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En 1956, bajo el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu, se sancionó el Decreto N° 310 que creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).
Sus antecedentes se remontan a septiembre del año 1946, cuando el Gobierno Nacional adquirió la United River Plate Telephone Company Limited mediante la ley 12.864, haciéndose cargo de los bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Días más tarde, esta ley fue complementada con el decreto 12.752, que facultó al Banco Central para representar al Poder eEjecutivo en su carácter de agente financiero en todo lo concerniente a la adquisición de la compañía.
El 19 de noviembre de 1946, el decreto 18.885 autorizó para funcionar como persona jurídica de derecho público a la Empresa Mixta Telefónica Argentina (E.M.T.A.) y estableció su estatuto. La sociedad se planteaba a 50 años, y vencido el plazo la administración pública podía tomar a su cargo las acciones en poder de los particulares y transformar la sociedad en una entidad autárquica administrativa.
El 18 de marzo de 1948, se promovió la estatización de E.M.T.A. y se dejó sin efecto el decreto 18.885/46, retirándole la personería jurídica. El artículo 2 estableció que la Administración General de Correos y Telecomunicaciones del Ministerio del Interior tomaba a su cargo: a) La administración y explotación del servicio público; b) Su activo y pasivo; c) Los contratos complementarios aprobados por la Ley núm. 12.864.
La Ley de Ministerios 13.529 de 1949 estableció la creación del Ministerio Secretaría de Estado de Comunicaciones, que tenía como competencia el desarrollo, promoción, orientación y fiscalización de los sistemas de comunicaciones. Por decreto 5.164/49 se estructuró dicha Secretaría y se estableció:
“Art. 3° — La Dirección General de Teléfonos del Estado se constituirá sobre la base de la actual entidad "Teléfonos del Estado" (ex "Empresa Mixta Telefónica Argentina"); y, a los efectos del cumplimiento de sus fines ínterin se resuelva sobre su reglamentación interna y demás aspectos de la administración, el Director General de Teléfonos del Estado queda investido de las facultades que tenía el Administrador General de Correos y Telecomunicaciones, de acuerdo al artículo 1° del Decreto núm. 17.089/48, con excepción de las indicadas en la última parte del artículo 2° del presente Decreto.”
En 1956, bajo el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu, se sancionó el Decreto N° 310 que creaba la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel). De capital estatal, prestaría los servicios telefónicos, telegráficos y radiotelegráficos, en forma conjunta. Dicho decreto marcó que desde su estatización, la Dirección General de Teléfonos del Estado había mantenido las características de la empresa privada, pero sin desprenderse de las limitaciones y restricciones que en el orden patrimonial y financiero se conceden a los órganos de la Administración Centralizada. Por ello afirmaba que “la explotación telefónica requiere una forma administrativa apta que a la vez que realice ágilmente su gestión económica, asegure los debidos medios de contralor financiero por la hacienda central”. A partir de este Decreto, la administración de la Empresa fue ejercida por un "Consejo de Administración", integrado por el Subsecretario de Comunicaciones, el Gerente General como Vicepresidente, y cinco vocales, de los cuales al menos uno era de las Fuerzas Armadas. No obstante todo lo expuesto, creó un pequeño marco jurídico para el desarrollo institucional de la Empresa.
La ley de Ministerios 10.351 de 1956 unificó la cartera de Comunicaciones con la de transporte; y el decreto ley 10.774/57 redujo a Comunicaciones a una secretaría de Estado, situación que se mantuvo con la ley 14.439 de 1958.
El decreto 6314/69 estableció que el servicio público de telecomunicaciones internacionales fuera ejecutado exclusivamente por el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Estado de Comunicaciones y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
Posteriormente, bajo el gobierno de Onganía, el 20 de octubre de 1969, la Secretaría de Estado de Comunicaciones quedó bajo la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Ministerio que regiría a ENTel hasta su privatización con el menemismo).
El 22 de agosto de 1972, bajo la presidencia de Alejandro Lanusse, se aprobó la Ley Nacional de Telecomunicaciones (Ley 19.798). Por ella, se creó bajo jurisdicción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos — Comunicaciones— el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). La misión del CONATEL consistía en orientar, coordinar promover, fomentar el desarrollo, intervenir en la autorización y fiscalización de las actividades de telecomunicaciones dentro del ámbito de aplicación y competencia de la presente ley, con excepción de los sistemas de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: de los servicios comprendidos en el capítulo y otros que expresamente excluía esta ley.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) se constituía con un presidente, que a su vez era el subsecretario de Comunicaciones y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos -Comunicaciones- del Ministerio de Cultura y Educación, de los Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno.
El Decreto 2748/78, bajo el gobierno militar de Jorge Videla, aprobó el estatuto de ENTel, otorgando a la empresa la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado, y determinando su objeto. A su vez, constituyó gerencias regionales con facultades de dirección y decisión, en el orden operativo, en cada una de las jurisdicciones territoriales en las que presta servicio.
A partir de 1989, y bajo una serie de decretos, la empresa estatal comenzó un camino hacia la privatización. Fue la ley 23.696 del 17 de agosto de aquel año, denominada “ley de Reforma del Estado”, la que instituyó la emergencia en los servicios públicos y rigió en forma general la venta posterior. En el caso de ENTel, el Decreto 731/89 reglamentó el proceso de privatización y ordenó al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a elevar el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones antes del 10 de Diciembre de 1989. Asimismo, dividió en tres áreas geográficas al servicio de red telefónica; posteriormente serían dos. Sus principales artículos fueron:
“ARTICULO 1°.- PRIVATIZACION DE ENTel. El MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS elevará al PODER EJECUTIVO NACIONAL para su aprobación los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la privatización de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ENTel), antes del 10 de diciembre de 1989. Los pliegos se confeccionarán respetando las pautas establecidas en este decreto y serán puestos a consideración del nombrado Ministerio por la Intervención de ENTel antes del 30 de noviembre de 1989.
ARTICULO 2°.- DIVISION EN AREAS DE LA RED TELEFONICA. La privatización de los servicios básicos telefónicos de la red urbana se llevará a cabo sobre la base de la adjudicación total o parcial de las acciones de DOS (2) sociedades anónimas, a las que se les otorgará licencia para la prestación del servicio telefónico básico en sendas regiones, que se definirán en el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público a realizarse, y que comprenderán todo el territorio nacional.
ARTICULO 3°.- INCORPORACION DE EMPRESAS PRIVADAS PRESTATARIAS DE SERVICIOS TELEFONICOS. El MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dictará los actos necesarios para facilitar la participación en el plan telefónico que aprueba este decreto, de las empresas privadas que actualmente presten servicios telefónicos básicos.
ARTICULO 4°.- SOCIEDADES COOPERATIVAS. Las sociedades cooperativas que actualmente prestan servicios telefónicos mantendrán sus derechos sin perjuicio de su eventual participación en el capital de la Licenciataria a quien se le adjudique la región que corresponda a su ubicación geográfica.”
Posteriormente, el Decreto 59/90, decidió dividir en dos áreas a la red. Por decreto 61/90 se licitó a dos empresas: SOCIEDAD LICENCIATARIA NORTE S.A. (Artículo 1°) y SOCIEDAD LICENCIATARIA SUR S.A.(Artículo 2°) - luego Telecom S.A. y Telefónica S.A. respectivamente- con el objeto de prestar servicios de telecomunicación, creando el marco jurídico para ambas; la última obtuvo licencia por Decreto N° 2.344/90 y la primera por Decreto N° 2.347/90. El llamado a concurso internacional se hizo a través de la venta de las acciones de esas empresas, conforme lo determinaba el Artículo 1° del Decreto 62/90.
Bajo el decreto 2792/90, el Poder Ejecutivo Nacional creó la Comisión Liquidadora de la Empresa bajo el ámbito del Ministerio de Economía y el de Obras y Servicios Públicos y posteriormente complementada con los decretos 304/91 que designó a la comisión liquidadora integrada por el Subsecretario de Hacienda y la funcionaria liquidadora; y el decreto 382/91; que determinaba un control sobre las causas judiciales en trámite. Con el Decreto 1658 de 1991 se designó liquidadora de la Empresa a la ingeniera María Julia Alsogaray.
Finalmente, a través de una serie de decretos (2423/91, 2584/91, 395/92, 1.834/93) se implementó el sistema de Propiedad Participada en las sociedades Licenciatarias Norte y Sur, determinando quienes pueden adquirir las acciones; y se estableció un plan de acción y de presupuesto que concluyó la liquidación de la empresa. El 28 de septiembre de 1998, bajo la resolución 38/98 se implementó el cierre definitivo de ENTel.

Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A. fue creada en el año 1980 y liquidada en el año 2000.
Sus antecedentes se sitúan en la creación por Decreto N° 10936/50 de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que da comienzo al desarrollo nuclear nacional bajo el control del Estado. Estos esfuerzos prosiguieron con la creación por Decreto 9697/51 de la Planta Nacional de la Energía Atómica de Bariloche y la Dirección Nacional de la Energía Atómica, la creación del Instituto de Física de Bariloche en 1955 y la autorización de la construcción de la Central Atómica de Atucha I por Decreto 749/68, entre otras iniciativas.
Hacia fines de la década del ’70, el Estado Nacional dio nuevo impulso a la política de desarrollo nuclear por iniciativa de la CNEA y con la coordinación general de una Comisión Interministerial conformada por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa. En este sentido, mediante el Decreto Nº 3183/77 se declararon de interés los “Objetivos y Política Nuclear de la República Argentina”, quedando a cargo de la CNEA la propuesta de modificaciones orgánicas, funcionales y administrativas necesarias a tal fin. Entre los objetivos particulares de la norma se incluía incrementar la producción de energía núcleo-eléctrica, contribuyendo al desarrollo del interior del país y a al ahorro de hidrocarburos, definiendo como políticas para su concreción promover el diseño y construcción de centrales nucleares para satisfacer la demanda futura de energía eléctrica e incluir en el Plan Energético Nacional la participación de la energía núcleo-eléctrica.
Posteriormente, el Decreto 302/79 hizo suyas las conclusiones de la Comisión Interministerial respecto del Plan Nuclear y dispuso la construcción de 4 centrales nucleares con sus instalaciones complementarias, autorizando a la CNEA y al Ministerio de Economía a realizar las gestiones y elevar los proyectos necesarios para su financiación y ejecución, así también como para promover la industria nuclear en general, proponiendo las modificaciones al Decreto-Ley N° 22477/56 que permitieran ajustarlo a las nuevas metas. En este sentido, el Decreto Nº 2441/79 autorizó a la CNEA a aceptar la oferta presentada por la empresa Kraftwerk Union Artiengesellschaft para participar en el desarrollo del Plan Nuclear y conformar junto con el Estado nacional una empresa de ingeniería bajo la forma de sociedad anónima, firmando para ello los contratos correspondientes.
A continuación, la Ley Nº 22179 (reglamentada por el Decreto Nº 1012/80) declaró de interés nacional las actividades relacionadas con la construcción y mantenimiento de la Central Atucha II y el Decreto Nº 1337/80 aprobó tanto los distintos contratos de cooperación técnica, garantías, servicios y suministros, como la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria denominada Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas Sociedad Anónima (ENACE), en la cual el %75 del capital accionario correspondía a la CNEA, y el %25 restante a la empresa Kraftwerk Union Artiengesellschaft, posteriormente Siemens AG. El objetivo de la empresa era prestar servicios de ingeniería y la dirección de proyectos relacionados con las centrales nucleoeléctricas.
En el marco del proceso de Reforma del Estado y, particularmente, la reconversión del Sector Eléctrico, el Decreto Nº 1540/94 dispuso la reorganización de las funciones a cargo de la CNEA, con el fin de diferenciar sus actividades de índole operativa de la actividad de generación nucleoeléctrica. Fue así que se crearon el Ente Nacional Regulador Nuclear como entidad autárquica de fiscalización y regulación de la actividad nuclear y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima como empresa para el desarrollo de la generación nucleoeléctrica en las Centrales Nucleares de Atucha I y Embalse de Río Tercero, y para la construcción, puesta en marcha y operación de la Central Nuclear de Atucha II. La CNEA debía transferir a las nuevas instituciones mencionadas las funciones, el personal, los activos y los contratos que correspondieran a la reorganización pretendida. Además, se transfirió al Estado nacional la titularidad de las acciones de ENACE, asignándose al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el ejercicio de sus derechos societarios y de gestión. Finalmente, se declaró sujeta a privatización la actividad de generación nucleoeléctrica, lo que involucraba la dirección y ejecución de obras de centrales nucleares que desarrollaba hasta entonces ENACE.
La vigencia estatutaria de la empresa se mantuvo hasta 1996, cuando la Asamblea de Accionistas decidió comenzar con su proceso de liquidación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 2394/92, efectuando el correspondiente relevamiento patrimonial conforme pautas del Decreto Nº 1836/94. Finalmente, mediante Resolución MECON Nº 796/00 se dio por concluida la liquidación.

Enrique Stein fue un caricaturista y periodista nacido en París, Francia, el 4 de octubre de 1843. Tuvo dos matrimonios. Primero, con Hortensia Amada Picard, con quien tuvo tres hijos: Enrique Daniel, Adela Corali y Enriqueta Margarita. Luego, se casó por segunda vez con María Alejandrina Adela Picard, con quien tuvo cuatro hijas: Anita Marta, Matilde Luisa Carmen, María Lucía y Margarita Carlota.

Stein se graduó como dibujante en 1865, en la Asociación Politécnica de Saint Denis. Un año después llegó a Buenos Aires, en donde en 1868 ingresó al periódico “El Mosquito” (1863-1893), fundado por su compatriota Henri Meyer. Desde 1872 comenzó a figurar como director y gerente del periódico y, en 1875, se convirtió en su director y propietario.

En 1874 y durante dos años, Stein empezó a colaborar simultáneamente como dibujante en el periódico “La Presidencia”. Las obras que realizaba para este medio fueron firmadas con las iniciales C.M. de Carlos Monet, un seudónimo que ya había utilizado en otras oportunidades. También publicó almanaques anuales; colaboró en el “Antón Perulero”, periódico satírico de literatura y política; “El Plata Ilustrado”, semanario de literatura, artes, modas y ciencias; “Revista Criminal”, publicación llevada adelante por la iniciativa de algunos miembros de la Policía de Buenos Aires cuyo fin era historiar y difundir los hechos delictivos de Buenos Aires; y en el periódico mexicano “La Orquesta”. Stein también ilustró libros como el de Joaquín de Vedia titulado Aventuras de un centauro en la América Meridional (1868); y dibujó retratos litografiados de personalidades argentinas, como la galería de presidentes y próceres de la independencia.

Ejerció como Profesor de dibujo natural en el Colegio Nacional desde 1882 y en los Cursos Libres de esa institución desde 1888.

En 1887 fue nombrado parte de la Comisión de la Exposición de París de 1887 junto a Ramón Cárcano, Adolfo E. Dávila, Eduardo Olivera, Leon Walls, Dr. Rafael Igarzábal, Fernando M. Perrone y Mauricio Mayer.

En 1890 le vendió el título del periódico a una sociedad anónima, que nombró a un nuevo editor responsable, aunque Stein continuó a cargo de la administración y de los grabados. Para 1892 su nombre ya no figuraba en la portada, pese a que continuó dibujando en apoyo de la candidatura presidencial de Luis Sáenz Peña.

Durante los primeros años del siglo XX, Stein fue propietario de una librería artística, casa “H. Stein”, que proveía de materiales al Estado a través de licitaciones públicas entre los años 1900 y 1911.

El 7 de agosto de 1894 fue nombrado por decreto como profesor de dibujo del Colegio Militar. Ejerció en el cargo un año, hasta el 4 de abril de 1895.

Tras cerrar “El mosquito”, se dedicó en forma exclusiva a la actividad comercial hasta su fallecimiento el 17 de enero de 1919.

Enrique Udaondo nació en Buenos Aires el 16 de junio de 1880. Hijo de Melitón Udaondo y de Adela Peña, fue el sexto de los ocho hijos del matrimonio. Cursó sus estudios en la Academia Británica y en el Instituto Sudamericano de Buenos Aires.

Fue historiador e investigó sobre la historia nacional argentina, tuvo a su cargo la organización del Museo de la Casa del Acuerdo de San Nicolás y estuvo al frente como Director, desde su fundación en 1923, del Museo Colonial e Histórico de la provincia de Buenos Aires. Fue vocal de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, y Académico de la Junta de Historia y Numismática Americana. En 1934 se desempeñó como presidente de la Exposición Retrospectiva de Arte Religioso, que se celebró en Buenos Aires con motivo del XXXII Congreso Eucarístico Internacional.

En 1941, en calidad del Director de Museo de Colonial e Histórico de la Provincia de Buenos Aires, donó al Estado los derechos de autor de su obra titulada “Significado Nomenclaturas Estaciones Ferroviarias de la República Argentina”. Dicha donación fue aceptada por el Decreto 107001.

Entre sus obras se pueden citar El significado del nombre de las plazas y calles de Buenos Aires (1910); Los Congresales de Tucumán (1916); Árboles históricos (1916); Uniformes usados en nuestros ejércitos con una reseña histórico militar (1922); La villa de Luján, en tiempos de la colonia y en la época de la República (1927); Acuerdos del Extinguido Cabildo de la Villa de Luján, años 1771 a 1790 (1930); La Casa de la Virreyna vieja y un episodio del año 1807: A propósito de un cuadro (1932); Diccionario biográfico nacional (1938); Diccionario biográfico colonial argentino (1945) y Reseña histórica del monasterio de Santa Catalina de Siena de Buenos Aires (1945). Como aficionado a la pintura y al dibujo, Udaondo realizó algunos retratos de próceres y planos de batallas.

El alemán Ernesto Enrique Rodolfo Bösenberg, más conocido como Rodolfo Bösenberg, nació el 21 de diciembre de 1848 en Wettmar (Hannover), ciudad cuyo observatorio fijaba la hora oficial alemana. Era de profesión maestro relojero. Emigró al Río de la Plata y contrajo matrimonio con Johanna Kost, con la que tuvo siete hijos, de los cuales seis llegaron a la adultez: cuatro mujeres y dos varones. De religión protestante, según se desprende de los datos consignados en el censo de 1895, se dedicaba a los instrumentos de medición, a la óptica y a la astronomía. Sabía usar el telescopio, la brújula, el sextante, interpretar los mapas, hacer las correcciones por la desviación del norte magnético y el geográfico y manejaba los secretos del arte de reparar y regular cronómetros marinos.

En 1857, Bartolomé Mitre promovió la firma de un decreto por el cual todos los relojes públicos y de las oficinas del Estado debían ajustarse a la hora tomada en el observatorio astronómico ubicado en las torres de la Iglesia de la Merced que años atrás habían montado Adolfo Jaeggli e Isidoro Diavet. Así, el 12 de marzo de 1859 y a partir del meridiano de la ciudad, se fijó por primera vez la hora oficial, que también se transmitía a los buques a través de señales visuales. No obstante, el observatorio pronto quedó abandonado, y la viuda de Jaeggli y su hijo, menor de edad, decidieron confiar estas instalaciones y la relojería a Rodolfo Bösenberg quien contribuyó en el mantenimiento del observatorio hasta 1885, fecha en la que fue desmantelado porque esta función recayó en la Marina.

En la década de 1880 consiguió la autorización oficial para llevar adelante sus actividades a través del Departamento de Obras Públicas y más tarde, en 1884, fue convocado por Benjamín Victorica, en su condición de Ministro de Guerra durante la primera presidencia de Roca, para ocupar el cargo de mecánico del Departamento de Marina. Finalmente, fue designado cronometrista en la misma fuerza.

Después de veintiséis años de servicios se jubiló y retomó su antiguo trabajo, el comercio de relojería y el taller de joyería y grabados, especializándose en cronómetros y relojes de pared y de sobremesa.

En 1912 abrió un local en la calle de la Piedad número 614. Además, fue socio fundador de la Sociedad Cosmopolita de Relojeros, Joyeros y Plateros, colaboró como socio del Centro y del Asilo Naval, fue miembro de la Congregación Evangélica de Buenos Aires y vocal en su Comisión Directiva y se destacó como hermano de la Logia Teutonia.

Murió en Buenos Aires el 14 de octubre de 1913.

Ezequiel Federico Bustillo (o Exequiel Bustillo como figura en el censo de 1895), nació en Buenos Aires el 13 de marzo de 1893. Hijo de María Luisa Madero y de José María Bustillo, perteneció a una familia tradicional porteña de largo arraigo en América. Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como abogado en 1917. Formó parte del Partido Conservador y ocupó una banca como Diputado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires entre 1924 y 1927.

Conoció la Patagonia como consecuencia de su participación en la expedición militar al sur de fines de la década de 1870, según relato él mismo en su libro El despertar de Bariloche. En 1931 viajó a la zona del lago Nahuel Huapi en compañía de su mujer, Susana Rodríguez Alcorta, y de sus cuñados, hospedándose en la Estancia Huemul. Para el otoño de 1931 ya se había asentado, adquiriendo dos lotes pastoriles de 1.250 hectáreas a los que llamó “Cumelén”. Bustillo fue uno de los primeros argentinos en advertir la función del turismo como impulsor del crecimiento económico.

Durante la Presidencia de Marcelo T. de Alvear, el 14 de abril de 1924 mediante el decreto 361, se reconoció oficialmente a la Comisión Pro Parque Nacional del Sud (una de las primeras zonas naturales protegidas, futuro Parque Nacional Nahuel Huapi), una organización creada por ciudadanos particulares cuyo objetivo fue la defensa y protección de la zona del parque, como así también el fomento del turismo hacia la zona. El día 6 de junio de 1933 mediante el decreto PEN 22.855 se nombró a Bustillo, entre otros, como miembro de dicha comisión.

En 1934 mediante el decreto PEN 42.386 se designó a Ezequiel Bustillo como presidente de la Comisión de Parques Nacionales debido al fallecimiento de Ángel Gallardo. En octubre de ese mismo año se sanciona la Ley nacional N.º 12.103, redactada sobre un proyecto de autoría de Bustillo. La norma creó la Dirección de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura (Art. 1º). Mediante la ley, este cuerpo se conformó por un Presidente, designado por acuerdo del Senado, y ocho directores nombrados por el Poder Ejecutivo sin remuneración (Art. 2º). El artículo 7º establecía que “podrá declararse parques o reservas nacionales aquellas porciones del territorio de la Nación que por su extraordinaria belleza, o en razón de algún interés científico determinado, sean dignas de ser conservadas para uso y goce de la población de la República.” La ley creó el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Iguazú. Así, la Argentina se convirtió en el tercer país americano, después de Estados Unidos y de Canadá, en conservar la riqueza de su flora y de su fauna. Mediante el decreto 50.470 publicado en el Boletín Oficial el 2 de febrero de 1935 el Presidente de la Nación, Agustín P. Justo nombró a Bustillo como Presidente de la Dirección de Parques Nacionales y, luego del acuerdo del Senado lo confirmó en su cargo el día 12 de enero de 1935 firmando el decreto 54.678.

En 1938 Bustillo fundó la primera Oficina Nacional de Promoción al Turismo Argentino, sin descuidar la Dirección de Parques Nacionales, desde donde trabajó en su arreglo e infraestructura. Construyó edificios para el funcionamiento administrativo del parque Nahuel Huapi inauguró, el 25 de mayo de 1936, el edificio de la Intendencia, y luego, las casas de los guardaparques, a los que dividió en distintas secciones: Villa Mascardi, Huemul, Villa Traful, Espejo, Frías, Brazo Rincón y Villa La Angostura. Organizó el servicio forestal, instaló una estación zootécnica en la Isla Victoria, trazó caminos y carreteras en territorios que, hasta ese momento, eran impenetrables; y construyó depósitos, talleres, muelles, usinas, escuelas primarias y de artes y oficios, hospitales, salas de primeros auxilios, estaciones de ferrocarril, estaciones meteorológicas, estaciones de radio e iglesias, en los pueblos de Iguazú, Villa la Angostura, San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche. Como una de sus metas era la expansión de la actividad turística, emprendió el proyecto de erigir un hotel internacional de alto nivel en la ciudad de Bariloche: el Llao Llao con vista al lago y al Puerto Pañuelo. Encargó la construcción a su hermano, el arquitecto y pintor Alejandro Bustillo, autor también del diseño de la Catedral barilochense. La inauguración tuvo lugar el 8 de enero de 1938. Un año después, el 29 de octubre de 1939, se desató un incendio que lo redujo a cenizas. El Director presentó su dimisión, pero fue confirmado en su cargo. Inmediatamente y tras solicitar fondos para emprender la reconstrucción, se trasladó a San Carlos de Bariloche. Liquidó el seguro, removió los escombros y rehizo los planos. El 12 de diciembre de 1940 el Hotel abrió nuevamente sus puertas.

Ezequiel Bustillo se retiró de su puesto en 1944, pero siguió dictando conferencias y concientizando sobre la necesidad de preservar las reservas naturales.

Falleció en Buenos Aires el 22 de mayo de 1973.

La familia Alcorta es de origen vizcaíno, vivió en Santiago del Estero y luego en Buenos Aires. Se dedicaron al comercio y las finanzas, pero también ocuparon cargos en la función pública a lo largo de tres generaciones.

La familia Anchorena tiene su origen en Pamplona, capital del antiguo Reino de Navarra. Se instaló en el Río de la Plata en 1751 con el arribo de Juan Esteban Anchorena.
Durante la segunda mitad de siglo XVIII y primeros años del siglo XIX se desempeñó en la actividad mercantil y luego de 1810 volcó sus activos hacia los negocios agropecuarios. En menor medida, los miembros de la familia participaron en la función pública y en la actividad política.
Durante el siglo XX fue una de las grandes propietarias de tierras rurales del país hasta la lenta fragmentación de su patrimonio inmobiliario, que se produjo con posterioridad a la década de 1930.

La familia Basavilbaso tiene su origen en Bilbao, capital de la provincia de Vizcaya. Se instaló en el Río de la Plata con la llegada de Domingo Basavilbaso en 1727.
A lo largo del siglo XVIII se dedicó a la actividad mercantil y a la administración del sistema postal en el Virreinato del Río de la Plata. Asimismo, los miembros de la familia ocuparon diversos cargos públicos.

La familia Reyes era oriunda de la provincia argentina de la Rioja. Marcelino Reyes y su hijo César ocuparon diversos cargos públicos en dicha provincia.