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Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A. fue creada en el año 1980 y liquidada en el año 2000.
Sus antecedentes se sitúan en la creación por Decreto N° 10936/50 de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que da comienzo al desarrollo nuclear nacional bajo el control del Estado. Estos esfuerzos prosiguieron con la creación por Decreto 9697/51 de la Planta Nacional de la Energía Atómica de Bariloche y la Dirección Nacional de la Energía Atómica, la creación del Instituto de Física de Bariloche en 1955 y la autorización de la construcción de la Central Atómica de Atucha I por Decreto 749/68, entre otras iniciativas.
Hacia fines de la década del ’70, el Estado Nacional dio nuevo impulso a la política de desarrollo nuclear por iniciativa de la CNEA y con la coordinación general de una Comisión Interministerial conformada por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa. En este sentido, mediante el Decreto Nº 3183/77 se declararon de interés los “Objetivos y Política Nuclear de la República Argentina”, quedando a cargo de la CNEA la propuesta de modificaciones orgánicas, funcionales y administrativas necesarias a tal fin. Entre los objetivos particulares de la norma se incluía incrementar la producción de energía núcleo-eléctrica, contribuyendo al desarrollo del interior del país y a al ahorro de hidrocarburos, definiendo como políticas para su concreción promover el diseño y construcción de centrales nucleares para satisfacer la demanda futura de energía eléctrica e incluir en el Plan Energético Nacional la participación de la energía núcleo-eléctrica.
Posteriormente, el Decreto 302/79 hizo suyas las conclusiones de la Comisión Interministerial respecto del Plan Nuclear y dispuso la construcción de 4 centrales nucleares con sus instalaciones complementarias, autorizando a la CNEA y al Ministerio de Economía a realizar las gestiones y elevar los proyectos necesarios para su financiación y ejecución, así también como para promover la industria nuclear en general, proponiendo las modificaciones al Decreto-Ley N° 22477/56 que permitieran ajustarlo a las nuevas metas. En este sentido, el Decreto Nº 2441/79 autorizó a la CNEA a aceptar la oferta presentada por la empresa Kraftwerk Union Artiengesellschaft para participar en el desarrollo del Plan Nuclear y conformar junto con el Estado nacional una empresa de ingeniería bajo la forma de sociedad anónima, firmando para ello los contratos correspondientes.
A continuación, la Ley Nº 22179 (reglamentada por el Decreto Nº 1012/80) declaró de interés nacional las actividades relacionadas con la construcción y mantenimiento de la Central Atucha II y el Decreto Nº 1337/80 aprobó tanto los distintos contratos de cooperación técnica, garantías, servicios y suministros, como la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria denominada Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas Sociedad Anónima (ENACE), en la cual el %75 del capital accionario correspondía a la CNEA, y el %25 restante a la empresa Kraftwerk Union Artiengesellschaft, posteriormente Siemens AG. El objetivo de la empresa era prestar servicios de ingeniería y la dirección de proyectos relacionados con las centrales nucleoeléctricas.
En el marco del proceso de Reforma del Estado y, particularmente, la reconversión del Sector Eléctrico, el Decreto Nº 1540/94 dispuso la reorganización de las funciones a cargo de la CNEA, con el fin de diferenciar sus actividades de índole operativa de la actividad de generación nucleoeléctrica. Fue así que se crearon el Ente Nacional Regulador Nuclear como entidad autárquica de fiscalización y regulación de la actividad nuclear y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima como empresa para el desarrollo de la generación nucleoeléctrica en las Centrales Nucleares de Atucha I y Embalse de Río Tercero, y para la construcción, puesta en marcha y operación de la Central Nuclear de Atucha II. La CNEA debía transferir a las nuevas instituciones mencionadas las funciones, el personal, los activos y los contratos que correspondieran a la reorganización pretendida. Además, se transfirió al Estado nacional la titularidad de las acciones de ENACE, asignándose al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el ejercicio de sus derechos societarios y de gestión. Finalmente, se declaró sujeta a privatización la actividad de generación nucleoeléctrica, lo que involucraba la dirección y ejecución de obras de centrales nucleares que desarrollaba hasta entonces ENACE.
La vigencia estatutaria de la empresa se mantuvo hasta 1996, cuando la Asamblea de Accionistas decidió comenzar con su proceso de liquidación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 2394/92, efectuando el correspondiente relevamiento patrimonial conforme pautas del Decreto Nº 1836/94. Finalmente, mediante Resolución MECON Nº 796/00 se dio por concluida la liquidación.

La Ley N° 15.761 del 30 de septiembre de 1960 creó la Empresa Líneas Marítimas Argentinas como consecuencia de la fusión y trayectoria de las empresas estatales Flota Mercante del Estado (FME) y Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU), esta última comprada por el Estado Nacional a la Compañía Marítima Dodero SA en 1952.
Los orígenes de FANU se remontan a las primeras actividades navieras realizadas en el país por Nicolás Mihanovich; y en 1903 la empresa se transforma en Sociedad Anónima. En 1909 se asoció a inversores británicos y refundó la empresa como The Argentine Navigation Company Ltd., con un directorio en Buenos Aires y un directorio en Londres. En 1917 Mihanovich vende sus acciones a un consorcio formado por el empresario argentino Alberto Dodero y Sir Owen Cosby Phillips, designados presidentes de los directorios en Buenos Aires y Londres respectivamente. En 1930, Dodero pactó con el empresario argentino Carlos Tornquist la adquisición de la mayoría de las acciones de la The Argentine Navigation Company Ltd. para la creación de una nueva empresa, se constituyó así la Compañía Argentina de Navegación Mihanovich Ltda., con única sede en Buenos Aires y The Argentine Navigation Company Ltd. entró en liquidación. En 1942, el patrimonio de la Compañía de Navegación Mihanovich, y las acciones de la Compañía Uruguaya de Navegación Limitada, la Sociedad Anónima Hotel Cataratas del Iguazú y la Sociedad Anónima Industrial, Financiera e Inmobiliaria Yatahí, pasaron definitivamente a la nueva Compañía Argentina de Navegación Dodero. En 1943 se le concedió la personería jurídica a la empresa Río de la Plata Compañía de Inversiones Marítimas SA, cuyo objetivo era la financiación, explotación y administración de negocios y operaciones relacionadas con el comercio marítimo, funcionó como el "holding" del Grupo Dodero. En 1945, Dodero impulsó su participación en el sector de aeronavegación comercial, constituyendo la Compañía Argentina de Aeronavegación Dodero SA., en cuya formación intervino la Compañía Argentina de Navegación Dodero S.A. y entró a formar parte de Aviación del Litoral Fluvial Argentino, adquiere las acciones de la Corporación Sudamericana de Servicios Aéreos; empresa que tenía una sociedad mixta con el Estado y sus rutas eran norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Luego de la compra de acciones se forma una nueva sociedad mixta con el Estado, que tendría como accionistas privados a la Compañía Argentina de Navegación Dodero S.A., la Compañía Argentina de Aeronavegación Dodero S.A, Líneas Aéreas Dodero de Agencias y Representaciones S.A., Hotel Cataratas del Iguazú. Sus funciones eran atender los hidroaviones existentes, las rutas mencionadas y gestiones para establecer líneas internacionales. El Grupo Dodero constituyó Río de la Plata SA. de Navegación de Ultramar, cuyo objetivo era atender el tráfico de inmigrantes europeos a la Argentina, y el transporte de pasajeros y cargas de ultramar. También se formó en 1948 la Compañía Argentina de Navegación Fluvial SA., con el objeto administrar los barcos de pasajeros, cargueros y remolcadores fluviales. En 1949 el Gobierno Nacional comenzó la estatización de las empresas integrantes del Grupo Dodero mediante convenios directos con los propietarios y compra directa de acciones sin intermediación. El Decreto Nº 10832/49 autorizó al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) a negociar un convenio para la compra del paquete mayoritario de acciones de la empresa Compañía Argentina de Navegación Dodero S.A. y de la totalidad del paquete accionario de Río de la Plata SA. Compañía de Inversiones Marítimas. Aprobado por Decreto Nº 11.293/49, se dispuso que todo lo adquirido por el Estado fuera transferido al Ministerio de Transportes, y luego de hecho el inventario total de los bienes transferidos, sometería al Consejo Económico Nacional la incorporación de las diferentes empresas del Grupo Dodero a las jurisdicciones que correspondieran. El Decreto Nº 12014/49 facultó al IAPI para formalizar la compra de las acciones de las empresas Compañía Argentina de Navegación Dodero SA. y Río de la Plata SA. de Navegación de Ultramar, en poder del Instituto Mixto de Inversiones Inmobiliarias. El Decreto 22.592/49 deroga los decretos que otorgaron la personería jurídica a la Compañía Argentina de Navegación Dodero SA., a Río de la Plata SA. de Navegación de Ultramar y a la Compañía Argentina de Navegación Fluvial S.A, disponiéndose que el Ministerio de Hacienda convendría con los Ministerios de Economía y Finanzas la forma del rescate de las acciones aún no adquiridas y se autorizaba al Ministerio de Transportes a reestructurar la organización y funcionamiento de las empresas. Para administrar transitoriamente el patrimonio adquirido, el Decreto Nº 14.009/49 aprobó una reestructuración del Ministerio de Transportes que dispuso la creación de una Dirección Nacional de la Flota Dodero entre las reparticiones dependientes de la entonces Subsecretaría de Marina Mercante. Por Resolución del Ministerio de Transportes Nº 133/51 creó la Administración General de la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU), producto de la fusión de las empresas Compañía Argentina de Navegación Dodero SA y Río de la Plata SA de Navegación de Ultramar, que recibió todos los barcos fluviales de la Compañía de Navegación Fluvial Argentina S.A. Por Decreto Nº 4218/52, la empresa pasó a formar parte de la Empresa Nacional de Transportes. El incumplimiento de los procedimientos para completar la estatización plena de las empresas del Grupo Dodero llevaron al dictado del Decreto-Ley Nº 20343/56, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las empresas Compañía Argentina de Navegación Dodero SA., Río de la Plata SA. de Navegación de Ultramar y Compañía Argentina de Navegación Fluvial SA aún no adquiridas por el Estado. El Decreto-Ley Nº 2771/58 cambió el estatus de FANU de administración general a empresa del Estado, bajo la dependencia de la Dirección Nacional de la Marina Mercante y Puertos del Ministerio de Transportes. El proceso de creación de la Flota Mercante del Estado (FME) comienza con el Decreto Nº 53685/40, que designó una Comisión de Creación de la Marina Mercante; los Decretos Nº 86031/41 y 86032/41 reforzaron la acción de comisión creando una Comisión Asesora de la Marina Mercante Nacional; y el Decreto Nº 103316/41 creó la Flota Mercante del Estado como organismo autónomo dependiente del Ministerio de Marina, siendo sus funciones alistar, explotar y administrar los buques adquiridos en ese entonces al Gobierno del Reino de Italia y los que el Poder Ejecutivo le entregara en adelante. La conducción de la entidad fue encargada a una Comisión Administradora integrada por delegados de los Ministerios de Marina, Hacienda, Agricultura y Relaciones Exteriores, y por representantes de la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural Argentina, siendo el delegado del Ministerio de Marina el presidente. El Decreto Nº 145734/43 dio por terminado el período de organización provisional de la Flota Mercante y cambió su condición por la más permanente de Administración General, siendo su máximo órgano de conducción un administrador general asistido por un consejo de administración integrado por un gerente general, un inspector general y un contador general, todos ellos nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio de Marina. En el mismo año, el Decreto Nº 12941 fijó el estatuto estableciendo como su función primordial entender en todo lo referente a la explotación de los buques mercantes de propiedad de la nación o que ésta tuviera arrendados de o a terceros. Por medio del Decreto Nº 4218/52, la empresa pasó a formar parte de la Empresa Nacional de Transportes. El Decreto-Ley Nº 2771/58 cambia el estatus de la institución de administración general a empresa del Estado, bajo la dependencia de la Dirección Nacional de la Marina Mercante y Puertos del Ministerio de Transportes. La Ley Nº 15761/60 creó bajo la órbita de la Secretaría de Transportes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) a partir de la fusión de las Administraciones Nacionales de la Flota Mercante del Estado y de la Flota Argentina de Navegación de Ultramar, que pierden su estatus de empresas estatales independientes.
El Decreto Nº 3132/61 fijó el estatuto de la empresa del Estado bajo el régimen de la Ley Nº 13653, otorgándole autarquía y asignándole las siguientes misiones y funciones: actuar como instrumento de la política naviera nacional, teniendo a su cargo la administración y explotación de los buques y embarcaciones que integren su patrimonio; administrar y explotar buques de propiedad de terceros; llevar a cabo actividades anexas complementarias de su objetivo principal. Podía adquirir y transferir bienes, constituir y cancelar hipotecas navales, servidumbres y demás derechos reales, recibir usufructos de propiedades ajenas; tomar y conservar la posesión de los mismos; dar y tomar bienes en arrendamient; tomar y dar buques en fletamento a tiempo; realizar todos los actos de administración y explotación comercial; hacer pagos, novaciones, transacciones, otorgar fianzas, conceder créditos y quitas, contraer préstamos y obligaciones, cobrar y percibir; comprometer en árbitros, arbitradores, prorrogar jurisdicciones, entablar acciones civiles, comerciales o criminales, en el país o en el extranjero, y las acciones o recursos fiscales que las leyes respectivas conceden a los interesados; hacer contribuciones en forma de subvenciones en especie o en dinero a entidades sociales, culturales, educacionales, deportivas o cooperativas o cualesquiera otras asociaciones de bien común que sean de beneficio para su personal efectivo o jubilado y sus familiares, o para la Empresa misma, y a instituciones y colegios que considere útiles para la formación de personal especializado; organizar la asistencia social con la contribución del personal; conceder al personal retribuciones, indemnizaciones, primas, préstamos o beneficios, y acordarles franquicias. La dirección y administración de la Empresa estaba a cargo de un directorio integrado por un presidente, un gerente general, dos directores, un subgerente general, un gerente comercial, un gerente administrativo, un gerente técnico. Los gerentes comercial, administrativo y técnico asumieron la coordinación de las subgerencias comercial, administrativa y técnica, respectivamente, de la Flota Mercante del Estado y de la Flota Argentina de Navegación de Ultramar. Los miembros del Directorio eran nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Transportes. En 1966 la empresa comenzó a funcionar bajo la dependencia del Ministerio de Economía y Trabajo. El Decreto Nº 891/66 efectuó una reforma del estatuto agregándole a la empresa mas actividades: aceptar legados y donaciones con cargo o sin él; nombrar y despedir a su personal; emitir bonos, títulos y obligaciones; constituir e integrar sociedades civiles, comerciales, industriales, financieras y comerciales, privadas o de economía mixta. La dirección de la empresa estaba a cargo de un directorio formado por un presidente, un vicepresidente y cinco vocales, todos ellos designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con intervención de la Secretaría de Transporte, con excepción de un vocal designado a propuesta de los sindicatos reconocidos. La estructura ejecutiva de la empresa estaba integrada por un administrador general, un gerente comercial, un gerente económico-financiero, un gerente técnico y otras gerencias a proponer por el directorio y aprobar por el Poder Ejecutivo Nacional. El Decreto Nº 7394/69 introdujo una nueva estructura orgánica, en la que la dirección quedó a cargo de un administrador general y un subadministrador general, asistidos por 4 gerencias: comercial, armamento, administración y control. En 1969 volvió a funcionar bajo el rehabilitado Ministerio de Obras y Servicios Públicos hasta su nueva absorción por parte del Ministerio de Economía en 1973. La Ley Nº 20055 de 1972 transformó la empresa en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. El Decreto Nº 2677/73 modifica el estatuto colocando a la empresa bajo el régimen de la Ley Nº 19550 de sociedades comerciales y agregando funciones: explotar comercialmente el transporte marítimo; actuar como instrumento del desarrollo económico del Estado; constituir la reserva naval adecuada a las necesidades de la defensa nacional; contratar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, del país o del extranjero, y gestionar de los poderes públicos concesiones, permisos, autorizaciones, licencias, privilegios, exenciones de impuestos, tasas, gravámenes o recargos de importación; participar en la formación de la capacidad profesional y técnica del personal. La dirección de la empresa estaba a cargo de un directorio de cinco miembros designados por la asamblea de accionistas, debiendo ser el presidente y el vicepresidente escogidos entre los directores representantes del Estado. Además, el directorio designaba a un gerente general como órgano ejecutivo. El Decreto Nº 1282/75 amplió el número de directores a ocho y dispuso que dos de los directores fueran elegidos a propuesta de la Confederación General del Trabajo y de la Confederación General Económica. Estas modificaciones fueron derogadas por el Decreto Nº 1689/76, que reestablecía las condiciones de la norma anterior.El Decreto Nº 1341/81 transfirió ELMA al ámbito de la Subsecretaría de Intereses Marítimos del creado Ministerio de Comercio e Intereses Marítimos, en el que se mantuvo un año para regresar al Ministerio de Economía. El Decreto Nº 125/84 transfirió ELMA a la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, permaneciendo en esta condición hasta la disolución del ministerio y la absorción de sus funciones por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en 1991. En el marco de la Ley Nº 23696/89 de Reforma del Estado, se dispuso la sujeción de la empresa al régimen de privatización total o parcial y el Decreto Nº 2074/90 impulsó la privatización total de la empresa. El Decreto Nº 2062/91 decidió escindir la empresa en dos unidades operativas: Empresa Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima de Navegación (ELMASAN) y Sanatorio Halliburton Sociedad Anónima. Además, se encomendó al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos la elaboración del pliego de bases y condiciones para la licitación pública internacional. El Decreto Nº 2345/91 promovió la privatización de ambas unidades y las normas bajo las cuales debía desenvolverse el proceso y se convocó a las licitaciones públicas internacionales, declaradas desiertas por Decreto Nº 2070/92, que determinó un nuevo llamado a licitación solo para ELMASAN, con el mismo resultado. El Decreto Nº 408/93 vuelve a impulsar la privatización de ELMA, junto con una reestructuración de la misma que fue aprobado por Decreto Nº 1565/93 y significó una racionalización que desembocó en la venta de propiedades inmuebles y buques de empresa paralela al proceso de privatización. El Decreto Nº 1276/94 dividió a la empresa en tres unidades de negocios constituídas como sociedades anónimas: Empresa Líneas Marítimas Argentinas Costa Este Sociedad Anónima, Empresa Líneas Marítimas Argentinas Mediterráneo Sociedad Anónima, Empresa Líneas Marítimas Argentinas Norte de Europa Sociedad Anónima. Se facultó al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para efectuar los llamados a licitación para la venta del paquete mayoritario de acciones de cada una, los cuales se concretaron por medio de las resoluciones Nº 534/95, 533/95 y 535/95 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Se procedió a la liquidación de los activos mediante licitación pública, venta directa o contratación directa. La Resolución Nº 394/96 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos determinó el fin de la intervención y el comienzo de la liquidación de la empresa, dándose ésta por finalizada mediante Resolución Nº 803/00 del Ministerio de Economía.

La revista inició como parte de una colección de la Editorial Antídoto, editorial del Movimiento al Socialismo (MAS). Pero ya en ese primer número de Herramienta, de agosto de 1996, la revista estaba planteada como de debate y crítica marxista, no partidaria, abierta y autónoma tanto en lo organizativo como en lo teórico; esto a pesar que su Consejo de Redacción estaba integrado por varios miembros del MAS.
Esta situación y diferencias políticas y organizativas fueron planteando una dinámica que lentamente llegó a su desenlace en 2002, cuando se separaron, alquilaron un nuevo local para su funcionamiento y se creó una nueva editorial, "Ediciones Herramienta", ya sin ninguna conexión con la Editorial Antídoto.
En cuanto a su organización tiene un Consejo de redacción y un Consejo asesor (integrado por colaboradores externos).
La revista se editó en papel hasta el invierno de 2019 con una frecuencia, básicamente pero no siempre, trimestral (62 números, hasta el invierno de 2019). Con el paso del tiempo comenzaron a editar libros y también (por las imposibilidades de pasar a papel todo el material recibido) comenzaron a editar una revista web con el mismo nombre, cuyo primer número inicia en julio de 2009 y que hasta el momento ha llegado al número 33, editado en enero de 2021. Todo el trabajo editorial es autofinanciado.
Posteriormente, comenzaron a funcionar como una distribuidora de libros, primero de material propio y luego de otras pequeñas editoriales.
Su sede actual es en Avenida Rivadavia 3772 1º piso B, CABA, con mudanza programada.

La Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino fue creada mediante el Decreto Nº 2772/58 como empresa del Estado, y existió hasta el año 1995.
El origen de Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino debe verse como la convergencia de dos trayectorias paralelas: la creación y desarrollo de la Administración General del Transporte Fluvial y el proceso que culminó en la conformación de Flota Argentina de Navegación Fluvial (FANF). Los antecedentes de la Administración General del Transporte Fluvial se encuentran en los Decretos-Ley Nº 11121/44, 13405/44 y 22732/44 que dieron impulso a la conformación de un Servicio Nacional de Transporte Fluvial en el ámbito de la Dirección General de Navegación y Puertos. Este esfuerzo se vio coronado por el Decreto-Ley Nº 9906/45, que elevó al rango de entidad autárquica al mencionado servicio, bajo la denominación de Administración del Transporte Fluvial, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Sus misiones y funciones eran tomar a su cargo los servicios de transporte fluvial mediante líneas establecidas en los ríos Paraná, Paraguay, Alto Paraná y Uruguay, pudiendo posteriormente agregar otras. Para cumplir con estos objetivos, sus actividades eran: nombrar, ascender y remover al personal embarcado y obrero; nombrar y remover sus agentes marítimos; adquirir muebles, materiales, insumos, equipos, vehículos y demás elementos necesarios para la explotación y renovación; solicitar directamente a los talleres de la Dirección General de Navegación y Puertos las obras o reparaciones que requirieran las embarcaciones; contratar por excepción obras de carácter urgente a privados, cuando el caso lo exigiera y rindiendo cuentas ante el Poder Ejecutivo; establecer y autorizar la liquidación de horas extras del personal embarcado y obrero; autorizar a los capitanes o comisarios a tomar en los puertos peones adventicios cuando la modalidad del trabajo lo requiriera; proponer al Poder Ejecutivo la compra, venta o arriendo de embarcaciones e inmuebles; realizar convenios o contratos relativos a la explotación comercial del transporte fluvial fuera de las tarifas normales cuando la situación lo requiriese; formular mensualmente un balance de explotación; formular anualmente una memoria, balance general y cuenta de ganancias y pérdidas y elevarlos para conocimiento del Poder Ejecutivo; tomar la representación del Poder Ejecutivo en todos los actos relacionados con el transporte fluvial; presentar al Poder Ejecutivo un presupuesto anual de gastos y cálculos de recursos; dictar y someter a aprobación del Poder Ejecutivo su reglamento interno; realizar acuerdos relativos a fletes, tarifas e itinerarios con empresas privadas, siempre sujetos a aprobación del Poder Ejecutivo; realizar convenios de transporte mixto con otras reparticiones públicas o empresas privadas de transporte terrestre; mantener al día el clasificador de cargas, establecer las tarifas generales y modificarlas cuando la explotación del servicio o las necesidades de la economía nacional lo aconsejaran. La dirección del nuevo organismo quedó a cargo de un consejo de administración compuesto por el Director General de Navegación y Puertos, a cargo de la presidencia, un administrador a cargo de las funciones ejecutivas, un jefe técnico, un jefe comercial y un jefe de contabilidad, estos cuatro últimos designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Obras Públicas.
El Decreto Nº 15194/51 dispuso la transferencia de la institución a la esfera del Ministerio de Transportes, donde permanecería hasta la fusión.
Los antecedentes de la Flota Argentina de Navegación Fluvial (FANF) se encuentran en el desarrollo del sector de la navegación comercial por parte de una sucesión de grandes empresas privadas desde fines del siglo XIX. La primera figura destacada en esta trayectoria fue la del empresario austrohúngaro Nicolás Mihanovich, cuyos primeros emprendimientos en el sector datan de la década del ’70 del siglo XIX. En 1909, ante la imposibilidad de continuar expandiendo sus negocios a partir del mercado argentino, se asoció a inversores británicos y refundó la empresa como The Argentine Navigation (Nicolás Mihanovich) Company Ltd., empresa argentina constituida en Gran Bretaña, razón por la cual su conducción se dividía entre un directorio que funcionaba en Buenos Aires y un directorio que funcionaba en Londres. En 1916, Mihanovich decidió su retiro de la presidencia de ambos directorios, cediendo la presidencia a su hijo Pedro Mihanovich.
En 1917, los Mihanovich decidieron vender sus acciones a un consorcio formado por el empresario argentino Alberto Dodero y Sir Owen Cosby Phillips – posteriormente conocido como Lord Kylsant – cabeza de la empresa naviera británica Royal Mail Steam Packet Company. Alberto Dodero y Sir Phillips fueron designados como presidentes de los directorios en Buenos Aires y Londres respectivamente. De esta manera, The Argentine Navigation Company (Nicolás Mihanovich) Ltd. se convirtió en una empresa británica con sede en Londres. En 1930, Alberto Dodero pactó con el empresario argentino Carlos Tornquist una alianza para la adquisición de la mayoría de las acciones de la The Argentine Navigation Company (Nicolás Mihanovich) Ltd. y para la creación de una nueva empresa que se haría cargo del activo y pasivo de su predecesora.
De esta manera se constituyó la Compañía Argentina de Navegación Mihanovich Ltda., con única sede en Buenos Aires y The Argentine Navigation Company (Nicolás Mihanovich) Ltd. entró en liquidación. El patrimonio incorporado por la nueva compañía incluía también los de la Compañía Uruguaya de Navegación Ltda. y la Sud Atlántica de Miguel Mihanovich, que fue disuelta poco después. Finalmente, en 1942, el patrimonio de la Compañía de Navegación Mihanovich, junto con las acciones de la Compañía Uruguaya de Navegación Limitada, la Sociedad Anónima Hotel Cataratas del Iguazú y la Sociedad Anónima Industrial, Financiera e Inmobiliaria Yatahí, aparte de las organizaciones especiales existentes en Londres y en Nueva York pasaron definitivamente a la nueva Compañía Argentina de Navegación Dodero, entrando en liquidación la primera de las empresas mencionadas.
En 1943, se le concedió la personería jurídica a la empresa Río de la Plata Compañía de Inversiones Marítimas SA, cuyo objeto declarado en sus estatutos era la financiación, explotación y administración de toda clase de negocios y operaciones relacionadas con el comercio marítimo. Esta empresa funcionó como el "holding" del Grupo Dodero, integrado en ese momento por la Compañía Argentina de Navegación Dodero SA, la Compañía Uruguaya de Navegación Ltda., el Hotel Cataratas del Iguazú, la Sociedad Anónima Industrial, Financiera e Inmobiliaria Yatahí y los posteriores emprendimientos. La tenencia mayoritaria de las acciones de Río de la Plata SIMSA daba automáticamente el control de todo el Grupo Dodero, del que cabe siempre separar a la Agencia Marítima Dodero, que no formaba parte del mismo.
En 1945, Alberto Dodero impulsó las primeras iniciativas concretas de participación en el sector de aeronavegación comercial, constituyendo la Compañía Argentina de Aeronavegación Dodero SA., en cuya formación intervino la Compañía Argentina de Navegación Dodero SA. Ese mismo año, la Compañía Argentina de Aeronavegación Dodero SA entró a formar parte de Aviación del Litoral Fluvial Argentino (ALFA), sociedad mixta creada para atender la zona que precisamente más interesaba a la compañía, y transfirió a la Flota Aérea Mercante Argentina (FAMA), otra sociedad mixta, el resto del material.
Además, la Compañía Argentina de Aeronavegación Dodero SA. llegó a un acuerdo para la adquisición de las acciones de la Corporación Sudamericana de Servicios Aéreos. Esta empresa tenía formada una sociedad mixta con el Estado, con rutas adjudicadas de las que le interesaban a la Dodero (norte de la provincia de Buenos Aires, provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes y territorios nacionales de Chaco, Formosa y Misiones) En aquella compra de acciones de la Corporación participó también la Compañía Argentina de Navegación Dodero SA.
Una vez finiquitada esta operación, se formaría una nueva sociedad mixta con el Estado, que tendría como accionistas privados a la Compañía Argentina de Navegación Dodero SA, la Compañía Argentina de Aeronavegación Dodero SA (en formación), Líneas Aéreas Dodero de Agencias y Representaciones SA (en formación), Hotel Cataratas del Iguazú y un grupo de inversores particulares. La nueva empresa atendería, con los hidroaviones existentes, las rutas mencionadas más las líneas a Colonia y Montevideo, y una extensión a Punta del Este durante la temporada veraniega.
Por otra parte, se habían reiniciado gestiones para establecer líneas internacionales sobre la base ya sea del arriendo de algunos aparatos a FAMA o de la constitución de una sociedad mixta con el Estado para la explotación de servicios aéreos al exterior. El Grupo Dodero continuó su expansión con la creación de otras empresas con las que buscaba abarcar todos los aspectos del negocio de la navegación. En este sentido, se constituyó Río de la Plata SA. de Navegación de Ultramar, una entidad con participación accionaria de la Compañía Argentina de Navegación Dodero cuyo objetivo era atender el importante tráfico de inmigrantes europeos a la Argentina, así como también el transporte de pasajeros y cargas de ultramar.
También se formó en 1948 la Compañía Argentina de Navegación Fluvial SA., con el objeto administrar los barcos de pasajeros, cargueros, barcazas, chatas y remolcadores fluviales. De este modo, a fines de 1948, Río de la Plata SA. Compañía de Inversiones Marítimas controlaba la Compañía Argentina de Navegación Dodero SA, la que a su vez controlaba o tenía la mayoría del capital de las siguientes empresas: Río de la Plata SA de Navegación de Ultramar; Compañía Argentina de Navegación Fluvial SA, Hotel Cataratas del Iguazú SA, Yatahí Inmobiliaria y Financiera SA, Líneas Aéreas Dodero SA, ALFA Sociedad Mixta, Porá SA Argentina de Construcciones y Préstamos, LADAR Agencias y Representaciones SA, Compañía Uruguaya de Navegación y Transportes Aéreos SA (CUNYTASA), South American Purchasing Agency Limited (SAPAGY), Agencia Brasileira das Linhas Dodero, Dodero Agenzia Marítima Riuniti Societá per Azioni, Cooperativa de Consumo del Personal Dodero, Compañía de Hoteles Internacionales SA, Corporación Sud Americana de Servicios Aéreos, la Universal Compañía de Seguros SA y Éter Publicidad.
En 1949 el Grupo Dodero fue estatizado. Esto se concretó mediante dos vías: convenios directos con los propietarios y compra directa de acciones sin intermediación.
El Decreto Nº 10832/49 autorizó al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) a negociar un convenio para la compra del paquete mayoritario de acciones de la empresa Compañía Argentina de Navegación Dodero SA. y de la totalidad del paquete accionario de Río de la Plata SA. Compañía de Inversiones Marítimas. Una vez alcanzado el acuerdo, el Decreto Nº 11.293/49 aprobó lo actuado y dispuso que todo lo adquirido por el Estado fuera transferido al Ministerio de Transportes, que una vez que practicara el inventario total de los bienes transferidos, sometería al Consejo Económico Nacional la incorporación de las diferentes empresas del Grupo Dodero a las jurisdicciones que correspondieran, de acuerdo con la naturaleza de sus actividades. El Decreto 12014/49 facultó al IAPI para formalizar la compra de las acciones de las empresas Compañía Argentina de Navegación Dodero SA. y Río de la Plata SA. de Navegación de Ultramar, en poder del Instituto Mixto de Inversiones Inmobiliarias. Por Decreto 22.592/49 fueron derogados los decretos que habían otorgado la personería jurídica a la Compañía Argentina de Navegación Dodero SA., a Río de la Plata SA. de Navegación de Ultramar y a la Compañía Argentina de Navegación Fluvial SA, disponiéndose asimismo que el Ministerio de Hacienda convendría con los Ministerios de Economía y Finanzas la forma del rescate de las acciones aún no adquiridas. También se autorizaba al Ministerio de Transportes a reestructurar la organización y funcionamiento de las mencionadas empresas.
Para administrar transitoriamente el patrimonio adquirido hasta tanto se resolviera la distribución del mismo bajo nuevas dependencias, el Decreto Nº 14.009/49 aprobó una reestructuración del Ministerio de Transportes que dispuso la creación de una Dirección Nacional de la Flota Dodero entre las reparticiones dependientes de la entonces Subsecretaría de Marina Mercante.
Finalmente, la Resolución del Ministerio de Transportes Nº 133/51 creó la Administración General de la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU), producto de la fusión de las empresas Compañía Argentina de Navegación Dodero SA y Río de la Plata SA de Navegación de Ultramar. FANU recibió todos los barcos fluviales de la Compañía de Navegación Fluvial Argentina SA, los que en un principio fueron cedidos en arrendamiento a una nueva entidad: la Administración general de la Flota Argentina de Navegación Fluvial (FANF).
En 1953, FANF pasó a constituir la Empresa Nacional de Transportes, dependiente del Ministerio de Transportes. Vale destacar que entre 1949 y 1955, la denominación del organismo mantuvo la dualidad, figurando en la documentación y la legislación como FANF, Compañía de Navegación Fluvial Argentina SA (en liquidación) o ambas. Posteriormente, el incumplimiento de los procedimientos necesarios para completar la estatización plena de las empresas del Grupo Dodero llevaron al dictado del Decreto-Ley Nº 20343/56, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las empresas Compañía Argentina de Navegación Dodero SA., Río de la Plata SA. de Navegación de Ultramar y Compañía Argentina de Navegación Fluvial SA aún no adquiridas por el Estado.
Por otra parte, el Decreto-Ley Nº 2771/58 cambió el estatus de FANF de administración general a empresa del Estado, bajo la dependencia de la Dirección Nacional de la Marina Mercante y Puertos del Ministerio de Transportes.
El Decreto Nº 2772/58 creó la Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino como empresa del Estado dependiente de la Dirección Nacional de la Marina Mercante y Puertos del Ministerio de Transportes. La nueva institución fue constituida en base a la fusión de la Administración General del Transporte Fluvial y la Administración General de la Flota Argentina de Navegación Fluvial.
La norma establecía que el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Transportes, debía determinar entre los bienes que constituían la antigua Compañía Argentina de Navegación Dodero S.A. y de las otras entidades que componían el Grupo Dodero, los que debían integrar el aporte de la Administración general de la Flota Argentina de Navegación Fluvial. Durante el mismo año, el Ministerio de Transportes fue suprimido y sus funciones y dependencias, incluida la Flota Fluvial, fueron transferidos al Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
El Decreto Nº 10375/58 instituyó el primer estatuto orgánico de la nueva empresa, asignándole las siguientes misiones y funciones: ser instrumento de la política naviera nacional para servir los intereses del comercio fluvial y de cabotaje y atender los servicios públicos a su cargo; administrar y explotar los buques del Estado nacional afectados a su patrimonio, pudiendo también hacerlo con los de propiedad de terceros; ejercer la representación de otros armadores, así como toda actividad comercial, financiera o industrial complementaria a su gestión. Para el cumplimiento de estos fines, la institución podía desarrollar las siguientes actividades: adquirir, vender, ceder, permutar y transferir toda clase de bienes o servicios, incluso buques o inmuebles; constituir y cancelar derechos reales, en la forma y condiciones que se establecen en el estatuto y de conformidad con las normas legales que rigen la gestión del patrimonio del Estado; tomar, conservar, y entregar, en su caso, la posesión de los mismos; dar y tomar bienes, incluso inmuebles, en arrendamientos; arrendar y fletar buques propios o ajenos en toda modalidad usual en el negocio naviero; realizar todos los actos de administración referentes a los bienes afectados a su patrimonio; hacer pagos, novaciones o transacciones, conceder créditos, quitas y moras, contraer préstamos y obligaciones, otorgar fianzas en asuntos relacionados con la explotación, cobrar y percibir; estar en juicio como actora o demandada ante cualquier fuero o jurisdicción, nacional, provincial, municipal o del extranjero; comprometer en árbitros, arbitradoras prorrogar jurisdicciones, renunciar al derecho de apelar y realizar cuantos actos fueran necesarios o convenientes para el logro de sus finalidades, de acuerdo con la .legislación vigente, convenciones internacionales, usos y costumbres marítimas y leyes extranjeras aplicables; aceptar legados y donaciones de acuerdo con la legislación vigente; hacer contribuciones de ayuda o estímulo en forma de subvenciones en especie o en dinero a entidades sociales, culturales, educacionales, deportivas, cooperativas o cualquiera otras asociaciones de bien común que sean de beneficio para su personal efectivo o jubilado y sus familiares, o para la empresa misma y a las instituciones y colegios que considere útiles para la formación de personal especializado de acuerdo con su plan de acción y presupuesto de explotación. Con respecto a la dirección de la empresa, se argumentó que lo más conveniente en ese momento era establecer una dirección única, pero manteniendo una administración técnica y comercial independiente en cada empresa componente. Fue así que se estableció un directorio compuesto por un presidente y por los administradores generales y subadministradores de las instituciones constituyentes como vocales, todos ellos nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Transporte.
El Decreto Nº 9672/64 introdujo la primera modificación del estatuto orgánico de la empresa, otorgándole autarquía e incorporando las siguientes funciones: realizar operaciones financieras, de crédito o bancarias con el Banco Central de la República Argentina, Banco de la Nación Argentina, Banco Industrial de la República Argentina u otras instituciones oficiales mixtas o privadas del país o del extranjero; habilitar, suprimir o modificar los servicios a su cargo, previa autorización de la autoridad competente en aquellos casos que así lo establecieran las disposiciones legales y/o reglamentarias en vigor; eximir total o parcialmente los cargos por estadías o sobreestadías, almacenaje o depósito de cargas y encomiendas, de acuerdo con la reglamentación que al efecto dictara el directorio. En cuanto a la dirección y administración de la empresa, se avanzó en la fusión total, suprimiendo las estructuras independientes por empresa y estableciendo un directorio integrado por un presidente, un administrador general y dos vocales designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con intervención de la Secretaría de Transporte, con excepción de un vocal que sería designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de los sindicatos. Por otra parte, la explotación se dividió en una gerencia administrativa, una comercial y una técnica, todas ellas directamente subordinadas al administrador general. En otro orden de cosas, se definía su relación de dependencia orgánica con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos por intermedio de la Secretaría de Transporte.
Entre 1966 y 1969 funcionó bajo la dependencia del Ministerio de Economía y Trabajo, que había absorbido al Ministerio de Obras y Servicios Públicos como secretaría. En aras de apoyar la voluntad gubernamental de racionalización del sector público, el Decreto Nº 4190/69 modificó la estructura orgánica de la empresa, suprimiendo el directorio y concentrando las funciones de dirección y administración en el administrador general, siendo este asistido por una gerencia técnica, una comercial, una administrativa y una de control.
Entre 1969 y 1973, volvió a funcionar bajo el rehabilitado Ministerio de Obras y Servicios Públicos hasta su nueva absorción por parte de la Corporación de Empresas Nacionales del Ministerio de Economía, del cual dependería hasta 1981. El Decreto Nº 1341/81 transfirió la empresa al ámbito de la Subsecretaría de Intereses Marítimos del recientemente creado Ministerio de Comercio e Intereses Marítimos, en el que se mantuvo un año para regresar a la jurisdicción del Ministerio de Economía.
En 1981, la Ley Nº 22385 impulsó la privatización de la empresa, conforme el mandato general de la Ley Nº 22177 que orientaba las acciones del Poder Ejecutivo Nacional en esa dirección. El Decreto Nº 724/81 reglamentó la mencionada norma, determinando que el funcionario a cargo de la privatización asumiría la autoridad superior de la administración de la institución, sin perjuicio de las facultades del administrador general. Por otra parte, se establecieron los mecanismos de enajenación de los activos.
El Decreto Nº 125/84 transfirió nuevamente la empresa a la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, permaneciendo en esta condición hasta la disolución del citado ministerio y la absorción de sus funciones por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en 1991.El Decreto Nº 1208/86 dio inicio al proceso de liquidación de la empresa, que fue reiteradas veces prorrogado. Finalmente, la Resolución Nº 595/95 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos dio por concluido el procedimiento.

La Empresa Haynes de Publicidad fue fundada por Alberto M. Haynes en 1904. Su primer emprendimiento fue una revista para las familias argentinas, que pasó a llamarse "El Hogar". Debido al éxito obtenido con dicha publicación, en 1911 comenzó a editar una segunda revista a la que se denominó "Mundo Argentino".
En 1919 se constituyó la Empresa Editorial Haynes Limitada para adquirir los activos y pasivos de la compañía fundada por Alberto Haynes, siendo autorizada por Decreto del 31/05/1920 a funcionar como sociedad anónima conforme las disposiciones de la Ley N° 2637 de 1889 (Código de Comercio) y efectuando la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio.
Conforme los estatutos aprobados en aquella oportunidad, la sociedad tenía por objeto editar y administrar o explotar las revistas “Mundo Argentino” y “El Hogar”, adquiridas a Alberto Haynes por aquel acto, y toda nueva publicación, revista, libro, diario, así como adquirir, arrendar y contratar publicaciones de éste u otro género.
En 1923, la empresa inauguró la parte principal del edificio en el que funcionaría la Administración, Redacciones y Talleres, situado en la calle Río de Janeiro 300, esquina Bogotá, de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 1931, la empresa adquirió los activos y pasivos de Editorial Sudamericana, editora del “Diario El Mundo”. En el año 1935, y gracias a una adjudicación por parte del Estado, la Editorial sumó a sus iniciativas editoriales la puesta en marcha de la emisora radial "Radio El Mundo". En 1938 comenzó la publicación de la “Revista Selecta”.
En 1949 aparecieron las publicaciones “Mundo Deportivo”, “Mundo Infantil”, “Mundo Radial” y “Mundo Agrario”. En 1950 se empezó a editar “Mundo Atómico” y se adquirieron los derechos de “PBT”. En 1951 se adquirieron de los derechos de “Caras y Caretas”. Otras publicaciones que pueden mencionarse son “Tía Vicenta”, Diario “El Siglo”, “Mundo Peronista”. Por otro lado, los talleres gráficos realizaban impresiones de publicaciones de otras empresas, entre las que cabe destacar “Así”, “Así es Boca”, “Democracia”, “El alma que canta”, “Rico Tipo”, “Noticias Gráficas”, “Mayoría”, “Esto es”. Entre 1949 y 1954, la empresa conformó una cadena mediante la adquisición de emisoras en todo el país: Radio Cerealista, Radio Santa Fe, Radio General San Martín, Radio Los Andes, Radio Libertador, Radio Córdoba, Radio Comodoro Rivadavia, Radio Mitre, Radio San Luis, Radio Catamarca, Radio Jujuy, Radio Concordia, Radio Antártida, Radio Chaco, Radio Atlántica, Radio Libertad, Radio Libertador, Radio Mitre, Radio San Martín de los Andes, Radio Los Andes, Radio Santa Fe, Radio Tucumán.
La empresa era dirigida y administrada por un directorio, cuyos miembros eran designados por la asamblea de accionistas en reuniones ordinarias o extraordinarias. La organización se estructuraba en gerencias, secciones y departamentos. Por su parte, cada medio de la compañía poseía su propia estructura administrativa, encabezada por un director general o un administrador. En el caso de los medios gráficos, la organización continuaba con un Secretario de Redacción y Encargados de Suplementos. Además, la empresa contaba con una Agencia en la Ciudad de Mar del Plata y corresponsales en distintas ciudades del Interior del país. Durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, entre 1946 y 1955, el 51 % de las acciones de la Editorial Haynes fue adquirido por Orlando Maroglio –ex presidente del Banco de Crédito Industrial- y Vicente Carlos Aloé –jefe administrativo de la Presidencia de la Nación- con lo que asumieron la gestión y administración de todos sus medios. Por este motivo, al producirse el golpe de estado de 1955, la empresa fue intervenida por el Estado mediante Decreto Secreto N° 93/55, que fundamentó esta decisión en la voluntad de restaurar el libre e independiente funcionamiento de los órganos informativos de la opinión pública.
Posteriormente, la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial asumió la intervención a los fines de investigar la situación general de la empresa en lo relacionado con la difusión y el estado de los capitales que la formaban, sufriendo con ello la interdicción de buena parte de sus bienes. En este sentido, la Junta tomó a su cargo la administración de los bienes que integraban el activo de la empresa, la cual debía continuar con el desarrollo de sus actividades. Por otro lado, acogiéndose a las disposiciones de la Ley N° 14241 y su Decreto Reglamentario N° 25004/53, la empresa fue despojada las emisoras radiales por la anulación de las adjudicaciones mediante Decreto N° 170/55, en virtud del cual el Ministerio de Comunicaciones fue facultado para tomar a su cargo las redes, y viéndose reforzado en esta función por el Decreto N° 686/55. Todo esto dio inicio a un proceso de decadencia económica durante la cual la empresa fue cancelando publicaciones y desprendiéndose de medios.
Tras el fallo de la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, la interdicción fue levantada por Decreto N° 4075/58. Posteriormente, la Secretaría de Comunicaciones suscribió un convenio con la empresa para la adquisición definitiva de los bienes de varias emisoras, siendo aprobado por Decreto N° 11870/58. A partir de entonces la empresa entró en un período de inestabilidad en la gestión hasta que un fraude financiero la colocó en situación de quiebra.
En 1968, la Resolución N° 963 de la Inspección General de Justicia dejó sin efecto la autorización para que la empresa funcionara como sociedad anónima. Como consecuencia de ello, su patrimonio quedó sujeto a la decisión del Poder Judicial, que en el año 1971 terminó rematando las instalaciones. El edificio en el que funcionaba la Sede Central fue finalmente demolido.

En 1892 comienza a funcionar la empresa La Comercial cuyo objetivo era informar a sus socios cuáles eran los movimientos del mercado. Eran sus dueños Antonio Martín Giménez, Rafael Severino Perrotta, Luis Zambrini y Carlos Liberatore. Luego de unos años deciden profundizar estos informes creando el periódico El Cronista Comercial a partir de 1º de noviembre de 1908. Se vendió a través de suscripción hasta 1971 cuando comenzó a ser comercializado al público en la calle. Sus primeros directores fueron Martín Giménez hasta 1919, luego Perrotta hasta 1922 y Carlos Malagarriaga hasta 1947 en que asumió Duilio Anzisi, Rafael Andrés Perrotta comparte dirección desde 1950 y luego seguirá él sólo en la conducción. En sus comienzos, el diario tenía un volumen de cuatro páginas y un formato sábana. En 1960 se funda la razón social Sociedad Anónima de Ediciones e Impresiones (Sadei) de la cual el periódico dependió hasta la década del 2000. A partir de la década del setenta cambiará su formato a tabloide. En 1976 pasó a formar parte del grupo Sasetru y, en 1986, se incorporó al grupo de medios de comunicación que estaba construyendo Eduardo Eurnekian. En esta etapa, su primer director fue Raúl Burzaco. Según lo que informa el propio diario en su nota celebratoria de sus 110 años, El Cronista Comercial comenzó a publicar notas a través de Internet en 1994, siendo el primer diario argentino en hacerlo. La publicación fue comprada por el grupo editorial español Recoletos en el año 2000 con lo que pasó a formar parte del conglomerado de medios británico Pearson y comenzó a ser impresa en color salmón como todos los periódicos económicos del grupo (Financial Times, The Economist, entre otros). Desde septiembre de 2006 su presidencia está a cargo de Francisco de Narváez.
Su identificación internacional como publicación seriada es ISSN: 0325-5212 y actual dirección Avenida Paseo Colón 746, 1º piso. CABA. A lo largo de toda su existencia ha mantenido su perfil de medio especializado en información bursátil.

Los orígenes de la Dirección Nacional de Migraciones pueden ubicarse hacia 1876, año en que fue creado el Departamento General de Inmigración. La Dirección Nacional de Migraciones continúa vigente hasta la actualidad encargándose de la aplicación de la normativa migratoria y de la implementación de las políticas públicas en la materia.
En relación con sus orígenes, la Constitución Nacional sancionada en 1853 manifestaba una actitud receptiva por parte de nuestro país hacia “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, reflejada tanto en su Preámbulo como en sus artículos 20, 25, 67. Sin embargo, el primer marco legal-institucional para la política migratoria se estableció, veintitrés años después, con la Ley Nº 817 de 1876. Esta norma creó el Departamento General de Inmigración (también denominada Comisaría General de Inmigración) bajo la dependencia del Ministerio del Interior, con las siguientes funciones: 1.-fomentar la inmigración y garantizar su distribución; 2.-asegurar el carácter honorable y laboriosos de los ingresados; 3.-inspeccionar los buques conductores de inmigrantes, velando por el cumplimiento de las condiciones de alojamiento, alimentación, higiene y seguridad requeridas; 4.-exigir a los capitanes de buques la documentación y otros informes necesarios; 5.-proveer a la colocación de los inmigrantes por intermedio de oficinas de trabajo; 6.-proponer al Poder Ejecutivo todas las medidas favorables a la inmigración; 7.-llevar un registro del ingreso de cada inmigrante donde conste su nombre y apellido, edad, sexo, estado, patria, religión, oficio, nivel de alfabetización, punto de salida y punto de colocación; 8.-presentar una memoria anual.
Esta ley se reglamentó por primera vez a través del Decreto del 03/04/1880, que implementó la visita de inmigración, y mediante el decreto del 31/12/1923, que se centró en las normas regulatorias del ingreso y del procedimiento de las inspecciones.
La legislación migratoria no sufrió cambios relevantes entre los años 1882 y1954, fracasando todos los intentos de llevar a cabo una transformación integral, como los de los años 1923, 1938 y 1949. Las modificaciones fueron efectuadas mediante leyes y decretos aislados, e involucraron aspectos parciales de la ley original: venta, arrendamiento o concesión de tierras; condiciones / restricciones al ingreso; procedimiento de inspección; sanciones; aranceles.
Durante el primer gobierno peronista, la política migratoria fue subordinada a proyectos integrales como el 1er. y 2do. Plan Quinquenal de los años 1947 y 1952 respectivamente. La falta de adaptación de la ley general a los cambios experimentados por la inmigración y por los objetivos políticos de las sucesivas gestiones abrió una brecha entre el marco legal y la práctica administrativa. La manera de compensar esta falencia fue el recurso permanente a cambios procedimentales y la superposición de condiciones de ingreso al país.
En cuanto a la condición del organismo y su pertenencia institucional, se pueden apreciar varios cambios. En 1886, la Ley Nº 1.910 dispuso su primer traslado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En 1898, la Ley Nº 3.727 de organización de ministerios asignó las funciones correspondientes a inmigración y colonización al Ministerio de Agricultura; en el mismo año, el Departamento se transformó en Dirección General de Inmigración. En 1943, el Decreto-Ley Nº 15.174 de creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión la incorporó a esta última. En 1949, el Decreto Nº 2.896 de creación de la Dirección Nacional de Migraciones colocó a la institución en la esfera de la Secretaría Técnica de Presidencia, que con motivo de la Reforma Constitucional del mismo año se convirtió en el Ministerio de Asuntos Técnicos. En la actualidad la Dirección Nacional de Migraciones funciona en la órbita del Ministerio del Interior.

La Dirección Nacional Electoral dependió del Ministerio del Interior desde sus inicios en el siglo XIX (bajo otras denominaciones) y continúa existiendo en la actualidad. Tiene por función programar y ejecutar la política nacional electoral con el propósito de implementar las herramientas necesarias que garanticen la transparencia, seguridad y seriedad del proceso electoral en su conjunto. Esta tarea se realiza fundamentalmente a partir de la organización de las elecciones y el registro de los resultados nacionales y provinciales de las mismas.
Desde la primera normativa referida a organización de Ministerios (Ley 80 del año 1856) hasta la actualidad, fue al Ministerio del Interior al que le competió “la ejecución de las leyes relativas a elecciones de Presidente y Vicepresidente, senadores y diputados al Congreso Nacional, y en general, la de toda elección en territorios federalizados” (art. 3, ley 80).
La función del Departamento Electoral, como se llamaba previamente la Dirección Nacional Electoral, era tener a su cargo las leyes electorales y actos eleccionarios, el empadronamiento, el registro gráfico y estadística electoral, el depósito y la distribución de útiles de uso electoral (Resolución MI 50/58).
La actual Dirección Nacional Electoral volvió a entrar en funcionamiento en 1982, ya que desde el golpe de Estado de 1976 había sido rebajada a Departamento sólo funcionando para registrar las altas y bajas de electores.
Al momento de realizar esta investigación en el año 2009, la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, estaba dividida en tres Departamentos. Específicamente el Departamento de Estadística era el encargado de llevar a cabo las tareas necesarias para la realización de estudios estadísticos de los actos eleccionarios, proporcionar a los sectores correspondientes los resultados obtenidos y reunir, procesar y difundir la información relativa a los mismos.

Para la época de la que se preserva documentación (1976-1981) la Dirección General de Radio y Televisión dependía de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación (sucesora de la Secretaría de Prensa y Difusión).
En 1976, mediante Decreto 691/76 (emitido el 20/02 y publicado el 25/02/76) se había modificado el organigrama de la entonces Secretaría de Prensa y Difusión, creándose la Subsecretaría de Radiodifusión y Televisión.
Ese mismo año, mediante Decreto 162/76 (emitido el 22/04 y publicado el 28/04/76), la Secretaría de Prensa y Difusión pasó a ser la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación. Dentro de la misma funcionaba un Subsecretario Operativo, del cual dependía la Dirección General de Radio y Televisión. Dentro de las funciones de dicho Subsecretario Operativo pueden destacarse: Dirigir la operación de los medios de información pública del Estado Nacional (difusión-prensa-radiodifusión-televisión-agencias noticiosas y de publicidad-Boletín Oficial) y de los organismos y entes de promoción y contralor de los mismos (COMFER-Instituto Nacional de Cinematografía-Ente de Calificación Cinematográfica, etc); intervenir en lo relacionado con la creación, supresión, desenvolvimiento, cambio de dependencia, etc, de medios de comunicación social y su pertinente legislación y régimen; realizar estudios de carácter orgánico y doctrinario, y formular las proposiciones y los asesoramientos específicos que se le requieran; y mantener una corriente informativa eficaz con los medios privados de información pública nacionales y extranjeros.
No se han podido establecer con precisión todos los antecedentes de la Dirección General de Radio y Televisión, pero algunos de ellos pueden encontrarse en el Decreto 28/58 que creó la Comisión de Administración de Emisoras Comerciales de la República Argentina, y en la ley 16.907 que reemplazó la denominación de la Comisión de Administración de Emisoras Comerciales y L.S. 82 TV Canal 7 por la de Administración General de Emisoras Comerciales de Radio y Televisión. Asimismo, este organismo por lo menos hacia el año 1973 integraba la Secretaría de Prensa y Difusión (Decreto 30/1973).
Con respecto a la época posterior a los años 1976-1981, se ha constatado que en 1989 (Decreto 671/89) la Dirección General de Radio y Televisión Argentina dependía de la Secretaría de Prensa y Difusión y estaba a cargo de la radio y televisión oficiales. Hacia 1991 ya no se encontraba mención a una Dirección con el mismo nombre en el Decreto 1708/1991 que determinaba el organigrama de Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación.

Esta institución fue creada en 1941, y continúa en actividad hasta el día de la fecha, especializándose en el desarrollo, fabricación y suministro de soluciones integrales para Seguridad, Defensa, Minería, Química y Metalmecánica.
El primer antecedente de promoción del desarrollo industrial orientado a la defensa nacional es la Ley Nº 11266/23, que autorizaba al Poder Ejecutivo a realizar gastos para el fomento de la industria vinculada a material de guerra, ya fuera pública o privada, y con la posibilidad de que este sector pudiera ser reorientado a otros fines. Las fábricas militares dependían de la Dirección General de Material del Ejército a través de la sección Dirección de Fábricas Militares desde 1936, cuya titularidad asumió en 1937 el entonces Coronel Manuel Savio.
Savio enfatizó la necesidad de evitar la dispersión de los esfuerzos y concentrarlos en armónica y coherente concepción. Así nació el proyecto de ley orgánica de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que en 1938 fue elevado para su tratamiento parlamentario, siendo finalmente aprobado como Ley Nº 12709 en 1941, promulgada por el Decreto Nº 102.081 del mismo año.
Dicha ley creó la institución como entidad autárquica bajo la órbita del Ministerio de Guerra, con capacidad para actuar de manera pública y privada, y dispuso el agrupamiento de todas las fábricas y talleres de arsenales existentes en ese entonces bajo su conducción unificada.
Las funciones de la nueva institución eran las siguientes: 1) realizar los estudios, investigaciones y estadísticas conducentes al conocimiento de las posibilidades industriales del país, relacionadas con la producción de materiales y elementos de guerra y con la preparación de la movilización industrial correspondiente; 2) elaborar materiales y elementos de guerra; 3) realizar, de acuerdo con las disposiciones del Código de Minería, exploraciones y explotaciones tendientes a la obtención de: cobre, hierro, manganeso, wolfram, aluminio, berilio y demás materias necesarias para la fabricación de materiales de guerra; 4) construir las obras necesarias a los fines establecidos; 5) fomentar las industrias afines.
La Dirección podía habilitar a las fábricas bajo su influencia para la elaboración de elementos similares al material militar destinados al consumo general, cuando estos no fueran producidos por la industria privada, o lo fueran en cantidades insuficientes para las necesidades del país. También se autorizaba al organismo a celebrar convenios de carácter industrial y comercial con el sector privado así como formar sociedades mixtas con capitales nacionales o extranjeros, siempre y cuando estos últimos no pertenecieran a trusts o holdings productoras de material bélico.
En un principio, la institución concentró a las unidades productivas creadas con anterioridad: Fábrica Militar de Equipos, Fábrica Militar de Materiales de Comunicaciones, Fábrica Militar de Aviones, Fábrica Militar de Aceros y Pólvora y Fábrica Militar de Explosivos. A las nombradas se sumaron las siguientes: Fábrica Militar de Armas Portátiles "Domingo Matheu" (1942), Fábrica Militar de Tolueno Sintético (1942), Fábrica Militar de Munición de Artillería “Río Tercero” (1943), Fábrica Militar de Munición de Artillería "Borghi" (luego "Fray Luis Beltrán") (1943), Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos “E.C.A.” (1944), Fábrica Militar de Munición de Armas Portátiles "San Francisco" (1944), Fábrica Militar de Materiales Pirotécnicos “Pilar” (1945), Fábrica Militar de Acido Sulfúrico, Centro de Exploración Geológico Minero, Centro Forestal “Pirané”, Establecimiento Minero “Capillitas” y Establecimiento Altos Hornos Zapla (1943).
Por otra parte, la Dirección participó como accionista en las siguientes sociedades mixtas: Aceros Especiales, Compañía para la Industria Química (1944), Industrias Químicas Nacionales (1943), Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (1947), ATANOR (1944), SOMICROM (1944), Aceros Ohler SA (1969), Carboquímica Argentina SAM, INDUCLOR SAM, POLISUR SM, PETROPOL y Salta Forestal SA También participó como accionista en las siguientes sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria: Petroquímica General Mosconi SAI y C (1970), Petroquímica Río Tercero SA, Petroquímica Bahía Blanca SA, Hierro Patagónico de Sierra Grande SAM (1970), Siderurgia Integrada SAIC (1975).
La institución era administrada por un directorio compuesto por un presidente y ocho vocales, nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Comandante en Jefe del Ejército. El presidente y cuatro de los vocales debían ser oficiales superiores del Ejército en actividad. El resto de los vocales debían ser civiles u oficiales superiores en situación de retiro. El presidente desempeñaba además las funciones de Director General. Mediante la Ley Nº 17506 / 67 se creó el cargo de subdirector, quien debía ser un oficial superior del Ejército en actividad, nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Comandante en Jefe del Ejército. El Subdirector asistía al director a través de las direcciones de Producción y de Desarrollo, bajo cuyo control directo se encontraban las fábricas militares y las relaciones con la industria nacional respectivamente.
La Dirección de Producción se dividía en dos secciones: Subdirección de Producción Mecánica y Metalúrgica; Subdirección de Producción Química y Extractiva. De la primera dependían, entre otras, las Fábricas Militares “General San Martín”, de Vainas y Conductores Eléctricos “ECA”, de Armas Portátiles “Domingo Matheu”, de Munición de Armas Portátiles “San Francisco”, de Munición de Artillería “Río Tercero” y el Establecimiento Altos Hornos Zapla. De la segunda dependían las Fábricas Militares de Pólvora y Explosivos ”Villa María”, de Acido Sulfúrico, de Tolueno Sintético, de Material Pirotécnico “Pilar”, el Establecimiento Azufrero Salta, el Establecimiento Minero Capillitas, el Centro Forestal Pirané y la planta química de la Fábrica Militar “Río Tercero.
En 1947, el proyecto de desarrollo industrial de la Dirección recibió un fuerte respaldo con la sanción de la Ley Nº 12987, que aprobaba el Plan Siderúrgico Argentino, cuyos objetivos fundamentales eran: 1) promover la producción de acero en el país; 2) impulsar la explotación de yacimientos de hierro y plantas siderúrgicas del estado; 3) fomentar la instalación de plantas transformadoras y de terminación de productos de acero; 4) consolidar la industria siderúrgica consiguiendo ventajas económicas y manteniendo activas las fuentes de combustible y minerales.
El plan asignaba al estado un rol de intervención activa tanto a través de sus propias empresas, como de la formación de sociedades mixtas y de la creación de condiciones favorables para la inversión privada. Dentro del Plan ocupaban un rol destacado como unidades siderúrgicas motrices: el Establecimiento Altos Hornos Zapla y la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, cuya creación estaba contenida en la misma ley. El asesoramiento técnico económico y de contralor general del plan correspondía a la Dirección.
Con respecto a la pertenencia orgánica de la institución, ésta nació bajo la jurisdicción del Ministerio de Guerra. Con la sanción de la Ley Nº 17333 / 67 se transfirió el organismo al Ministerio de Defensa. La Ley Nº 22119 / 79 colocó la institución bajo la jurisdicción del Comando en Jefe del Ejército. El Decreto Nº 280 / 83 devolvió el organismo a la órbita del Ministerio de Defensa, que en 1985 subordinó la Dirección a la Secretaría de Producción para la Defensa y dispuso que la titularidad del mismo fuera ocupada por un civil.
El Decreto Nº 1398 / 90 impulsó la privatización de las empresas, sociedades y establecimientos del área del Ministerio de Defensa, lo cual involucraba a los establecimientos dependientes de la DGFM. Esta decisión fue confirmada por la Ley Nº 24045 / 91. Con vistas al cumplimiento de este objetivo, el Decreto Nº 2444 / 91 impuso la intervención y el Decreto Nº 1932 / 91 dispuso la reestructuración orgánica del organismo. El Decreto Nº 464 / 96 transfirió la institución al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, disponiéndose por Decreto Nº 517 / 96 las condiciones generales de funcionamiento en el marco del proceso de privatización.
El Decreto Nº 1079 / 06 colocó a la institución bajo la dependencia del Ministerio de Planificación Federal. Finalmente, mediante Decreto 104/2019, se estableció su transformación en Sociedad del Estado, dentro de la órbita del Ministerio de Defensa.
Como consecuencia del proceso de privatización de las empresas y sociedades de su competencia, la institución cuenta en la actualidad solamente con la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”, la Fábrica Militar “Río Tercero”, la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos “Villa María”, la Fábrica Militar “San José de Jachal” y la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos “Azul”.