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Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 53 "Ad Hoc Muebles Sagasti" fue creada para investigar las denuncias efectuadas por la empresa Sagasti Inmobiliaria Industrial Comercial y Financiera SA contra la ex - Fundación Eva Perón. Estaba integrada por un presidente y dos vocales. Se investigó la presunta coacción sobre la empresa, en la que habrían intervenido funcionarios gubernamentales, para beneficiar a la Fundación mediante la entrega de un inmueble y bonificaciones sobre las deudas mantenidas por trabajos realizados.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 55 "Propiedad Enemiga" fue creada para investigar las irregularidades cometidas en la ejecución de las normas correspondientes a la propiedad de empresas originarias de las llamadas "Potencias del Eje" durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba integrada por un presidente, un secretario y cuatro vocales.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 56 "Radioemisoras Privadas" fue creada para investigar la política seguida por el gobierno depuesto con las emisoras de radio de carácter privado. Estaba integrada por un presidente, un vicepresidente, un asesor y siete vocales. Se investigaron presuntas coacciones por parte del Poder Ejecutivo para que las empresas cedieran bienes y equipos, y operaciones tendientes a la apropiación, a precio vil y pasando por alto todos los controles procedimentales, de medios de comunicación. La hipótesis de la Comisión es que el gobierno peronista desplegó un plan de absorción de medios de comunicación con el objetivo de conformar una máquina de propaganda oficial. Los principales operadores de esta estrategia habrían sido los funcionarios Carlos Aloé y Jorge Antonio, supuestos "testaferros" del Presidente de la Nación, mediante los grupos ALEA y APT SA respectivamente. Se destacan en las pesquisas los casos de Radio Belgrano y Editorial Haynes.
Por otra parte se investigó la relación del gobierno con la Asociación Interamericana de Radiodifusión y ADRA (Asociación de Radiodifusoras Argentinas).
Por último fue materia de análisis la actuación de Aloé en la administración y la interrelación de un conjunto de medios que presuntamente conformarían un grupo: Haynes, La Razón, Alea, Atlas y diversos diarios.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 57 "Dirección Nacional de Puertos" fue creada para investigar irregularidades en la aplicación del Decreto N° 7025/51, en el otorgamiento de concesiones en zona portuaria, acusaciones contra dirigentes sindicales, arbitrariedad en la gestión del personal y faltas a los debidos procedimientos. Estaba integrada por un presidente y tres vocales. La pesquisa se terminó concentrando en buena medida en la figura del ex-Director del organismo, Santiago Novaro y la Secretaría Privada.
y la secretaria Privada. Relacionado con esto último se realizó un procedimiento en el archivo de la Dirección de Puertos, lo que dio por resultado la incautación de ficheros, concesionarios que ponen en evidencia como eran clasificados, teniendo en cuenta su afiliación en el Partido Peronista.
La Comisión vio dividida su gestión en dos cuestiones: en primer lugar denuncias de menor significación y en segundo lugar en el caso “Novaro”.
En cuanto a la primera cuestión se estudiaron presuntas arbitrariedades cometidas por el Administrador del puerto de Rosario, presuntas irregularidades en el otorgamiento de concesiones de comedores en el puerto, y un caso de desalojo de un comedor en el puerto.
Para la segunda cuestión se reunieron en un solo expediente los ficheros de afiliación al Partido Peronista, el legajo secreto del Ministerio, y se solicitó a la Comisión Nacional de Investigaciones la adscripción del Dr. Alfonso Costa en carácter de auditor.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 58 "Policía Federal" fue creada para investigar hechos en los que se hallaran complicados funcionarios de la Policía Federal. Estaba integrada por un presidente y seis vocales. Se produjeron informes sobre la complicidad policial con sucesos como la quema de la Bandera Nacional, el incendio y saqueo de templos, manchas a monumentos y embajadas, imputaciones falsas de delitos y torturas al estudiante Ernesto M. Bravo. La Comisión también emitió por pedido específico de instancias superiores un informe sobre la muerte de Juan Duarte (hermano de Eva Perón y secretario de Juan Domingo Perón). La hipótesis de la Comisión era que la fuerza de seguridad había sido brazo ejecutor de diversas acciones tendientes a intimidar a la oposición.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 59 "Alianza Libertadora Nacionalista" fue creada para investigar las actividades de la organización política de referencia. Estaba integrada por un presidente y cuatro vocales.

Por Decreto–Ley N° 6134/56 y a propuesta de la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta de Recuperación Patrimonial se creó la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial para que seleccionara y ampliara los antecedentes relacionados con las personas físicas y sociedades comerciales o civiles comprendidas en el Decreto-Ley N° 5148/55, representando a los intereses del Estado ante la citada Junta. Para ello, recibió atribuciones muy similares a las asignadas por Decretos-Ley N° 479/55 y 2603/56 a la Comisión Nacional de Investigaciones. Dado el Decreto–Ley N° 6132/56, que hizo cesar en sus funciones a la Comisión Nacional de Investigaciones, la Fiscalía se transformó en la depositaria del material producido por aquella y en la continuadora de las funciones de investigación de la misma, las que cumplirá hasta el año 1958.
La Comisión N° 60 "Grupo Díaz" fue creada para investigar las actividades del grupo económico-financiero Díaz. Estaba integrada por tres miembros. Se investigaron las distintas sociedades componentes del grupo, sus operaciones en el exterior y sus vínculos con funcionarios del gobierno derrocado (en particular, Juan Duarte, secretario privado de Juan Domingo Perón), de manera de poder establecer el origen del patrimonio y la correspondencia de su recuperación por el Estado Nacional. La hipótesis de la Comisión era que el Grupo Díaz habría sido una organización destinada al enriquecimiento ilícito de la propia familia Díaz y de funcionarios gubernamentales. Se comprometió de manera directa y primaria a toda la familia Díaz en las acciones, así como a sus colaboradores más cercanos, todos ellos interdictos, y se identificaron diversos actores secundarios (colaboradores menores y testaferros).
Fueron interdictos Ernesto Díaz, María Elena Rigada de Díaz, Héctor Julio Díaz, Ivonne Bastien de Díaz S.A., Carlos Antonio Díaz, Aída Catelán de Díaz, Carlos Díaz García, Virginia López de Díaz, Héctor Pedro Mazzadi, Agustín Carlos Pinedo, Víctor Santeestaban y Raymundo López.

El marino Ceferino Ramírez, nació en la provincia de Santa Fe en 1837. A muy corta edad se inició en el oficio naval, debido a que su padre era propietario de navíos de cabotaje en la ribera del río Colastiné. Alistado en 1860 en la Escuadra del Estado de Buenos Aires, al mando de Juan Andrés Gelly y Obes, el 19 de septiembre de 1861 fue designado Subteniente. Después de prestar servicios en la Subdelegación de Marina del Riachuelo, el 3 de julio de 1865 recibió el grado de Teniente de la Armada por su participación en la campaña a bordo del vapor “Pavón” y por su desempeño durante la invasión paraguaya a Corrientes, acaecida en el marco de la Guerra de la Triple Alianza. Comandó los vapores “Libertad” y “Chacabuco”. Entre 1868 y 1870, a bordo del “Choele Choel”, fue miembro de la expedición que por primera vez remontó el río Negro en un barco a vapor.

Sargento mayor de la Armada Nacional a partir del 18 de octubre de 1869, en 1873 intervino en la represión de la primera Revolución Jordanista. Por su lealtad al Gobierno en la Revolución de Septiembre de 1874, obtuvo el grado de teniente coronel. En 1877, cuando explotó el vapor depósito torpedero “Fulminante” en el apostadero del río Luján, Ramírez retiró rápidamente todos los barcos fondeados, evitando así que se fueran a pique.

Con el monitor acorazado “Los Andes” formó parte de la expedición que, al mando del comodoro Py, reafirmó la soberanía argentina frente a los reclamos chilenos en la región patagónica. Enviado a Europa en 1879 para comprar nuevos materiales de guerra, mientras estaba en Gran Bretaña recibió la orden de tomar el mando del vapor “Villarino” y de embarcar en el Puerto francés de El Havre los restos del general José de San Martín. Llegó a Buenos Aires el 28 de mayo de 1880. Durante la Revolución de ese año se mantuvo leal al Gobierno y fue ascendido a coronel de la Armada Nacional. En 1884 formó parte de la campaña al Chaco Austral y recorrió el río Bermejo. Destinado a Europa al frente de la torpedera “Maipú”, adquirió proyectiles Whitehead de 400 metros de alcance. A su regreso, le asignaron la división de torpedos en el río Luján. Vocal de la Comisión Inspectora de la Armada, del Consejo de Guerra y de la Junta Superior de Marina (interinamente en reiteradas veces), en setiembre de 1889 se lo comisionó otra vez a Europa para supervisar la construcción del crucero “25 de Mayo”, que comandó hasta su arribo a Buenos Aires en 1892. En 1891 por decreto del día 27 de septiembre había alcanzado el grado de Comodoro. El 17 de agosto de 1892 fue nombrado Director General de Arsenales y Talleres de Marina.

Falleció el 13 de noviembre de 1893.

El ingeniero militar, escritor e historiador Charles Hy Roberts, conocido como Carlos Roberts, nació en Buenos Aires en 1872. Perteneciente a una familia de origen británico, ingresó muy joven como empleado al Ferrocarril Central Argentino en Buenos Aires y Rosario. Mientras trabajaba estudió la carrera de Ingeniería. El 2 de abril de 1895 fue nombrado mediante una resolución Teniente Segundo del Regimiento segundo de Artillería de Guardias Nacionales de la Capital. En agosto de 1911 viajó a Nueva York.

Se dedicó también a la investigación histórica, en especial sobre las Invasiones Inglesas al Río de la Plata, deteniéndose en sus antecedentes y consecuencias. En 1938 publicó: Las Invasiones Inglesas del Río de la Plata (1806-1807) y la influencia inglesa en la independencia y organización de las provincias del Río de la Plata. En el marco de su investigación consultó documentos del Archivo General de la Nación y, entre 1928 y 1930, viajó al Reino Unido donde para consultar el Records Office. Adquirió el archivo de Beresford de la época en que estuvo en Buenos Aires.

Roberts, quien también editó Los emblemas de la patria y su origen (1931), fue un importante coleccionista de medallas. Resultó premiado en la primera Exposición Argentina de Numismática de 1934. Por otra parte, integró la Sociedad de Historia Argentina y escribió frecuentemente en su “Anuario”.

Roberts falleció en 1942.

CONSULTARA S.A. fue una empresa de estudios, asesoramiento, consultoría y auditoría en material naval, marítima y áreas afines, pero también en cuestiones más amplias relativas a la administración, economía e ingeniería. No se ha podido precisar su fecha de creación, pero se sabe que estuvo operativa por lo menos desde 1980 y fue liquidada en el año 1995.

Los socios de CONSULTARA eran el Estado Nacional Argentino-Comando en Jefe de la Armada (95%) y TANDANOR S.A.C.I. y N. (5%).

Estaba inscripta en el registro público de comercio con el N° 488, libro 90, tomo A de estatutos de sociedades anónimas nacionales, y constituida mediante escritura N° 101 de la Escribanía Marcelo a. Banfi.

Algunos de los trabajos efectuados por la empresa fueron:

-Estudio de costo operativo de la flota de buques de investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.

-Estudio sobre la reactivación de la navegación de los ríos Paraná y Uruguay

-Reequipamiento e integración de las redes de comunicación dependientes del Comando en Jefe de la Armada y de la Prefectura Naval Argentina.

-Proyecto para la construcción de un Instituto para la Detención y Rehabilitación para varones menores ubicado en Pilar, Pcia. de Bs. As.

-Organización de un sistema de archivo microfilmado de información catastral de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y de la Policía.

-Estudio de reservas ecológicas. Represa hidroeléctrica del Paraná Medio. Cierre Sur Chapetón.

En el año 1982, el Comando en Jefe de la Armada decidió la disolución de CONSULTARA. El 20 de septiembre de ese año una asamblea extraordinaria decidió la disolución anticipada, en el marco de la ley 19.550 (general de sociedades). A partir de entonces los directores quedaron impedidos de ejecutar actos relativos al objeto social y la sociedad subsistió solo para lograr la liquidación, es decir, el cumplimiento de contratos pendientes, la realización de activos y la cancelación de pasivos.

Además de la liquidación, la empresa se vio involucrada en una investigación. En el año 1984, por Resolución Nº 25/84 de la Subsecretaría de Transporte Fluvial y Marino se había encomendado a una comisión estudiar los antecedentes del caso CONSULTARA S.A. El 29/03/1984 la Subsecretaría de Transporte Fluvial y Marino (en el marco del expediente 24356/81 del registro de la ex Secretaría de Intereses Marítimos) resolvió interponer una denuncia elevando los antecedentes a un Juzgado en lo Correccional y Criminal (probablemente el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°3). No se han podido precisar los motivos y consecuencias de la investigación.

La liquidación de la empresa ocurrió el 29 de mayo de 1995, mediante Resolución n° 767 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Entre otras cuestiones, en esa resolución se encomendó: a la Subsecretaría Legal de la Secretaria de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa la implementación de los medios necesarios para atender todas las causas judiciales en trámite, y de las que eventualmente se iniciaran, en las que fuera parte la empresa; a la Contaduría General De la Nación, dependiente de la Secretaría de Hacienda, el resguardo de los archivos financieros de la empresa; y a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de la Subsecretaria De Normalización Patrimonial dependiente de la Secretaria De Coordinación Legal, Técnica y Administrativa todas las tareas remanentes de CONSULTARA, en especial la suscripción de los requerimientos de pago en Bonos de la Deuda Pública.