su cargo todos los institutos penales de la Nación, ello se complementó con el Decreto N° 35.758 del 14 de noviembre de 1947 que reglamentaba la citada ley y disponía que la Dirección General de Institutos Penales tendría a su cargo de manera exclusiva todos los establecimientos de jurisdicción nacional destinados al alojamiento de encausados o de condenados a penas y/o medidas de seguridad, así como los que se crearen o incorporen de conformidad con la ley 11.833 y quedó bajo la dependencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. De esa manera si bien la función continuó bajo la órbita del Ministerio de Justicia dejó de estar a cargo y ser ejercida por la Inspección General de Justicia.
Mediante la sanción de la ley 13.529 de 1949 se efectuó una reforma ministerial dentro de la cual el Ministerio de Justicia se mantuvo como tal pero dejó de tener entre sus funciones la de instrucción pública que pasó a ser ejercida por el Ministerio de Educación. En lo referido a las funciones que competían a la Inspección General de Justicia, las mismas se reglamentaban mediante el Decreto N° 7.112 sancionado en el año 1952. El mencionado decreto dispuso que la institución entendería en los asuntos enunciados en el inciso 7° que establecía como función la concesión y retiro de la personería jurídica y vigilancia sobre el funcionamiento de las personas de existencia ideal y el inciso 8° que ordenaba la organización y fiscalización del registro del estado civil en lo que a la Nación corresponde; del artículo 15 de la ley 13.529/49. A ello se agregó en el artículo 16 del citado Decreto que la Dirección de Mutualidades, dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión, pasaría a depender con todo su personal y bienes, como Sección de la Inspección General de Justicia y se denominará “Sección Mutualidades”. Es así que el decreto le agregó una nueva función a la institución. La dependencia de la Dirección General de Mutualidades a la Inspección General de Justicia concluyó mediante Decreto N° 19.792 de 1953 que entre sus considerandos señalaba que el Decreto N° 7.112/52 no se había cumplido por cuanto la Dirección de Mutualidades había continuado sin interrupción dependiendo del Ministerio de Trabajo y Previsión; ejerciendo todas las funciones que le acordaba el decreto de su creación ratificado por la Ley N° 12.921. Es por tales considerandos que el Decreto N° 19.792 dejó sin efecto el inciso c) del artículo 1 y el artículo 16 del Decreto N° 7.112.
En el año 1961 se efectuó un nuevo cambio en las funciones de la Inspección General de Justicia a partir de la sanción del Decreto N° 6.571 de modificación de la estructura orgánica de la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. En dicha estructura se especificó que la institución era la encargada de controlar los actos de entidades con personería jurídica e intervenir en la constitución y organización de las mismas, se hallaba a cargo de un Inspector General que era responsable directo ante la Subsecretaría de Justicia y, en caso de ausencia, era reemplazado por el Subinspector General de Justicia. También estableció que dependían de ella los departamentos: Sociedades Anónimas, Asociaciones Civiles, Contable Especial y Contable General y la División Administrativa. Puede observarse que entre sus funciones ya no se encuentra la organización y fiscalización del registro del estado civil en lo que a la Nación corresponde, por lo que se infiere que la institución dejo de tener dicha función, aunque no fue posible establecer con precisión, en la legislación, el momento en que ello ocurrió.
Posteriormente a los cambios referidos, a partir de la sanción de la Ley N° 18.805 de 1970 la Inspección General de Justicia dejó de existir como tal y se creó la Inspección General de Personas Jurídicas que también dependía, al igual que su antecesora, de la Secretaría de Justicia. Las misiones establecidas por la ley para la Inspección General de Personas Jurídicas eran: intervenir en la creación, funcionamiento, disolución y liquidación, en jurisdicción nacional de las sociedades por acciones, de los fondos comunes de inversión de las asociaciones civiles y de las fundaciones, y fiscalizar en todo el territorio de la República las operaciones de capitalización y ahorro. De acuerdo a la nota al Poder Ejecutivo que acompañara al proyecto de ley, el espíritu de la misma era otorgarle a la institución un régimen legal que le permita seguir desarrollando las funciones técnicas que le son propias, adaptándose al creciente número y a las nuevas modalidades operativas de las entidades que debe fiscalizar. La citada ley fue reglamentada por el Decreto N° 2.293 de 1971 que determinaba que la Inspección General de Personas Jurídicas ejercía las facultades de fiscalización que resultaban atribuidas al Poder Ejecutivo Nacional por el Código Civil, el Código de Comercio, su legislación complementaria por leyes especiales y por la Ley 18.805. A ello agregaba que a tal efecto, la institución dictaría las reglamentaciones y resoluciones internas que fueran necesarias para el cumplimiento de tales funciones ajustadas a lo dispuesto por la Ley 18.805 y el propio Decreto 2.293.
La Inspección General de Personas Jurídicas estuvo en vigencia hasta la sanción de la Ley N° 22.315 de 1980 mediante la cual se la sustituyó y volvió a convertirse en Inspección General de Justicia, la cual dependía por la ley del Ministerio de Justicia de la Nación. La ley establecía como ámbito de competencia de la institución la Capital Federal y Territorios Nacionales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud. En lo que respecta a la competencia de la institución determinaba que: la Inspección General de Justicia tenía a su cargo las funciones atribuidas por la legislación pertinente al Registro Público de Comercio, y la fiscalización de las sociedades por acciones excepto la de las sometidas a la Comisión Nacional de Valores, de las constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual en el país de actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente, de las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro, de las asociaciones civiles y de las fundaciones. A ello se agregaban las funciones registrales que eran: organizar y llevar el Registro Público de Comercio; inscribir en la matrícula a los comerciantes y auxiliares de comercio y toma razón de los actos y documentos que corresponda según la legislación comercial; inscribir los contratos de sociedad comercial y sus modificaciones y la disolución y liquidación de ésta. Se inscribían en forma automática las modificaciones de los estatutos, disolución y liquidación de sociedades sometidas a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores; llevar el Registro Nacional de Sociedades por Acciones; llevar el Registro Nacional de Sociedades Extranjeras; llevar los registros nacionales de asociaciones y de fundaciones. En lo que respecta a las funciones de fiscalización establecía que tenía las siguientes facultades: requerir información y todo documento que estime necesario; realizar investigaciones e inspecciones a cuyo efecto podrá examinar los libros y documentos de las sociedades, pedir informes a sus autoridades, responsables, personal y a terceros; recibir y sustanciar denuncias de los interesados que promuevan el ejercicio de sus funciones de fiscalización; formular denuncias ante las autoridades judiciales, administrativas y policiales, cuando los hechos en que conociera puedan dar lugar al ejercicio de la acción pública. Asimismo, podía solicitar en forma directa a los agentes fiscales el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes, en los casos de violación o incumplimiento de las disposiciones en las que esté interesado el orden público; hacer cumplir sus decisiones, a cuyo efecto podía requerir al juez civil o comercial competente: a) el auxilio de la fuerza pública; b) el allanamiento de domicilios y la clausura de locales; c) el secuestro de libros y documentación; d) declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización, cuando sean contrarios a la ley, al estatuto o a los reglamentos.
La mencionada ley fue reglamentada por Decreto N° 1493 de 1982 y complementada por Resolución General N° 6 de 1980 de la propia Inspección General de Justicia que establecía las Normas Generales de la institución que entrarían en vigencia junto con la ley 22.315/80.
En lo que respecta a la dependencia del Registro Público de Comercio a la Inspección General de Justicia, actuaba como complemento de la citada ley, la Ley N° 22.316 que establecía que las funciones del Registro estaban a cargo, a partir de la sanción de dicha ley. La nota que acompañaba a la nueva ley de la Inspección General de Justicia, informaba que el objetivo de la misma era unificar los controles estatales por los que debían pasar las diferentes sociedades, evitando la superposición de órganos y trámites para su cumplimiento. Por tal motivo fue que se puso a cargo de la institución las funciones atribuidas por la legislación al Registro Público de Comercio. A ello agregaba la importancia de que a partir de la citada ley se ponía a cargo de la Inspección la función registral sobre el resto de las sociedades comerciales aunque no fueran por acciones, sobre los comerciantes individuales y auxiliares de comercio así como con relación a sus actos y documentos.

El antecedente de Industrias Mecánicas del Estado es la creación, por Decreto N° 11822/43, del Instituto Aerotécnico del Ministerio de Aeronáutica. El satisfactorio cumplimiento de los objetivos planteados en dicha norma fue considerado para conferirle una estructura más acorde con sus funciones de desarrollo industrial y de investigación. En consecuencia, por Decreto N° 6191/52 se constituyó Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME), como empresa del Estado bajo los preceptos de la Ley N° 13653, sobre la base del Instituto Aeronáutico y dependiente del Ministerio de Aeronáutica. La nueva empresa tenía a su cargo tareas de investigación, estudio, proyecto, construcción, fabricación, reparación, comercialización y distribución de productos utilizados o a utilizar por la aeronáutica nacional, tanto en sus aspectos civil y comercial como militar, así como aquellas actividades mecánicas vinculadas directa o indirectamente con su potencia fabril y que constituyen un aporte al desarrollo de la economía nacional; además, debía establecer coordinar, fomentar y promover tanto la instalación de industrias relacionadas con su objeto, como la producción de materias primas utilizables en los procesos industriales a su cargo. La administración de la institución correría por cuenta de un directorio presidido por el Ministro de Aeronáutica e integrado por cinco vocales designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del citado Ministerio; el gobierno, administración y explotación de los organismos integrantes de IAME se realizaría mediante administradores generales designados de la misma forma. El Decreto N° 7915/52 aprobó el estatuto de la empresa y el N° 16230/53 le otorga representación en la Comisión Nacional de Radicación de Industrias.
Tras el golpe de Estado de 1955, el gobierno de facto decide reorganizar IAME con el fin de fortalecer como su finalidad principal la defensa nacional. En este sentido, el Decreto-Ley N° 766/57 derogó el N° 6191/52, creando la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas (DINFIA), con las mismas funciones y dependencia orgánica, aunque cambiando su estructura, ahora integrada por un directorio de 8 miembros, cuyo presidente sería Director General.
El nuevo gobierno de facto instaurado en 1966 dispuso por Ley N° 16930 que DINFIA fuera administrada por un Director Nacional designado por el Poder Ejecutivo. Posteriormente, se decidió reestructurar DINFIA para separar las actividades de interés aeronáutico de aquellas que no lo eran, lo que se efectivizó mediante la Ley N° 17342 de 1967, que cambió su denominación por Industrias Mecánicas del Estado (IME). La nueva empresa, dependiente del Ministerio de Defensa, se especializaría en las actividades de interés no aeroespacial, transfiriéndose al Comando en Jefe de la Fuerza Aérea todo el patrimonio afectado a actividades aeroespaciales. El Decreto N° 5200/68 aprobó un nuevo estatuto, en el que el objeto general fue actuar industrial, financiera y comercialmente en el área de la industria mecánica del país, favoreciendo la misma con el abastecimiento de partes o con la elaboración de productos terminados con miras a satisfacer necesidades del desarrollo y/o la defensa nacional, y en particular: fabricar vehículos automotores livianos y sus repuestos; desarrollar trabajos de mecánica en general, fundición y matricería y toda actividad industrial tendiente al aprovechamiento de su complejo industrial destinados a la actividad pública o privada, siempre que esta producción tendiese a satisfacer necesidades que no se hallasen cubiertas por la capacidad industrial privada. La dirección y administración de la empresa, previa derogación de la Ley N° 16930 por la Ley N° 17867, estaría a cargo de un directorio compuesto por un presidente, quien sería Director Nacional, y dos vocales nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Defensa.
En 1971, mediante Ley N° 19400 se facultó al Ministerio de Defensa para constituir con FORJA Argentina S.A. una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria bajo el régimen de la Ley N° 17318, con el objeto de desarrollar las actividades propias de las industrias automotriz y mecánica en general y de todas las actividades conexas o que tuvieran relación directa o indirecta con dichas industrias, inclusive en su aspecto comercial. Para ello absorbería el patrimonio, deudas y obligaciones legales de IME, que desde 1954 tenía participación en la citada sociedad, incluyendo sus denominaciones anteriores (IAME y DINFIA).
Para dar nuevo impulso a la empresa, la Ley N° 20754 de 1974 declaró de interés nacional a IME y sus actividades de investigación y desarrollo de tecnologías aplicables a la industria automotriz, reservándole exclusivamente la producción para el mercado interno de vehículos automotores utilitarios de motor diésel y con capacidad de carga de hasta 3,5 toneladas útiles.
Sin embargo, a partir del golpe de Estado de 1976, la Ley N° 22177 de 1980 facultó al Poder Ejecutivo Nacional para proceder a la privatización parcial o total de aquellas empresas, sociedades, establecimientos y otras haciendas productivas que oportunamente determine y cuya propiedad corresponda, total o parcialmente, al Estado Nacional. El respectivo proceso de privatización de las mismas, estaría a cargo de los Ministerios y organismos a través de los cuales mantienen sus relaciones con el Poder Ejecutivo Nacional. A esta nueva política se sumó la reconversión de la industria automotriz, según la cual la actividad estatal en la rama carecía de sentido ante la madurez alcanzada por el sector privado y un horizonte de competencia a nivel internacional. En consecuencia, la Ley N° 22254 de 1980 disolvió y declaró en estado de liquidación a la empresa, derogando además la Ley N° 20754. El Decreto N° 1448/80 designó a la comisión liquidadora, cuya labor recibiría prórrogas por Decretos N° 471/81, 55/81, 684/82, 923/83, 1739/84 y 3854/84.
Finalmente, en virtud de los objetivos contemplados en el proceso de Reforma del Estado iniciado por Ley N° 23696 y su Decreto Reglamentario N° 1105/89, se decidió poner fin a la liquidación de la empresa, lo que se hizo efectivo por Resolución Nº 791/96 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

La Real Cédula del 30 de enero de 1794 estableció la creación de un Consulado en Buenos Aires, cuyas misiones y funciones eran la “administración de justicia en los pleitos mercantiles y protección y fomento del comercio en todos sus ramos”. Su jurisdicción comprendía todo el Virreinato del Río de La Plata y para comodidad de los litigantes se encontraba la presencia de Diputados en los puertos y lugares de mayor comercio. El Consulado estaba compuesto por un Tribunal de Justicia, un Tribunal de Alzada, una Junta de Gobierno y una Junta General e integrado por un Prior, dos Cónsules, nueve Consiliarios, un Síndico (cada uno con su correspondiente teniente o suplente), un Secretario, un Contador, un Tesorero, un Asesor, un Escribano y dos porteros.
El ejercicio de la justicia comercial era atribución del Tribunal de Justicia, el cual estaba compuesto por el Prior y los Cónsules, considerados los tres jueces del Tribunal. El Tribunal tenía competencia en todos los pleitos y diferencias que ocurran entre comerciantes y mercaderes, sus negociaciones, comercios, compras, ventas, cambios, seguros, cuentas de compañías, fletamentos de navíos, factorías y demás. Las excepciones que no se tengan en cuenta en la cédula de creación deberían reglarse en primera instancia por las Ordenanzas de Bilbao y si éstas no sirven por las Leyes de Indias o Castilla. Las audiencias del Tribunal eran públicas y se celebraban los días martes, jueves y sábados. En ellas el Escribano autorizaba los juicios, los dos Porteros Alguaciles cuidaban de las entradas y realizaban las diligencias. En las situaciones de difícil resolución o en las que no bastaba el conocimiento y/o experiencia de los Jueces debía actuar el Asesor, el cual iba a las audiencias cuando el Tribunal lo llamara dando su dictamen de palabra o por escrito según se le pidiere en lo que fuere preguntado. También los Jueces podrán oír el dictamen de los Consiliarios más expertos en los pleitos de cuentas, comisiones y otros que presenten complicaciones y sea necesario otras opiniones.
El Tribunal de Alzada actuaba como instancia de apelación en los pleitos de mayor cuantía que pasaban los 1000 pesos (solamente de autos definitivos o que tengan fuerza de tales), conformado por el Decano de la Audiencia y dos colegas nombrados por el Decano en las apelaciones eligiendo uno de dos que le propondrá cada parte.
La Junta de Gobierno estaba compuesta por el Prior, los Cónsules, Consiliario y Síndico o sus respectivos Tenientes. También la componían el Tesorero, el Secretario y el Contador siendo porteros los mismos que en el Tribunal. La función principal de la Junta era la de protección y fomento del comercio, procurando adelantos en la agricultura; la mejora en el cultivo; introducción de maquinarias y herramientas ventajosas; facilidad de circulación interior y lo que sea para el aumento y mejoramiento del cultivo y tráfico. Tenía una fluida comunicación con las provincias de sus distritos mediante sus Diputados y mantenía informado al Rey sobre sus asuntos y decisiones. Dictaba providencias en beneficio de la de agricultura, la industria y el comercio y era la encargada de construir caminos y rancherías en los despoblados para la comodidad y comunicación del transporte, como así también mantener la limpieza del puerto de Montevideo. Si la Junta consideraba necesario poner repuestos de anclas, cables y demás aparejos en los puertos de su distrito para socorro a las embarcaciones se lo debía comunicar al Rey y esperar su aprobación. Al mismo tiempo, nombraba a los reemplazos de los oficios y sus tenientes en caso de muerte hasta que se llegue al tiempo de votación. La Junta sesionaba dos veces al mes (o más si era necesario) y era presidida por el Prior o alguno de los dos Cónsules según el orden de antigüedad, quien exponía brevemente los asuntos a tratar. El Secretario, Tesorero y Contador podían comentar y exponer en las sesiones sobre el gobierno del Consulado como así también sobre el bien común del comercio, se les oía y atendía como a los demás pero no tenían voto. Además, nombraba dos vocales encargados de constatar el estado del arca frente al Escribano del Tribunal que luego le informaban al Rey acompañado de un testimonio de lo que se contó y de la cantidad de dinero que quedaría en las arcas del Consulado y firmado por todos los vocales de la junta.
La Junta General se encargaba de la votación de los oficios (cargos), era presidida por el Decano de la audiencia. Se elegía entres sus integrantes a los electores por sorteo. Se llamaba con dos días de anticipación en la Ciudad de Buenos Aires y Montevideo por voz de pregonero, podían asistir todos los comerciantes y mercaderes actuales, los cargadores por mar que estuvieran pagando avería por sí mismos, los capitanes y maestres de navíos que sean interesados en ellas. El requisito era ser mayores de edad, naturales de los dominios del rey, vecinos y domiciliados en Buenos Aires o Montevideo que no tuvieran oficios en el consulado. También podían participar aquellos que fueran vecinos de los lugares con diputaciones que se encuentren en Buenos Aires al momento de la convocatoria. La elección se hace frente al Prior, Cónsules, Síndico y Escribano, pero ellos no tenían voz ni voto. Convocados en la Sala Capitular, se elegían 20 electores quienes pasaban de a uno a una habitación donde proponían los nombres de sujetos (distintos a su persona y que no tengan parentesco alguno) para ocupar los cargos vacantes. Luego, en Asamblea General el Decano de la audiencia nombraba a los candidatos a ocupar los oficios y se hacía un sorteo separado para cada oficio, donde el primer sorteado ocupará el oficio y el segundo el cargo de teniente de dicho oficio. Los primeros oficios fueron otorgados por el Rey, salvo los dos porteros elegidos por el Prior. En adelante, la Real Cédula de creación determinaba la duración y el procedimiento de renovación de los cargos, con excepción de aquellos permanentes y que no tenían suplente. Quienes ocuparon los oficios no eran juristas o abogados de carrera, sino por comerciantes hacendados, mercaderes, fabriles, armadores de buques y fletadores terrestres. En este sentido, la Real Cédula del 31 de marzo de 1797, ordenaba que el cuerpo se compusiera de igual número de comerciantes y de hacendados, y que los cargos de cónsules y consiliarios se dividieran equitativamente, además de alternarse de manera bienal los puestos de Prior y de Síndico.
Los fondos del Consulado provenían del derecho de avería y el producto de todas las penas pecuniarias que imponga el Tribunal, sus Diputados o los Jueces de Alzadas. Los caudales se depositaban en el arca, la cual estaba a cargo del Prior, primer Cónsul y Tesorero. Lo existente en ella se usaba para pagar los salarios, los gastos y funciones del Consulado. El resto líquido que quedaba debía estar examinado y aprobado por el Prior y los Cónsules con audiencia del Síndico.
El Síndico podía amonestar, corregir o absolver a los oficios que eran denunciados por mala conducta. En el caso de tener que revocarle el cargo a alguno de los integrantes del Consulado debía confeccionar un expediente y mandárselo al Rey para su resolución. Al mismo tiempo debía asistir a todas las Juntas del Consulado y a las generales y hacer cumplir lo que se decidía en la Junta General. Cuando terminaba su cargo tenía como obligación entregarle al prior una nota de los negocios que quedaban pendientes y otra igual a su sucesor.
El Secretario tomaba la razón de las sesiones de la Junta y era el encargado de las actas. Seguía la correspondencia y extendía los oficios, citaciones, informes y representaciones que se le encargaban por la Junta o el Prior y Cónsules (no como Jueces del Tribunal sino de asuntos propios del gobierno del Consulado) quedándose con copia de todo. Asimismo, era el encargado del Archivo, conformando cédulas que contenían información del contenido de la documentación existente para luego realizar los índices. También debía escribir anualmente una memoria sobre algunos de los objetos propios del Consulado que se leía en la apertura de las sesiones. La Secretaría del Consulado tenía a su cargo las escuelas de agricultura, de niñas, comercial, de náutica y de dibujo.
El Contador tenía a cargo la Contaduría del Consulado cuyo funcionamiento estaba regulado por un Reglamento sancionado por la Junta de Gobierno el 10 de septiembre de 1795. Según este reglamento era función de la contaduría intervenir en las órdenes para que el Tesorero liberara el dinero para pagar mensualmente los salarios y los gastos y tomaba la razón en los libros. A su vez, registraba todo en los libros de contaduría y en base a ellos a fin de año realizaba la cuenta general de las entradas, las salidas y el resto que quedaba en arcas de los caudales del Consulado y establecía cual debía ser el cargo en los valores de las aduanas de los puertos que se expresarían por menor, las multas que se hayan exigido y el sobrante del año anterior y serían data las nóminas de salarios y los libramientos de prior y cónsules. A partir de este balance le envía un informe a la Contaduría General del virreinato. Era función del Contador, además, dar las noticias al Tribunal y a la Junta para gobierno de sus providencias.
El Tesorero recaudaba los caudales en virtud de las órdenes que le daban el Prior y los Cónsules y los ponía en el arca al final de cada mes reservando en su poder la cantidad que se juzgue suficiente para los gastos ordinarios, para el cual tenía dadas competentes fianzas. Pagaba los salarios mensuales con la nómina que realiza el Contador y los libramientos del Prior y Cónsules.
Como el Consulado ejercía jurisdicción sobre todo el territorio del Virreinato, para el interior se crearon instancias intermedias denominadas Diputaciones. La finalidad de las mismas era la de agilizar los litigios comerciales en todas las regiones y obtener información clave sobre los territorios que requerían obras de infraestructura para mejorar la actividad económica. A propuesta del Consulado el Virrey y el Capitán General escogían los lugares donde deberían establecerse los Diputados (con posterior aprobación del Rey), en relación al volumen del flujo comercial y, además, designaba por primera vez a los diputados, que luego serían nombrados por el mismo Consulado. Ocupaban sus cargos por el período de dos años y debían que tener las mismas cualidades que el Prior y los Cónsules, eran elegidos por el Cónsul nuevo y el saliente momentos después de la elección del Cónsul nuevo. Esta elección se hacía frente al Decano de la audiencia con presencia del Síndico y el Escribano del Tribunal. Los Diputados impartían justicia mercantil en nombre del Rey, ninguno podía conocer y determinar por sí solo sino acompañado de dos colegas y asistidos del Escribano del Cabildo del pueblo u otro acreditado. En aquellos lugares donde no existía una diputación, para suplir al Consulado actuaban los Jueces ordinarios a quienes concurrían los demandantes. Las apelaciones que se sucedían de los pleitos donde actuaban los Diputados o Jueces ordinarios debían hacerse ante el Tribunal de Alzadas.
Las Diputaciones que funcionaron en el Virreinato del Río de la Plata fueron las de Cochabamba, Oruro, La Paz, La Plata, Potosí, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, Córdoba y Santiago del Estero, Maldonado, Montevideo, Asunción, Villa Rica, Corrientes y Santa Fe.
Luego de la Revolución de Mayo de 1810, el Consulado de Buenos Aires pasó a estar bajo la órbita de los sucesivos gobiernos en conjunto con los distintos Congresos Constituyentes.
En el Estatuto provisional para la dirección y administración del Estado formado por la Junta de Observación establecida en Buenos Aires del 5 de mayo de 1815, entre las facultades del Director Supremo en el artículo XII del Capítulo I de la Sección Tercera se encuentra la de vigilar particularmente sobre el aumento de la población, agricultura y comercio. Además, tiene competencia en arreglos de minería, correos, postas, caminos y concesión los pasaportes para dentro fuera de las Provincias del Estado por mar y tierra, y las licencias para la carga y descarga, entrada y salida de las embarcaciones. De esta manera, a través de la Junta de Gobierno del Consulado se articulaban y ejecutaban las decisiones tomadas por el poder ejecutivo. Y, en el artículo IV del capítulo II se establecía que el Tribunal del Consulado debía ser consultado en caso de que el Poder Ejecutivo y la autoridad del Director decidieran disponer expediciones militares para fuera de la Provincia de Buenos Aires, imponer pechos, contribuciones, empréstitos y aumentos de derechos a cualquier género. A su vez, en el Capítulo II de la Sección Cuarta, el artículo VI establecía que los Juzgados de primera y segunda instancia conocerán de todas las causas que hasta ahora han sido peculiares de su autoridad dejándole la prerrogativa al Tribunal del Consulado de administrar la justicia comercial.
El 17 de julio de 1819, a través de decreto 1334, el Congreso sancionó la reorganización del Tribunal, dejando sin sueldo efectivo a los cargos de Prior, Cónsules y Sindico y decretando que una sola persona ocupara los oficios de Asesor y Secretario y lo mismo para los cargos de Tesorero y Contador.
A partir de 1820, el Consulado dependió de la Gobernación y la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires.
El 1 de agosto de 1821, el Gobierno le envío una orden al Consulado en la cual le informaba sobre la creación de una bolsa mercantil encargándole la tarea de presentarle a las autoridades un plano que comprendiera el número de corredores que debían establecerse, la clase de garantías que debía ofrecer, el reglamento que debía regir la conducta de ello en el desempeño de sus funciones. Y el 7 de agosto de 1821 se creó por decreto del gobernador Martín Rodríguez y su secretario de gobierno Bernandino Rivadavia la Junta de comerciantes y hacendados que en su artículo 4° tenía como función promover y elevar al conocimiento del gobierno todo lo que pueda contribuir al progreso del comercio, industria, y la mejora de la agricultura. En la sesión de la Junta de Gobierno del Consulado del 19 de diciembre se leyó un oficio del ministro de Hacienda del 10 de diciembre de 1821 en donde se deja sin oficio real a la Junta de Gobierno y esta procedió a su disolución dejando las cuestiones de su competencia en manos del Tribunal.

El pintor, crítico e historiador de arte, Eduardo Schiaffino, nació en Buenos Aires el 20 de marzo de 1858. Fue un intelectual de la llamada Generación del 80, difusor del arte y la cultura en Argentina. Hijo de un comerciante y armador genovés ligado a la fundación del Banco de Italia y Río de la Plata, estudió pintura en Buenos Aires con el acuarelista y litógrafo veneciano José Aguyari y, posteriormente, completó su formación en Europa: primero estuvo en Venecia como alumno de Egisto Lancerotto y después en París como discípulo del artista académico Raphaël Collin.

Tres años después, Schiaffino, junto a Eduardo Sívori y Carlos Gutiérrez, participaron de la formación de la Sociedad Estímulo a las Bellas Artes, precursora de la Academia Nacional de Bellas Artes y prefiguración de las actuales escuelas.

En 1893 Schiaffino intervino, junto con Severo Rodríguez Etchart, Eduardo Sívori, Ernesto de la Cárcova, Agustín Ballerini, Graciano Mendilaharzu y Ángel Della Valle, en la constitución de El Ateneo. Allí se organizaron las primeras exhibiciones de arte argentino en el país y surgió la propuesta de crear un museo de arte. Desde esta institución, a la que concurrían figuras destacadas como Rubén Darío y Leopoldo Lugones, Schiaffino comenzó a solicitar obras y donaciones a sus amigos pintores y a algunos coleccionistas. En un primer momento, Adriano Rossi y José Prudencio de Guerrico fueron los principales contribuyentes.

En 1895, por Decreto del 16 de julio de José Evaristo Uriburu, se creó formalmente el Museo Nacional de Bellas Artes y se nombró a Schiaffino como director y conservador. Durante su gestión se abrieron galerías de arte, se organizaron muestras en la Argentina y en el exterior, lograron traer importantes exposiciones y promovieron el otorgamiento de becas para la formación de artistas fuera del país. Mediante una resolución del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública fue autorizado a recibir las obras de arte existentes en las reparticiones nacionales. El 14 de mayo de 1897 fue nombrado Presidente de una Comisión que tenía por objetivo informar al Ministerio de Instrucción Pública acerca del valor pecuniario de las obras artísticas que va a adquirir el Museo Nacional de Bellas Artes, de conformidad con lo dispuesto por el Honorable Congreso. En 1903, Schiaffino fue nombrado por decreto delegado para concurrir a Europa y Estados Unidos con el objetivo de realizar un estudio comparativo de la organización y el funcionamiento de los museos y academias de arte en aquellos lugares. A su vez, Schiaffino viajó a Europa en misión oficial para comprar pintura antigua y contemporánea e incrementó veinte veces el patrimonio museológico, que pasó de unas pocas piezas a más de 3.700 ampliando, en consecuencia, las salas de exposiciones de cuatro a veintidós. El 19 de septiembre de 1910, a través del decreto 2238 del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, quedó cesante en su carácter de Director del Museo Nacional de Bellas Artes.

En 1911 fue nombrado cónsul en Dresde y para el año 1917 sus tareas fueron trasladadas a Livorno. Ese mismo año se decretó su traslado a Corumbá. En noviembre de 1920 fue ascendido a Cónsul de Primera Clase en Sevilla; en 1921 fue nombrado Cónsul en Madrid y en 1924 en Turín. El 15 de enero de 1926, luego de concluir una licencia, retomó sus actividades como Cónsul de la República de Pau y en 1931 fue designado Cónsul en Atenas. En 1933 retornó al país en calidad de ex Cónsul de Grecia.

Entre sus obras pictóricas pueden mencionarse “Boulevard de París” y “Desnudo”, conservadas en el Museo Castagnino de la ciudad de Mar del Plata y “El Reposo”, actualmente exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Además, escribió varios libros como Relaciones literarias hispano-americanas (Madrid, 1923); Recodos en el sendero (París, 1926); Urbanización de Buenos Aires (1927) y La pintura y la escultura en Argentina. 1783-1894 (1933). Finalmente, trabajó como corresponsal en Europa del periódico “El Diario” y escribió artículos sobre arte en “La Nación” y otros medios gráficos.

Falleció el 1 de mayo de 1935.

La Academia Británica era un instituto educativo privado fundado por la comunidad inglesa. La Academia impartía una enseñanza de nivel elemental hasta quinto grado y preparatoria para varones, ajustada al programa de los colegios nacionales, aunque con una marcada orientación comercial con materias contables y prácticas en teneduría de libros. Situada en la calle Belgrano Nº 943 del barrio de Monserrat, ocupaba el primer lugar entre los colegios particulares del distrito, de acuerdo al informe del subinspector de escuelas Sánchez Mendoza, publicado en el “Monitor de la Educación” el 4 de octubre de 1889. Para ese año, contaba con un plantel de diez y nueve profesores, entre ellos, el maestro de inglés Edgard Courtaux; un secretario y varios celadores, destacándose por su buena disciplina, excelente estado edilicio, amplia provisión de útiles escolares y limpieza. En 1892 la dirección de la Academia estuvo a cargo de Roberto Bird. Para esa fecha cursaban doscientos noventa y tres alumnos, cuyas edades oscilaban entre los 5 y los 15 años. No todos eran de origen británico, algunos provenían de distinguidas familias porteñas que deseaban que sus hijos fueran educados según las normas inglesas. Los cursantes recibían clases de caligrafía, aritmética, gramática, geografía, doctrina, geometría, historia argentina, historia natural, física, contabilidad, dibujo, inglés, francés, alemán, piano y violín.

Benjamín Domingo Victorica nació en Buenos Aires el 14 de septiembre de 1831. Hijo de Bernardo Victorica y Juana Vivanco, en 1849 obtuvo el título de Doctor en Jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires y se desempeñó como Jurisconsulto y profesor de Derecho Romano. También se dedicó a la escritura y sus primeros aportes literarios, sonetos laudatorios en honor a Juan Manuel de Rosas, fueron publicados en la “Gaceta Mercantil”.

Fue secretario de Ángel Pacheco y combatió en los Campos de Álvarez y en Caseros el 3 de febrero de 1852.

En la Confederación Argentina se desempeñó como Oficial Mayor y, mientras se organizaba el gobierno, fue autorizado para que legalizara los decretos del Ejecutivo. El 8 de enero de 1855 se estableció un Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Criminal en el Departamento del Uruguay y se lo nombró a Victorica por como Juez. El 6 de diciembre de 1856 fue nombrado miembro de Comisión Examinadora del Colegio Nacional del Uruguay. Por decreto del 25 de mayo de 1859 fue designado como Secretario de Guerra y el 2 de enero de 1860 se confirió el grado de Coronel de Infantería. El 5 de marzo de ese mismo año, Derqui lo nombró Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Guerra y Marina, cargo que ocupó hasta el 15 de agosto de 1860.

El 25 de abril de 1860 el Presidente de la Confederación lo Comisionó para que, de acuerdo con el Gobierno de la Provincia, tome todas aquellas medidas que sean del resorte del Gobierno Nacional, y deban dictarse por este Departamento, con motivo de la desfederalización de la Provincia de Entre Ríos; las que deberá someter a la aprobación del Gobierno Federal. El 5 de junio de 1860 fue nombrado para formar parte de la comisión para tratar al enviado de Buenos Aires, el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield.

El 10 de julio de 1861 fue nombrado Secretario de Guerra del Capitán General Urquiza. El 9 septiembre de 1862 salió sorteado como diputado por la provincia de Entre Ríos saliente durante el segundo trieno de 1862 para la renovación de la Cámara de Senadores. El 5 de mayo de 1863 fue incorporado senador nacional por Entre Ríos, banca que ocupó hasta 1871.

En 1874 durante el gobierno de Nicolás Avellaneda como vocal del Consejo Nacional de Educación y, en 1875, como Fiscal General de las Cámaras de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires.

Victorica también participó en los debates relativos al proyecto de Eduardo Madero para la construcción de diques, y la canalización y dragado del Puerto de Buenos Aires.

El 17 de abril 1883 fue nombrado como Ministro de Guerra y Marina, cargo que tuvo hasta su renuncia, aceptada el 3 de julio de 1885. El 27 de septiembre de 1883 por medio de un acuerdo entre el Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo se le otorgó el cargo de General de Brigada. En 1885, el 1 de agosto, a través de un Acuerdo y Decreto fue nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la República Oriental del Uruguay.

El 10 de agosto de 1887 fue nombrado Ministro y Presidente de la Suprema Corte de Justicia Federal mediante un decreto del Ministerio de Justicia.

El 7 de agosto de 1888 recibió una medalla conmemorativa y diploma, dispuesto por una ley del 15 de setiembre de 1884 que establecía que debían entregársela a todos los Generales, Jefes y Oficiales etc., que tomaron parte en la campaña del Chaco. En 1890 fue nombrado Jefe del expresado 2° Batallón del Regimiento 1° de Guardias Nacionales de la Capital.

El 15 de junio de 1892, se decretó su jubilación en el cargo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia Federal. En 1893 Luis Sáenz Peña lo nombró, mediante un decreto del 12 de octubre, Ministro de Guerra cargo que ocupó hasta el 7 de junio de 1893. El 15 de marzo de 1894 fue nombrado Jefe de Estado Mayor y se retiró formalmente de la actividad militar el 7 de diciembre de 1895.

En 1899 Roca lo designó, junto a Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen, Juan José Romero y José Evaristo Uriburu para integrar la comisión de delegados del Gobierno en una conferencia internacional y el 5 de marzo de 1901 fue nombrado Director del Banco Hipotecario Nacional, cargo que fue confirmado por un decreto del 1 de junio de 1901 y al que renunció el 3 de mayo de 1902.

Falleció en Buenos Aires el 27 de enero de 1913.

Gaspar Santa Coloma fue un mercader español nacido en Casería de la Campa en la provincia vasca de Álava, el 6 de enero de 1742. Estudio en Orduña bajo la tutela de la Compañía de Jesús. Más tarde trabajó con un corregidor en Madrid y luego en Cádiz, donde fue aprendiz de comercio.

Arribó a Montevideo en 1767 y al año siguiente arribó a Buenos Aires. En 1779 comenzó a realizar operaciones como importador mayorista, su principal actividad era importar productos de Castilla y esclavos que internaba en las provincias interiores. A su vez, enviaba a la Península plata y productos locales. Paralelamente se dedicaba al comercio al menudeo con la sociedad de comercio que tenía con Martín de Álzaga. También actuó como consignatario de reventa de las mercancías.

En 1781 contrajo matrimonio con Flora de Azcuénaga, hija de Vicente de Azcuénaga y de Rosa de Basavilbaso. A la muerte de su suegro, Santa Coloma ocupó de llevar adelante los negocios de la familia Azcuénaga, entre ellas la “Casa del Asiento”.

En 1789 fue elegido como diputado para formar parte de la Junta de Comerciantes del Consulado de Buenos Aires. Entre los años 1794 y 1800 ocupo el cargo de Síndico Mayordomo Ecónomo de la Santa Iglesia Catedral de Buenos Aires. También se ocupó de formar a otros comerciantes del período, como su Juan Antonio de Santa Coloma, Martín de Álzaga y José Domingo Echeverría.

Durante las Invasiones Inglesas, contribuyó con dinero al erario real y alojó en su quinta de Quilmes a los integrantes de la expedición enviada desde la Banda Oriental. Más tarde, aliado con Álzaga, intentó destituir al Virrey Liniers en la Asonada del 1º de enero de 1809. Luego de la Revolución de Mayo de 1810 se interrumpió el tráfico de ultramar con España y no solo perdió su principal actividad, sino que también su dinero y propiedades fueron tomados a modo de empréstitos forzosos o expropiados por el gobierno en 1812 con el propósito de solventar los gastos de las guerras de la independencia, y reprimir a los enemigos de la Revolución.

Santa Coloma falleció en Buenos Aires el 31 de enero de 1815. Los pocos bienes que le quedaron fueron distribuidos entre su esposa, Flora de Azcuénaga, su hijo Francisco Santa Coloma y casi todas las instituciones religiosas de la ciudad.

Carlos Casavalle nació en Montevideo, República Oriental del Uruguay, en 1826 y se trasladó a Buenos Aires donde estudió con los jesuitas mientras trabajaba como tipógrafo del “Diario de la Tarde” de Pedro Ponce. En 1840 retornó a su país para participar en la defensa de Montevideo durante el sitio que le impuso Manuel Oribe.

En 1853 instaló en Buenos Aires un taller de imprenta en la calle Belgrano entre Bolívar y Perú donde imprimió los libros aparecidos en la década, entre los cuales figuran Poesías y Rosas y sus opositores de José Rivera Indarte, los primeros volúmenes de la Biblioteca Americana y Rimas de Bartolomé Mitre. Esta imprenta luego fue vendida a Félix Frías y a Luis Domínguez. Entre 1854 y 1859 tuvo a su cargo la impresión de la revista “El Plata Científico y Literario”, dirigida por Miguel Navarro Viola y hasta 1857 alternó sus actividades entre la regencia del periódico “El Orden” y el trabajo editorial en un establecimiento de la calle Defensa.

El 23 de octubre de 1860 se trasladó a Paraná donde firmó un convenio sobre la compra de la imprenta y publicación del Boletín Oficial mediante el cual Casavalle se comprometía a publicar un “Boletín Oficial” y a hacer todas las impresiones de la administración por el precio en que pudieran hacerse en otra imprenta mientras que el Gobierno Nacional se comprometía a no mandar a otro establecimiento todos los trabajos tipográficos que fuese necesario hacer.

En 1861 volvió a Buenos Aires y fundó la Librería de Mayo en la calle Moreno, frente a la Plaza de Monserrat. Más tarde se trasladó a la calle Perú, en la Manzana de las Luces. Algunas de las impresiones que realizó la imprenta fueron las de los libros de Bartolomé Mitre, Juana Manuela Gorriti y Esteban Echeverría. Entre los ejemplares publicados por Carlos Casavalle se destacaron en este período los de la Historia de los gobernadores de las provincias argentinas de Antonio Zinny, los de la Historia de la República Argentina de Vicente Fidel López y los de las obras completas de Esteban Echeverría. También contó con la colaboración de Juan María Gutiérrez en la compilación de varios de los volúmenes editados y en la redacción del Boletín Bibliográfico Sudamericano.

El establecimiento se transformaría, con el tiempo, en un centro de convergencia del negocio editorial del continente. Paralelamente, Carlos Casavalle se relacionó con las personalidades argentinas más influyentes de la Década del Ochenta a partir de su participación en el salón porteño cuyas reuniones tenían lugar la trastienda de su librería. Hacia 1894 la Librería de Mayo dejó de funcionar.

Casavalle murió en Buenos Aires en 1905.

Victorino de la Plaza nació en la provincia de Salta el 2 de noviembre de 1840. Hijo de José Roque Mariano de la Plaza y de María Manuela de la Silva Palacios, realizó sus primeros estudios en el Colegio del Uruguay (Entre Ríos), gracias a una beca otorgada por el Gobierno de la Confederación Argentina. Luego viajó hacia la ciudad de Buenos Aires, donde se graduó como abogado en 1868.

Durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), integró la artillería y combatió en las batallas de Estero Bellaco (2 de mayo de 1866) y Tuyutí (24 de mayo de 1866). Fue condecorado por su actuación en ambas participaciones y ascendido al grado de capitán por el Presidente Bartolomé Mitre.

En 1870, Victorino de la Plaza ocupó la cátedra de filosofía en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Esto le valió, tres años después, su nombramiento como miembro de la Comisión Nacional de Escuelas. Fue secretario del ministro del interior Dalmacio Vélez Sarsfield, con quien había colaborado en la traducción del Código Civil norteamericano. Desde 1876, ocupó el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, bajo el cual también fue nombrado, en 1878, Interventor de la Provincia de Corrientes.

En 1880, fue electo Diputado Nacional por la provincia de Salta. Durante el primer gobierno de Julio A. Roca, ocupó la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y, luego, el de Hacienda. En 1890, el presidente Carlos Pellegrini lo desinó agente financiero del Gobierno en Europa para renegociar la deuda externa en medio de la crisis de aquel año.

En 1908, el presidente Figueroa Alcorta lo nombró Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, cargo que resignó luego de ser electo Vicepresidente de la Nación en 1910. Pero, en 1913, tras la licencia por enfermedad del Presidente, asumió interinamente la primera magistratura. Con el fallecimiento de Sáenz Peña, el 9 de agosto de 1914, se convirtió en Presidente de la Nación hasta el 9 de octubre de 1916.

Entre algunas de sus decisiones de gobierno se encuentran: la devaluación de la moneda, el cierre de la Caja Nacional de Conversión y la inconvertibilidad del papel moneda, la creación de la Caja Nacional de Ahorro Postal y la Comisión de Viviendas baratas para empleados y obreros; la sanción de la Ley de Accidentes de Trabajo; la inauguración de la primera línea de subterráneos de Buenos Aires y del primer ferrocarril eléctrico que unía la capital con el Tigre; e implementó la Ley de voto universal, secreto y obligatorio.

Falleció en Buenos Aires el 2 de octubre de 1919, dejando como herederos a sus sobrinos, hijos de su único hermano, Rafael de la Plaza.

El abogado y coleccionista Jorge Antonio Echayde nació en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el 13 de junio de 1862, hijo de inmigrantes vascongados arribados a la Argentina a mediados del siglo XIX, José Antonio de Echayde y Agapita Zubeldía. Echayde se doctoró en jurisprudencia y ejerció su profesión en la ciudad capital, también se convirtió en un especialista en numismática. Paralelamente, se dedicó a coleccionar objetos criollos y vascos. Organizó un museo privado en su domicilio reuniendo, entre otros objetos, monedas, plaquetas, medallas y armas.

Se casó con María Josefa Iribarren con quien tuvo a María Josefa Echayde (1888) y Celia Echayde (1890).

A su labor en el campo de la Jurisprudencia, Echayde sumó también, entre 1915 y 1938, la dirección del Colegio Euskal Echea de Llavallol. Fue miembro fundador de la Junta de Historia y Numismática Americana. Entre 1917 y 1923 fue Presidente del Banco Municipal de Préstamos y primer director del Museo Municipal de Buenos Aires fundado en 1921.

Falleció el 14 de septiembre de 1938.