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Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 44 "Transportes Automotores, Villalonga, Furlong y Corporación de Transportes" fue creada para investigar las irregularidades producidas en la gestión de las empresas de transporte aludidas, reemplazando en la labor a una comisión anterior que funcioara en los últimos meses de 1955. Estaba integrada por un presidente, siete vocales y tres subcomisiones (Transportes de Buenos Aires; Furlong y Villalonga; Transportes Automotores). Se investigaron presuntos casos de compras, obras y contrataciones indebidas, provisión irregular de elementos e insumos a otras instituciones, pago de sueldos a personal que no prestaba servicio, pago de horas extras sin cumplimiento efectivo, desvío de recursos, organización de grupos de choque, delaciones, sabotaje y persecuciones por cuestiones políticas. A esto se le sumarían indagaciones por contabilidad atrasada, falta de control e inventarios, incompetencia administrativa y desorganización del servicio.
La comisión investigó sobre locales de la empresa que hubiere prestado y/o transportes de Buenos Aires, cedidos a terceros, sobre el personal de la empresa que hubiere prestado servicios en entidades no oficiales, sobre transferencias de colectivos a personal de Transportes de Buenos Aire, sobre reparaciones a título oneroso o gratuito de vehículos de propiedad particular o de entidades ajenas ACTBA o ATBA, sobre prestación de servicios de transportes de pasajeros y cargas con carácter gratuito, la venta de la línea de ómnibus 17 de octubre, la cesión sin cargo de locales al Partido Peronista femenino.
Finalmente, se aconsejó concentrar la responsabilidad y las sanciones en los administradores de las distintas entidades involucradas, sugiriendo cesantías y exoneraciones.
La comisión trabajó durante 46 días.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 43 "Enriquecimiento ilícito de Ex - Legisladores" fue creada para investigar el incremento patrimonial experimentado por los legisladores oficialistas entre 1946 y 1955. Estaba integrada por un presidente y dos vocales. La hipótesis de la Comisión era que dichos legisladores aprovecharon la posición que les daba su cargo y su pertenencia al partido de gobierno para obtener beneficios, privilegios y prebendas. Por otro lado, se indagó en lo que se postuló como un sistema de organización del parlamento tendiente a la designación vertical de los representantes, desvinculada del electorado y supeditación del Poder Legislativo al Ejecutivo. Finalmente, se concluyó que las condiciones generadas impactaron negativamente en el desenvolvimiento de las actividades del Congreso.
Los casos investigados tuvieron los siguientes destinos: remitidos al Poder Judicial; elevados para su prosecusión por otros organismos; pasados a archivo.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 41 "Ministerio de Transportes" fue creada para investigar presuntas irregularidades producidas en el ámbito del Ministerio en cuestión. Estaba integrada por un presidente y tres vocales. Se indagó principalmente sobre licitaciones y obras, aunque el rol más destacado de la entidad fue ejercer la coordinación de otras comisiones dedicadas a la rama de transportes, a saber: Transportes Automotores (N° 44), Aerolíneas Argentinas (N° 37), Transportes por Agua dependientes del Ministerio de Transportes y de Dirección de Marina Mercante (N° 27), Ferrocarriles (N° 28) y Dirección Nacional de Puertos (N° 57).
Los casos investigados tuvieron los siguientes destinos: elevados para su prosecusión por otros organismos; pasados a archivo.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 40 "Organismos dependientes hasta el 16/09/55 de Presidencia de la Nación" fue creada para investigar presuntas irregularidades producidas en organismos del área de la Presidencia de la Nación. Estuvo integrada por un presidente y tres vocales. En 1956 la Comisión Investigadora N° 31, encargada de actuar en lo que involucraba a la Ex – Secretaría de Asuntos Técnicos absorbió también las tareas de la Comisión N° 40.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 39 "Ex - Fundación Eva Perón / Instituto Nacional de Ación Social" fue creada con el objeto de investigar las posibles irregularidades cometidas por intermedio de la Fundación Eva Perón. Estaba integrada por un Presidente, un Secretario, dos vocales y dos subcomisiones: Compras y Suministros del Estado. Se señaló por sobre todo la discresionalidad en el manejo de fondos públicos que habilitaba el entramado legal bajo el cual funcionaba la entidad, de status formalmente privado a pesar de su estrecha relación con el sector público, la intromisión en actividades que correspondían a ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, adquisiciones excesivas o indebidas, dotación de personal desmedida, préstamos indebidos, desvío y malversación de fondos.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 38 "Empresas Tricerri, C.O.F.S.A. y otras conexas" fue creada para investigar las actividades de la empresa de referencia, particularmente en lo respectivo a la comercialización de granos. Se investigó particularmente al titular del grupo, Silvio Tricerri, por colusión con Miguel Miranda, Presidente del Banco Central de la República Argentina y del Consejo Económico, en el presunto desarrollo de negocios sin observancia de las normas y controles.
Inmediatamente, el trabajo de esta comisión fue absorbido por la Comisión N° 14 "Gestión Económico-financiera Banco Central y Organismos Comercializadores".

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 36 "Ministerio de Obras Públicas" se centró en irregularidades cometidas en la gestión del ministerio de referencia. Estuvo integrada por un presidente y 4 vocales, y para profundizar en la tarea se crearon las siguientes subcomisiones: Obras Sanitarias, Arquitectura, Vialidad Nacional, Aeropuerto Ezeiza, Materiales y Planteles, Construcciones Portuarias y Vías Navegables, Sumarios. Se analizaron posibles casos de malversación de fondos, desvío de recursos e inversión injustificada. La investigación más exhaustiva la insumió todo lo referente a las obras, trabajos y actividades involucrados en la construcción del Aeropuerto Ezeiza dentro de la zona expropiada a tal fin.
El trabajo realizado al respecto fue dividido en 9 partes:

1-antecedentes legales y administrativos del período 1935-1943; 2-ubicación, zona expropiada, actuaciones generales, mensura y valor de la expropiación; 3- zona expropiada, actuaciones generales; 4- Aeropuerto de Ezeiza, planta funcional;5-Autopista;6-Obras, trabajos y actividades ajenas al Aeropuerto de Ezeiza efectuados en el excedente de la superficie expropiada;7-Obras y trabajos para terceros efectuados fuera de la zona expropiada de Ezeiza;8-Inversiones efectuadas en la zona del aeropuerto de Ezeiza;9-Autorización para la construcción de las obras del Aeropuerto Nacional.
Los casos investigados tuvieron los siguientes destinos: remitidos al Poder Judicial; elevados para su prosecución por otros organismos; pasados a archivo.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 35 "F.O.C.A.S.A. y Ley N° 14122" estaba integrada por un presidente y cinco vocales.
Se avocó a la investigación de la liquidación de las sociedades del Grupo Bemberg dispuesta por la ley mencionada, junto con sus antecedentes, con el fin de demostrar que el gobierno vigente al momento había fraguado un plan para perjudicar a la familia Bemberg, subordinando y manipulando para ello al Poder Judicial. El proceso habría sido ejecutado por un consejo integrado por el Ministro de Asuntos Políticos, Román Subiza, los presidentes de los Partidos Peronistas Masculino y Femenino, Sr. Teisaire y Sra. de Parodi, y el Secretario General de la Confederación General del Trabajo. Los principales beneficiarios del plan habrían sido la Fundación Eva Perón y la Federación de Obreros Cerveceros y Afines. En el caso de los segundos, el beneficio iba a ver la entrega de las distintas fábricas del Grupo Bemberg correspondientes a la rama y en proceso de liquidación, promesa que no se concretó.
A fines de agosto 1952, el ex juez Doctor Segovia había dictado resoluciones declarando expresamente excluidas de los alcances de la ley número 14122 a varias sociedades que luego fueron investigadas: Invernadas San Sebastián, Colonias y Estancias El Rodeo, Vivina Fomel, Malteria y Cervecería de Los Andes, Cervecería Schlau, Cervecería del Norte, entre otras.

También se investigó la adquisición de la manufactura Algodonera Argentina por parte del estado.
En relación con dicha investigación, se indagó a su vez en lo actuado a partir de la expropiación de las propiedades de la familia Bemberg que no fueron alcanzadas por la incumbencia de la ley 14122.
Por otra parte, se investigó a la Dirección General Impositiva y su accionar en la liquidación del grupo Bemberg. Por último, se investigaron las comisiones liquidadoras de las sociedades.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 34 "Ministerio de Trabajo y Previsión" estaba compuesta por un presidente, cuatro vocales y una secretaria administrativa. Se crearon las siguientes subcomisiones: Caja Nacional de Previsión Social para el Personal de Navegación, Caja Nacional de Previsión Personal del Estado, Caja Nacional de Previsión Personal Ferroviario, Caja Nacional Personal Industria, Caja Nacional Servicios Públicos, Caja Nacional de Previsión Personal Comercio, Caja Nacional de Previsión Personal Periodismo y Caja Nacional de Previsión Personal Bancario, Dirección General de Préstamos, Dirección General de Mutualidades, Dirección General de Asistencia Social para Ferroviarios.
Se investigaron defraudaciones en la gestión de las cajas de previsión, del Instituto de Inversiones, de las mutuales, de la medicina social y acciones de presunto espionaje y delación por parte de la Secretaría de Enlace con Defensa Nacional. Se habrían comprobado irregularidades en el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, malversación de fondos de mutuales, financiamiento indebido de viajes a congresos, falsificación de facturas y constitución de sociedades falsas para realizar trabajos de reparación, adulteración de informes médicos para acceder a beneficios. Se menciona a la Confederación General del Trabajo como partícipe necesario de muchas de estas situaciones.
Los casos investigados tuvieron los siguientes destinos: remitidos al Poder Judicial; elevados para su prosecusión por otros organismos; pasados a archivo.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 33 "Dirección de Aduana y Contrabando" estaba integrada por un presidente, un secretario y dos vocales. Sucedió a una comisión anterior de corta duración que, según las autoridades de la nueva organización, prácticamente no habían realizado avances. Se investigaron irregularidades relacionadas con contrabando aéreo y marítimo, importaciones efectuadas indebidamente, retiro de mercaderías sin documentar y sin pago de derechos. Las responsabilidades determinadas por la Comisión se remiten en primera instancia al mismo Presidente de la Nación y sus colaboradores más cercanos, continuando con numerosos funcionarios del Poder Ejecutivo de alto nivel (ministros y secretarios), así como los correspondientes al área de Aduanas, oficiales de las fuerzas armadas, todos ellos en un marco general de "descomposición administrativa" respecto de la observancia de las normas y cumplimiento de los controles.
La comisión investigó a los siguientes ex funcionarios como partícipes directos o indirectos en presuntas irregularidades: Gómez Morales, (ex Ministro de Asuntos Económicos), Revestido (de Finanzas), Nicolini (de Comunicaciones), Santos (de Industria), Camillo (de Salud), Panalea (Ex Gerente Gral. Del Banco Central de la República Argentina y luego Ministro de Finanzas), Jorge Antonio, Mielasquia como Directores de Aduanas o Administradores de la Aduana de la Capital, un ex Inspector General de la misma, un ayudante de Secretario de Perón y dos jefes de Aeronáutica militar; Atilio Renzi, el ayudante de Perón Mayor Alfredo Renner, Secretaría de Prensa y difusión Raúl A. Apold, Leon Bouché, el Secretario Gral de dicha Secretaría Adolfo Saravia. Se investigaron las causas mediante la comparecencia y declaraciones individuales y requiriendo la documentación complementaria.