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El Gobierno provisional surgido del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 se propuso como tarea la investigación de las posibles irregularidades producidas durante la gestión de los dos primeros gobiernos de Juan D. Perón, para la cual creó por Decreto–ley Nº 479/55 la Comisión Nacional de Investigaciones.
Esta Comisión dependía directamente de la Vicepresidencia de la Nación, tenía amplias atribuciones para llevar adelante sus procedimientos, pudiendo crear comisiones específicas para investigar las distintas dependencias de la administración o, incluso, personajes ligados al Gobierno peronista. Asimismo, podían intervenir en jurisdicciones provinciales y municipales, coordinando con las autoridades correspondientes sus trabajos; los interventores federales, para terminar, debían crear Comisiones provinciales que reportarían sus conclusiones a la Nacional.
Por otro lado, por Decreto–ley 5.148/55 se creó la Junta de Recuperación Patrimonial, a los efectos de “restituir a la Nación los bienes materiales e inmateriales” de los que hubiera sido desposeída por la anterior Administración. Se dictó un acto de interdicción masivo sobre personas y empresas ligadas al gobierno precedente, debiendo ellos justificar el incremento de su patrimonio desde el 4 de junio de 1943: el listado podía ser ampliado por la Junta una vez en funciones.
Según estableció el Decreto–ley 2.603/55, antes “de decidir la situación de cada sociedad o persona interdicta” la Junta debía dar vista a la Comisión Nacional de Investigaciones a los efectos de que ésta suministrara los “elementos de juicio” para resolver la situación. Resoluciones que, conforme al Decreto-ley Nº 5.148/55, podían apelarse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, razón por la cual parte del material puede hallarse incorporado a causas gestionadas en ese fuero.
Finalmente, por Decreto–ley 6.134/56 y “visto lo propuesto por la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial” se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que “seleccione y amplíe los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles” interdictas por la Junta, representando a los intereses del Estado ante la Junta de Recuperación Patrimonial.
La Fiscalía, dado el Decreto–ley 6.132/56 que hacía cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, se transformó en la depositaria del material producido por esa Comisión y, eventualmente, en la continuadora de las funciones de investigación de la misma. Funciones que, luego de varios reordenamientos técnico – administrativos, llevó adelante hasta el año 1958.
El tercer organismo que se relaciona con el funcionamiento institucional de la Fiscalía de Recuperación Patrimonial es la Comisión Liquidadora Ley 19.980/56, creada por Decreto–ley 8.124/57 y cuya función principal era la de concretar en forma inmediata la transferencia de los bienes enajenados a los interdictos en virtud de sentencia firme de la Junta de Recuperación Patrimonial en cuyo accionar, como ya dijimos, la Fiscalía representaba al Estado.
La Comisión Nacional de Investigaciones, la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial y la Fiscalía Nacional de Recuperación Nacional cesaron su accionar en 1967. En tanto que la Comisión Liquidadora finalizó sus actividades por el Decreto presidencial Nº 8.285/67. Sus funciones y, en consecuencia, las residuales de los otros tres entes para las cuestiones pendientes ante la justicia, pasaron a ser ejercidas por la Secretaría General de la Presidencia.

Fuad Jorge Jury Olivera, hijo de Manuela Carmen Olivera Garcez, conocido como Leonardo Favio, nació en Las Catitas, departamento Santa Rosa en la provincia de Mendoza el 28 de mayo de 1938.

Fue actor, cineasta, guionista, cantante, músico y compositor.

Comenzó su carrera haciendo participaciones en radioteatros. En 1958, trabajó de extra en la película “El Ángel de España”, del cineasta peruano-argentino Enrique Carreras. Posteriormente participó como actor de filmaciones como “El secuestrador” (1958) y “Fin de fiesta” (1960).

Su primer trabajo como Director fue con el cortometraje “El amigo” (1960). En 1965 estrenó su ópera prima “Crónica de un niño solo” con la que ganó el premio de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica y Mejor película en el Festival Internacional de Mar del Plata.

En 1968, ganó el Cóndor de Plata a la mejor película con el film “El romance de Aniceto y la Francisca de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más…”. Del mismo modo, en 1994 recibió el premio Goya a la mejor película Iberoamericana por “Gatica, el mono”, película de 1993.

Leonardo Favio a lo largo de su vida dirigió varias obras, entre ellas: El dependiente (1969), Juan Moreira (1973), Nazareno Cruz y el lobo (las palomas y los gritos) (1975); Soñar, soñar (1976), el documental Perón, sinfonía de un sentimiento (1999) y Aniceto (2008).

El 6 de diciembre de 2005, mediante la sanción de la ley 1888 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y el 5 de noviembre de 2010, mediante el Decreto 1609 fue declarado “Embajador de la Cultura”.

Falleció el 5 de noviembre de 2012.

La Fundación “Eva Perón” fue creada el 19 de junio de 1948 y se le otorgó personería jurídica por Decreto Nº 20564/48, según expediente 8575/48 de la Inspección General de Justicia. Luego, a su función de orden público e interés nacional se le sumó el fomento del turismo social que desarrollara el Instituto Nacional de Remuneraciones (Ley 13992/50).
La Fundación venía a relevar en su papel al de la Sociedad de Damas de Beneficencia, la cual fue intervenida por Decreto 9414/46 y finalizó su vida institucional como una dependencia de Dirección de Asistencia Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión.
No obstante no ser específicamente una dependencia más del Poder Ejecutivo Nacional, las relaciones eran estrechas con alta participación de funcionarios, personal y equipamiento estatal de la misma desarrollando una función de orden público e interés nacional y persiguiendo los fines de ayudar en dinero o en especies, proveer elementos de trabajo, conceder becas de estudios universitarios y especializados, construir viviendas y establecimientos educacionales, hospitalarios, recreativos o de descanso y beneficios de toda índole para los sectores sociales más necesitados. Fallecida su primer presidenta, Eva Duarte, en 1952, se reorganizó su estructura y modificaron los procedimientos administrativos, pasando a denominarse Instituto Nacional de Asistencia Social.
La Fundación fue disuelta por Decreto N° 11.922/56, distribuyéndose sus funciones y establecimientos entre los Ministerios de Asistencia Social y Salud Pública y de Educación y Justicia, así como entre gobiernos municipales y provinciales, según correspondía, mientras que las obras en desarrollo quedaron bajo la tutela del Ministerio de Hacienda.

La familia Basavilbaso tiene su origen en Bilbao, capital de la provincia de Vizcaya. Se instaló en el Río de la Plata con la llegada de Domingo Basavilbaso en 1727.
A lo largo del siglo XVIII se dedicó a la actividad mercantil y a la administración del sistema postal en el Virreinato del Río de la Plata. Asimismo, los miembros de la familia ocuparon diversos cargos públicos.

La familia Anchorena tiene su origen en Pamplona, capital del antiguo Reino de Navarra. Se instaló en el Río de la Plata en 1751 con el arribo de Juan Esteban Anchorena.
Durante la segunda mitad de siglo XVIII y primeros años del siglo XIX se desempeñó en la actividad mercantil y luego de 1810 volcó sus activos hacia los negocios agropecuarios. En menor medida, los miembros de la familia participaron en la función pública y en la actividad política.
Durante el siglo XX fue una de las grandes propietarias de tierras rurales del país hasta la lenta fragmentación de su patrimonio inmobiliario, que se produjo con posterioridad a la década de 1930.

La familia Alcorta es de origen vizcaíno, vivió en Santiago del Estero y luego en Buenos Aires. Se dedicaron al comercio y las finanzas, pero también ocuparon cargos en la función pública a lo largo de tres generaciones.

Felipe Benicio Arana Andonaegui nació en Buenos Aires el 23 de agosto de 1786. Hijo de Joaquín Arana y de Mercedes de Andonaegui, estudió en el Real Colegio de San Carlos y se doctoró en jurisprudencia en la Universidad de San Felipe Neri en Chile. Ya en Buenos Aires se matriculó para ejercer como abogado. Se casó con Pascuala Beláustegui.

El 22 de mayo de 1810 Arana fue nombrado como miembro parte del Cabildo Abierto, mediante Acta del Congreso General, firmada por Juan José Lezica, Martín Gregorio Yaniz, Manuel Mancilla, Manuel José de Ocampo, Juan de Llano, Jaime Nadal y Guarda, Andrés Domínguez, Tomás Manuel de Anchorena, Santiago Gutiérrez, Julián de Leiva, el Licenciado y Escribano Público del Cabildo, Justo José Núñez.

En su número 27 de 1815 la Gaceta de Buenos Aires publicó el aviso de nombramiento de Arana como miembro suplente de la Junta de Observación. Tras la caída del director supremo Carlos María de Alvear, el Ayuntamiento lo designó ese mismo año en la llamada Comisión de Secuestro, encargada de la investigación de las causas abiertas contra Juan Larrea y Guillermo White, acusados ambos de abuso de poder y otros ilícitos. Asimismo, integró como vocal desde el 4 de noviembre de ese mismo año la Junta Protectora de la Libertad de Imprenta, por normativa del Ministerio de Gobierno.

El primero de agosto de 1827, el Departamento de Gobierno lo designó representante por la ciudad y territorio de la Provincia de Buenos Aires.

El 21 de diciembre de 1833, por órdenes del Ministerio de Gobierno, comenzó a desempeñarse como camarista de la Junta Especial de Ciudadanos, Teólogos Canonistas y Juristas, asesorando al gobierno en materia de derecho eclesiástico.

Asimismo, el 30 de abril de 1835 Arana asumió el cargo de Ministro Secretario de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina. Para el 12 de noviembre del mismo año, el Ministerio de Relaciones Exteriores extiende su alcance como ministro Plenipotenciario ad-hoc con el fin de articular una convención sobre el tráfico de esclavos y aclarar varios artículos del tratado del 2 de febrero de 1825. En este sentido, el primero de mayo de 1839, la misma institución lo convoca con los mismos poderes para crear una convención para asegurar la abolición del tráfico de esclavos. El 24 de mayo de ese año finalmente Arana logra la firma del tratado con Gran Bretaña para la absoluta abolición de la práctica.

Como ministro, Arana concretó el 29 de octubre de 1840 la firma del Tratado Arana – Mackau, luego de la convención celebrada por el Gobierno de Buenos Aires junto al Vice-almirante francés, Baron de Mackau, para el arreglo de las diferencias existentes entre sus respectivos países. En este acuerdo quedaron reconocidas por el Gobierno de Buenos Aires las indemnizaciones debidas a los franceses que hayan experimentado pérdidas o hayan sufrido perjuicios en el territorio argentino. Así también, se acordó el fin del bloqueo de los puertos argentinos y la evacuación de la Isla de Martín García de las fuerzas francesas, entre otros puntos.

El 24 de noviembre de 1849 el Ministerio de Relaciones Exteriores decretó la efectivización de la Convención de Paz y Amistad celebrada por su representante Felipe Arana con su par de Gran Bretaña. De ella nació el Tratado Arana-Southern que sería imitado el 31 de agosto de 1850 con el Tratado Arana-Lepredour, llevado a cabo entre el ministro y el representante del gobierno francés. Durante su mandato, Arana supo concretar también el reconocimiento de la independencia de la República Argentina por parte de varios países.

Luego de la renuncia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Vicente López, el 26 de julio de 1852 el Directorio Provisorio de la Confederación Argentina nombra a Felipe Arana camarista del Consejo de Estado y el 24 de agosto del mismo año como consultor para la redacción del código penal de la Comisión Codificadora en materia Civil, Penal, de Comercio y Procedimientos. Por su parte, el mismo año su esposa fue nombrada por decreto del Ministerio de Gobierno del 7 de agosto como parte de la Sociedad de Beneficencia.

Felipe Arana falleció en Buenos Aires.

Ferrocarriles Argentinos fue una empresa estatal que existió con ese nombre entre 1968 y 1995.
Sus antecedentes pueden ubicarse en la Administración General de Ferrocarriles del Estado, creada como ente autárquico en 1909 (ley 6757) encargado de gestionar los trenes de propiedad estatal.
Dicha Administración fue liquidada en 1947 cuando fueron nacionalizados todos los ferrocarriles de propiedad privada del país.
A partir de entonces, los ferrocarriles quedaron bajo la órbita de la Empresa Nacional de Transportes, que fue liquidada en 1958 cuando se creó la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentina (EFEA).
En 1968 esta empresa adoptó el nombre de Ferrocarriles Argentinos, cuyo funcionamiento fue reglamentado por la ley 18.360 de 1969.
En la década de 1990, cuando se implementó la reforma del Estado, la empresa se dividió entre FEMESA y Ferrocarriles Argentinos mientras la red ferroviaria comenzó a ser concesionada y muchos de sus servicios fueron cancelados. Finalmente, en 1995 Ferrocarriles Argentinos entró en estado de liquidación (Decreto 1039/95).

Enrique Udaondo nació en Buenos Aires el 16 de junio de 1880. Hijo de Melitón Udaondo y de Adela Peña, fue el sexto de los ocho hijos del matrimonio. Cursó sus estudios en la Academia Británica y en el Instituto Sudamericano de Buenos Aires.

Fue historiador e investigó sobre la historia nacional argentina, tuvo a su cargo la organización del Museo de la Casa del Acuerdo de San Nicolás y estuvo al frente como Director, desde su fundación en 1923, del Museo Colonial e Histórico de la provincia de Buenos Aires. Fue vocal de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, y Académico de la Junta de Historia y Numismática Americana. En 1934 se desempeñó como presidente de la Exposición Retrospectiva de Arte Religioso, que se celebró en Buenos Aires con motivo del XXXII Congreso Eucarístico Internacional.

En 1941, en calidad del Director de Museo de Colonial e Histórico de la Provincia de Buenos Aires, donó al Estado los derechos de autor de su obra titulada “Significado Nomenclaturas Estaciones Ferroviarias de la República Argentina”. Dicha donación fue aceptada por el Decreto 107001.

Entre sus obras se pueden citar El significado del nombre de las plazas y calles de Buenos Aires (1910); Los Congresales de Tucumán (1916); Árboles históricos (1916); Uniformes usados en nuestros ejércitos con una reseña histórico militar (1922); La villa de Luján, en tiempos de la colonia y en la época de la República (1927); Acuerdos del Extinguido Cabildo de la Villa de Luján, años 1771 a 1790 (1930); La Casa de la Virreyna vieja y un episodio del año 1807: A propósito de un cuadro (1932); Diccionario biográfico nacional (1938); Diccionario biográfico colonial argentino (1945) y Reseña histórica del monasterio de Santa Catalina de Siena de Buenos Aires (1945). Como aficionado a la pintura y al dibujo, Udaondo realizó algunos retratos de próceres y planos de batallas.

Enrique Stein fue un caricaturista y periodista nacido en París, Francia, el 4 de octubre de 1843. Tuvo dos matrimonios. Primero, con Hortensia Amada Picard, con quien tuvo tres hijos: Enrique Daniel, Adela Corali y Enriqueta Margarita. Luego, se casó por segunda vez con María Alejandrina Adela Picard, con quien tuvo cuatro hijas: Anita Marta, Matilde Luisa Carmen, María Lucía y Margarita Carlota.

Stein se graduó como dibujante en 1865, en la Asociación Politécnica de Saint Denis. Un año después llegó a Buenos Aires, en donde en 1868 ingresó al periódico “El Mosquito” (1863-1893), fundado por su compatriota Henri Meyer. Desde 1872 comenzó a figurar como director y gerente del periódico y, en 1875, se convirtió en su director y propietario.

En 1874 y durante dos años, Stein empezó a colaborar simultáneamente como dibujante en el periódico “La Presidencia”. Las obras que realizaba para este medio fueron firmadas con las iniciales C.M. de Carlos Monet, un seudónimo que ya había utilizado en otras oportunidades. También publicó almanaques anuales; colaboró en el “Antón Perulero”, periódico satírico de literatura y política; “El Plata Ilustrado”, semanario de literatura, artes, modas y ciencias; “Revista Criminal”, publicación llevada adelante por la iniciativa de algunos miembros de la Policía de Buenos Aires cuyo fin era historiar y difundir los hechos delictivos de Buenos Aires; y en el periódico mexicano “La Orquesta”. Stein también ilustró libros como el de Joaquín de Vedia titulado Aventuras de un centauro en la América Meridional (1868); y dibujó retratos litografiados de personalidades argentinas, como la galería de presidentes y próceres de la independencia.

Ejerció como Profesor de dibujo natural en el Colegio Nacional desde 1882 y en los Cursos Libres de esa institución desde 1888.

En 1887 fue nombrado parte de la Comisión de la Exposición de París de 1887 junto a Ramón Cárcano, Adolfo E. Dávila, Eduardo Olivera, Leon Walls, Dr. Rafael Igarzábal, Fernando M. Perrone y Mauricio Mayer.

En 1890 le vendió el título del periódico a una sociedad anónima, que nombró a un nuevo editor responsable, aunque Stein continuó a cargo de la administración y de los grabados. Para 1892 su nombre ya no figuraba en la portada, pese a que continuó dibujando en apoyo de la candidatura presidencial de Luis Sáenz Peña.

Durante los primeros años del siglo XX, Stein fue propietario de una librería artística, casa “H. Stein”, que proveía de materiales al Estado a través de licitaciones públicas entre los años 1900 y 1911.

El 7 de agosto de 1894 fue nombrado por decreto como profesor de dibujo del Colegio Militar. Ejerció en el cargo un año, hasta el 4 de abril de 1895.

Tras cerrar “El mosquito”, se dedicó en forma exclusiva a la actividad comercial hasta su fallecimiento el 17 de enero de 1919.