Los antecedentes de la Compañía Azucarera las Palmas se encuentran en el Ingenio Las Palmas, fundado en 1882 en el territorio del Chaco por parte de los hermanos Hardy, al mismo tiempo que desde el Estado se les hicieron grandes concesiones de tierra.
Luego de 1888, tras el regreso de uno de sus fundadores a Ingletarra, se constituyó una nueva empresa: Las Palmas del Chaco Austral S.A.
En esta época, el ingenio funcionaba como un polo agroindustrial, en el que se aplicaron tempranamente la luz eléctrica, una vía “decauville”, y una línea telefónica. Su producción abarcaba al ingenio, una destilería, una fábrica de extracto de quebracho y un aserradero.
Varios años después, cuando la empresa se acercaba a la quiebra, en el año 1969 el Estado nacional decretó su utilidad pública y su expropiación (ley 18.172), seguida de su intervención (ley 18.173).
En 1971, mediante ley 19.049, se constituyó la Compañía Azucarera Las Palmas Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Agropecuaria. Allí se facultaba al
Ministerio de Bienestar Social, Secretaría de Estado de Promoción y asistencia de la Comunidad, a integrar una sociedad anónima regida por la ley 17.318 y por los estatutos fijados en esa ley. La compañía tendría por objeto “el desarrollo y explotación de todas las actividades que son propias de la industria y comercio azucarera en general y de los productos y subproductos derivados de la caña de azúcar y de todas las actividades conexas o que tengan relación con esa industra, incluso en su aspecto comercial, así como en lo referente a la actividad agro-industrial”.
En el marco de la reforma administrativa del Estado establecida por la ley 23.696, se dispuso la privatización total o parcial de la empresa.
Mediante Decreto 2663/1990 se transfirió al Ministerio de Economía el capital accionario de esta Empresa, que hasta entonces se distribuía en un 98,57% para el Ministerio de Salud y Acción Social, y un 1,43% para el Ministerio de Economía.
Por Resolución del Ministerio de Economía Nº 84/1991 se designó un interventor, ratificado por Decreto 409/1991. Esta intervención concluyó a través del Decreto 1274/1992, y entonces comenzó su liquidación.
La Resolución Nº 403/1996 del Ministerio de Economía dispuso la transferencia al ámbito de competencia de la Subsecretaría de Normalización Patrimonial y designó un liquidador.
Finalmente, mediante Resolución del Ministerio de Economía Nº 919/1996 finalizó su liquidación.