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La Academia Británica era un instituto educativo privado fundado por la comunidad inglesa. La Academia impartía una enseñanza de nivel elemental hasta quinto grado y preparatoria para varones, ajustada al programa de los colegios nacionales, aunque con una marcada orientación comercial con materias contables y prácticas en teneduría de libros. Situada en la calle Belgrano Nº 943 del barrio de Monserrat, ocupaba el primer lugar entre los colegios particulares del distrito, de acuerdo al informe del subinspector de escuelas Sánchez Mendoza, publicado en el “Monitor de la Educación” el 4 de octubre de 1889. Para ese año, contaba con un plantel de diez y nueve profesores, entre ellos, el maestro de inglés Edgard Courtaux; un secretario y varios celadores, destacándose por su buena disciplina, excelente estado edilicio, amplia provisión de útiles escolares y limpieza. En 1892 la dirección de la Academia estuvo a cargo de Roberto Bird. Para esa fecha cursaban doscientos noventa y tres alumnos, cuyas edades oscilaban entre los 5 y los 15 años. No todos eran de origen británico, algunos provenían de distinguidas familias porteñas que deseaban que sus hijos fueran educados según las normas inglesas. Los cursantes recibían clases de caligrafía, aritmética, gramática, geografía, doctrina, geometría, historia argentina, historia natural, física, contabilidad, dibujo, inglés, francés, alemán, piano y violín.

En el año 1950, mediante el Decreto Nº 26099/1950 se unificaron distintas sociedades mixtas preexistentes para constituir Aerolíneas Argentinas.
En relación con esos antecedentes, durante la década de 1940 tuvo lugar un salto cualitativo en la política del estado nacional hacia la cuestión aeronáutica. La primera iniciativa de envergadura está asociada al desarrollo de líneas aéreas que favorecieran la integración de las regiones más alejadas del país, prestando servicios de transporte de carga, pasajeros y correo. En este sentido se crearon dos empresas bajo la órbita de las fuerzas armadas: Líneas Aéreas del Sudoeste (LASO) en 1940, y Líneas Aéreas del Noreste (LANE) en 1944, junto con un servicio de transporte de correspondencia denominado Servicio Aeropostal del Estado (SADE). A partir de la creación de la Secretaría de Aeronáutica en el año 1945, estas empresas se unificaron bajo la denominación de LADE (Líneas Aéreas del Estado), empresa de transporte aéreo de fomento bajo la órbita de la recientemente creada Fuerza Aérea Argentina.
A partir de 1944, el estado nacional comenzó a sancionar numerosos decretos - ley que dieron acelerado impulso a la institucionalización y regulación de la aviación militar, civil y comercial, estableciéndose estatutos profesionales para el personal del sector, fijándose el marco regulatorio para la creación de sociedades mixtas y asociaciones civiles de fomento de la actividad, aprobándose expropiaciones y donaciones de terrenos en función de la política aeronáutica del estado. Entre ellos se destacaron el Decreto – Ley Nº 29376/44, de organización de la aeronáutica militar, el Decreto – Ley Nº 288/45, de creación de la Secretaría de Aeronáutica, el Decreto – Ley Nº 1190/45, que autorizaba a la Secretaría de Aeronáutica a realizar convenios de carácter comercial e industrial con el sector privado (incluyendo la formación de sociedades mixtas, cuyo proyecto de estatuto sería aprobado por Decreto – Ley Nº 728/46, modificado a su vez por el Decreto – Ley Nº 11755/46), el Decreto – Ley Nº 9358/45, que fijaba los lineamientos generales de la política del estado para la aeronavegación, y el Decreto – Ley Nº 16130/46, que aprobaba el estatuto profesional para el personal de aviación civil. En 1946, ya bajo el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, todos los decretos – ley mencionados fueron ratificados por la Ley Nº 12911.
Los antecedentes de Aerolíneas Argentinas deben buscarse en distintas sociedades mixtas creadas como consecuencia de la política aeronáutica descripta, y entre las cuales se destacaron las siguientes: Aeroposta Argentina SA (que funcionaba como sociedad mixta ya desde 1935); Aviación del Litoral Fluvial Argentino (ALFA), que prestaba servicios a Montevideo, la región del Litoral y Asunción del Paraguay; Flota Aérea Mercante Argentina (FAMA), primera empresa que recibió la exclusividad en la explotación de rutas internacionales; Zonas Oeste y Norte de Aerolíneas Argentinas (ZONDA), que se dedicaba a las rutas de cabotaje. Estas sociedades mixtas pasaron a formar parte de la estructura del Estado mediante el Decreto Nº 10459/49. Finalmente, el Decreto Nº 26099/50 las unificó para constituir Aerolíneas Argentinas como empresa del estado en reemplazo de la Gerencia General de Aerolíneas Argentinas y bajo la jurisdicción del Ministerio de Transportes y la Contaduría General de la Nación.
El Decreto Nº 26100/50 aprobó el estatuto orgánico de la nueva empresa, estableciendo como su misión y función fundamental entender en todo lo referente a la explotación y realización del servicio público de transportes aéreos comerciales, de cabotaje e internacionales conforme a la política que en esa materia fijara el estado nacional. La dirección y administración de la empresa estaba a cargo de un Gerente General, asesorado por un Consejo de Administración integrado por los directores de Explotación, Operaciones, Administración y Comercial.
Posteriormente, la Ley Nº 4218/52 creó la Empresa Nacional de Transportes (ENT) y colocó bajo su jurisdicción a Aerolíneas Argentinas, que se convirtió en una Administración General, cuyo conductor era designado directamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Una vez derrocado el gobierno peronista, el Decreto-Ley Nº 6136/56 transfirió todos los organismos relacionados con el transporte aéreo, hasta entonces bajo otras dependencias, a la órbita del Ministerio de Aeronáutica. El decreto dispuso también la creación de una empresa del estado dependiente del citado ministerio a constituir con el personal, infraestructura, bienes, equipos y financiamiento afectados hasta entonces a la Administración General de Aerolíneas Argentinas. Esta norma fue ratificada posteriormente por la Ley Nº 14467/58.
El Decreto-Ley Nº 11552/56 aprobó la primera estructura orgánica de la nueva empresa. Su administración y gobierno quedaba a cargo de un directorio designado directamente por el Poder Ejecutivo Nacional e integrado por un presidente, un vicepresidente y 3 vocales. La administración y explotación comercial de la empresa quedaba a cargo de un gerente general escogido entre los vocales. Otro de los vocales debía actuar en representación del personal. La empresa estaba facultada para actuar como persona de derecho público en la relación jerárquico-administrativa y como persona de derecho privado en su actividad comercial e industrial. También podía mantener sucursales en todo el país y en el exterior.
Aerolíneas Argentinas experimentó varias modificaciones a su estructura orgánica. La primera de ellas por Decreto Nº 4678/57, que amplió la cantidad de miembros del directorio a 5, modificando su denominación a “directores”. Dos de los directores representaban al Ministerio de Aeronáutica y al personal de la empresa respectivamente, mientras que los tres restantes tenían a su cargo la conducción ejecutiva de la empresa, cumpliendo respectivamente las funciones de gerente técnico, gerente comercial y gerente administrativo.
Posteriormente, el Decreto Nº 1170/60 restableció el número de miembros original del directorio, asignando al presidente la función de administrador general. Como consecuencia de la reforma de la ley de ministerios de 1958, el Ministerio de Aeronáutica fue rebajado a la categoría de Secretaría bajo la órbita del nuevo Ministerio de Defensa, siguiendo Aerolíneas Argentinas el mismo destino.
El Decreto Nº 1072/65 estipuló que la empresa pasara a ser considerada como entidad autárquica y las funciones de administración general se separaron de la presidencia y para ser ejercidas por un agente designado por el directorio. El Decreto Nº 500/66 suprimió el Directorio y concentró las funciones de dirección y administración en un Administrador General y un Gerente General designados directamente por el Poder Ejecutivo Nacional.
El Decreto Nº 5232/68 colocó a la empresa bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. En 1979, por Decreto N° 808, Aerolíneas Argentinas se transformó en Sociedad del Estado, rigiéndose por la Ley Nº 20705 de Sociedades del Estado y la Ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales. La dirección y administración de la empresa queda a cargo de un directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y 3 directores representativos de la Fuerza Aérea Argentina (1) y el Ministerio de Economía (2), todos ellos nombrados por la asamblea de accionistas. El Decreto Nº 120/81 transfirió Aerolíneas Argentinas a la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
La Ley Nº 23696/89 de Reforma del Estado impulsó el proceso de privatización de las empresas y sociedades del estado o con participación estatal, incluyendo en sus anexos a Aerolíneas Argentinas.
El Decreto Nº 1591/89 (modificado posteriormente por el Decreto Nº 1024/90) estableció las normas reglamentarias bajo las cuales debió desarrollarse este proceso, como privatización parcial con participación estatal minoritaria.
El Decreto Nº 461/90 realizó el llamado a licitación pública internacional, resultando finalmente como adjudicatario al consorcio liderado por la empresa Iberia Líneas Aéreas de España S.A. Finalmente, el Decreto Nº 2201/90 constituyó a Aerolíneas Argentinas como Sociedad Anónima y procedió a la entrega de la empresa a sus nuevos propietarios.
Paralelamente a esta definición, el Decreto Nº 1938/93 creó la comisión liquidadora de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado, proceso que fue dado por concluido mediante la Resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº 398/96. División Prensa y Difusión: Dependiente del Departamento de Relaciones Públicas, las misiones y funciones de la sección eran las siguientes: mantener un fluido contacto con los medios de comunicación, en forma tal de posibilitar un adecuado manejo de la información, que permitiera un constante y efectivo apoyo a la gestión empresaria; asesorar, coordinar y apoyar a las gerencias y sucursales de la empresa en la generación y emisión de noticias favorables; supervisar la generación y tráfico interno de toda la información de prensa ordenando y evaluando por su importancia; dirigir la información de prensa de la empresa hacia todos los medios de comunicación; controlar las informaciones emitidas por los medios referidos a líneas aéreas, turismo, viajes, etc., recopilarla y darla a conocer a los sectores directivos; clarificar la actividad de prensa, tanto de la empresa como de la competencia, llevando un control de las publicaciones de los principales medios nacionales; elaborar y mantener actualizada la historia de la empresa, como así también llevar un registro de la acción desplegada en cada una de las líneas áreas y del transporte aerocomercial en general; organizar agasajos e invitaciones especiales a la prensa como así también realizar conferencias de prensa; llevar un registro de todos los pasajeros destacados que utilizaran los servicios de la empresa; apoyar la gestión de los medios de comunicación en cuanto a sus necesidades de tráfico de materiales y / o trámites de viaje, a fin de lograr una adecuada predisposición hacia la empresa; proponer todas las acciones tendientes a lograr un adecuado desenvolvimiento de la actividad de prensa de la empresa.

La agencia Fotográfica “¡Alerta!” fue una empresa privada que tomó como lema “La actualidad en el objetivo”. Su dueño fue el fotógrafo I. González Prieto. Entre los temas destacados en su registro fotográfico se encuentran actividades desarrolladas por los teatros profesionales de la época, las empresas industriales y comerciales y el movimiento sindical argentino.

Los antecedentes de Agua y Energía Eléctrica se encuentran en el dictado del Decreto
N. º 2389/45, que establecía la estructura y régimen legal para el funcionamiento de la Dirección Nacional de la Energía. En dicha norma, se permitía a la mencionada Dirección a producir, transmitir, distribuir y vender energía eléctrica destinada a la prestación de servicios públicos de electricidad de jurisdicción nacional, pudiendo celebrar convenios con provincias y municipios, y dando especial preferencia a la producción de energía hidroeléctrica. En particular, la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado tendría a su cargo el estudio, proyecto, ejecución y explotación de centrales eléctricas hidráulicas y térmicas. A su vez, una Comisión coordinadora integrada por representantes de la Dirección Nacional de la Energía y la Administración Nacional del Agua se reunirían para coordinar los estudios y planes relativos al aprovechamiento hidroeléctrico de las fuentes de energía y a la construcción de las obras comunes destinadas a la utilización integral del agua.
Posteriormente, los esfuerzos continuaron yendo en el sentido del curso dispuesto por la normativa. En primer lugar, el Decreto N. º3121/47 concretó la desintegración de la Administración Nacional del Agua y la incorporación de la Dirección General de Irrigación a la Secretaría de Industria y Comercio. A continuación, el Decreto N.º 3967/47 creó Agua y Energía Eléctrica como Dirección General bajo dependencia de la Secretaría de Industria y Comercio, a partir de la fusión de la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado y la Dirección General de Irrigación y a través del Decreto N.º 9932 se establecieron sus funciones.
La nueva Dirección absorbía las facultades y atribuciones definidas por la Ley N. º 6546 y su Decreto reglamentario y los Decretos de fechas 22 de noviembre y 25 de octubre de 1932, que encomendaban al Poder Ejecutivo la preparación de los proyectos definitivos para la ejecución de las obras necesarias para el aprovechamiento de los ríos Negro, Limay, Neuquén, Segundo, Tercero, Quinto, Seco, Río de los Sauces, Mendoza, Atuel, Diamante, Tunuyán, Salado, Colorado y Dulce.
Con motivo de la adaptación a la Ley N.º 13653 de aquellas entidades descentralizadas que desempeñaran actividades de carácter industrial, comercial o de explotación de servicios públicos que el Estado, por razones de interés público, considerara necesario desarrollar, el Decreto N.º 17371/50 dispuso la constitución de Empresas Nacionales de Energía (ENDE), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, aglutinando para sí las Direcciones Generales existentes dedicadas a esa actividad (lo que incluía a Agua y Energía Eléctrica), cuyo gobierno asumía, conservando aquellas su individualidad y denominación particular al solo efecto de la gestión económica con el aditamento ENDE. Posteriormente el Decreto 6456/55 dispuso la disolución del organismo precedentemente mencionado y la creación de nuevas Empresas del Estado con la base de las que integraban el mismo. En este sentido, el Decreto N. º 1488/57 confiere a la Empresa Nacional Agua y Energía Eléctrica -ENDE – carácter autárquico y un directorio para su administración, integrado por un presidente y 2 vocales, uno con competencia en problemas hidráulicos y el otro en energía eléctrica. Poco después, el Decreto N. º 14004/57 aprueba el estatuto orgánico de la empresa, con carácter autárquico, dependiente del Ministerio de Comercio e Industria. El gobierno y administración de la organización descansaría en un directorio integrado por un presidente y 4 vocales, todos ellos designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del citado Ministerio.
La organización del sector eléctrico cobrará nuevo impulso con la Ley N. º15336 de 1960, que reglamenta las actividades de la industria eléctrica destinadas a la generación, transformación y transmisión, o a la distribución de la electricidad, en cuanto las mismas correspondan a la jurisdicción nacional. Esta norma creó un Consejo Federal de la Energía Eléctrica como órgano asesor y consultor del Poder Ejecutivo Nacional en la materia, del que formaba parte el presidente del directorio de Agua y Energía Eléctrica. Además, la empresa tomaba a su cargo el despacho de cargas en la Red Nacional de Interconexión y él manejo y funcionamiento de las Sistemas Eléctricos del Estado, sumando las siguientes atribuciones: comprar la energía eléctrica a las centrales integrantes de la Red Nacional de Interconexión y atender a su comercialización mediante la venta a las empresas u organismos prestatarios de servicios públicos de electricidad, y a las grandes industrias; establecer anualmente él régimen de funcionamiento de cada central integrante de la Red Nacional de Interconexión; impartir las órdenes necesarias para él despacho de cargas, de acuerdo con las normas preparadas por la Secretaria de Energía y Combustibles. Luego, el Decreto N. º17004/66 declaró de jurisdicción nacional los servicios públicos de electricidad que prestaba el Estado nacional por intermedio de Agua y Energía Eléctrica y sus demás entes especializados, en sus distintas etapas de generación, transformación, transmisión distribución y comercialización. El Decreto N. º8562/72 fortalecerá las atribuciones de la empresa sobre el Despacho de Cargas en sus distintos niveles (Nacional, Unificado y Regionales).
El Decreto N. º 3907/77 transformó a Agua y Energía Eléctrica de Empresa del Estado en Sociedad del Estado, ajustando su organización a las disposiciones de la Ley N. º 20705 de 1974 y aprobando su respectivo Estatuto, donde se amplía el directorio y se adapta el funcionamiento de la empresa a la Ley N. º 19550 en lo que corresponde. En 1980, el Poder Ejecutivo Nacional recupera las facultades asignadas mediante la Ley N. º18586 de 1970 para transferir a las provincias organismos y funciones nacionales existentes en los territorios provinciales. De esta manera, mediante el Decreto N. º 258/80 se declaró comprendidas en las disposiciones de la ley a las empresas y sociedades del Estado. Fue así como se decidió la transferencia de los servicios de distribución de energía eléctrica y de riego a cargo de Agua y Energía Eléctrica a las provincias, con la excepción de La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro y Mendoza.
Con el inicio del proceso de reforma del Estado mediante la Ley N. º 23696 y su Decreto Reglamentario N. º 1105/89, se fijó el ordenamiento institucional empresario para el sector eléctrico en una Empresa Federal de Energía Eléctrica (EFEE) que involucraba a Agua y Energía Eléctrica, HIDRONOR y la generación de energía de otras empresas nacionales, resolviéndose también la concesión de la distribución y comercialización. Mediante Resolución N. º183/89, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos asumió la gestión operativa de la empresa. Con el Decreto N.º 1374/90 se declara en emergencia a las empresas nacionales correspondientes al Sistema Electro energético Nacional y crea bajo la jurisdicción de los Ministerios de Economía y de Obras y Servicios Públicos un Comité de emergencia para impartir las directivas para la operación técnica económica de las empresas y entidades involucradas. En la línea de profundizar el proceso de reformas, el Decreto N. º634/91 dispone la reconversión del Sector Eléctrico, dentro del cual las empresas públicas dedicadas a la actividad debían llevar adelante un programa de descentralización de sus actividades de generación térmica, y eventualmente hidroeléctrica, a fin de transferir, mediante mecanismos de venta o concesión de sus centrales a inversores privados, reestructurándose a tal fin.
En el año 1992 se sancionó la Ley N. º24065 y su Decreto Reglamentario N. º 1398, estableciendo el nuevo Marco Regulatorio Eléctrico y declarando sujeta a privatización total la actividad de generación y transporte a cargo de Agua y Energía Eléctrica, SEGBA e HIDRONOR. A los fines del proceso la empresa fue dividida en 23 unidades de negocio: 1 de transporte; 9 de generación térmica; 8 de generación hidráulica; 1 de generación hidrotérmica y 4 de transporte de energía eléctrica por distribución troncal. La adjudicación de las distintas unidades de negocios fue por demás compleja, e implicó la creación de sociedades por cada unidad de negocio, la aprobación de sus estatutos y de los pliegos para los distintos concursos, el llamado a cada concurso y la adjudicación final. Por otra parte, se completó la transferencia de los servicios de distribución de energía y de riego, pendientes desde 1980, a diversas provincias, así como la transferencia de complejos hidroeléctricos, centrales térmicas e infraestructura de transporte y distribución, todo lo cual implicaba aprobación de convenios interjurisdiccionales. Finalmente, aportó personal para integrar el Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), organismo creado por la ley para ejercer el poder de policía y control de la calidad, vigilancia, fomento de las prácticas competitivas y cuestiones tarifarias.
Cumplidos los objetivos, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos puso fin a la intervención de Agua y Energía Eléctrica a través de su Resolución N. º 394/96 y declaró su estado en liquidación, finalizada mediante la Resolución N. º 587/2000 del Ministerio de Economía.

Agustín José Miller nació entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, desconociéndose la fecha exacta. Fue médico y cirujano. A partir de 1820 prestó servicios en el ejército de Facundo Quiroga. Fue ascendido a sargento durante los enfrentamientos entre el caudillo riojano y José María Paz. Contrajo matrimonio con Dominga Ríos y ambos se radicaron en Federación, donde Miller ejercía su profesión, al tiempo que se ocupaba de la finca familiar y llevaba el registro de sus cuentas y negocios. Falleció durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.

Agustín Pedro Justo nació en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el 26 de febrero de 1876. Egresó del Colegio Militar en el año 1892 en el arma de artillería y, posteriormente, cursó estudios en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Matemáticas, donde obtuvo el título de Ingeniero Civil. Un decreto de 1904 homologó esta acreditación con la de Ingeniero Militar. Dictó clases de Matemáticas en la Escuela de Aplicación para Oficiales y el Colegio Militar de la Nación. De esta última institución, fue vicedirector en 1913 y director entre 1915 y 1922.

En 1922 el presidente Alvear lo nombró Ministro de Guerra. Durante su gestión construyó cuarteles en las regiones más alejadas del país que permitieron dotar de instalaciones e inmuebles adecuados a soldados y oficiales. En 1923 fue promovido mediante un decreto al grado inmediato superior a Coronel por el Presidente Alvear. En 1924, en cumplimiento del decreto PEN n° 201, dejó su cargo como ministro de la Guerra para ocupar el cargo de Embajador en Misión Especial en el Perú para concurrir a las celebraciones realizadas con motivo del Centenario de la Batalla de Ayacucho. Este nombramiento fue confirmado a través del decreto PEN n° 107 de 1925. En 1928 fue nombrado como Ministro de Marina a través del decreto PEN n° 976.

En la década de 1930 y junto con otros hombres de armas, participó en la Revolución de 1930 dirigida por el general José Félix Uriburu. Después de dos años de régimen de facto, fue elegido Presidente de la Nación para el período 1932-1938 por el Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente; asumiendo el mando el 20 de febrero. Durante su gestión puso en marcha un conjunto de mecanismos reguladores del sistema monetario y fomentó desde el Estado un proceso de semindustrialización liviana con el objetivo de expandir el mercado interno. También en este período se celebró el pacto Roca-Runciman el 1 de mayo de 1933.

El 20 de febrero de 1938 terminó su mandato le entregó el mando a la fórmula Roberto Ortiz-Ramón Castillo. Falleció el 11 de enero de 1943, cuando se preparaba para presentarse por segunda vez como candidato a la Presidencia de la Nación.

El diplomático, periodista, escritor, historiador, crítico de arte y político Alberto Candioti nació en Rosario el 28 de diciembre de 1888. Perteneciente a una familia tradicional santafesina integrada por Mariano Nicanor Candioti de la Quintana y Amalia Fournier, cursó los estudios secundarios en su ciudad natal y, desde muy joven se dedicó al periodismo y a la política. Entre 1907 y 1909 fue escribiente en la Aduana, lo que le permitió viajar por casi todo el país.

En 1909 partió hacia Europa, donde perfeccionó sus conocimientos de latín, francés, italiano y alemán. En Finlandia ingresó en el Atheneum de Helsinki para estudiar pintura. Posteriormente, continuó su formación con el profesor Lucien Simon en la Académie de la Grande Chaumière de París. Desde todos estos lugares enviaba sus colaboraciones a distintas revistas, especialmente a “Caras y Caretas”, publicación de la que fue corresponsal.

En 1911 y ya de regreso en Buenos Aires, ingresó al servicio diplomático, siendo Punta Arenas en Chile su primer destino. El 24 de febrero de 1912 fue nombrado Canciller de primera clase en ese Consulado.

En 1913 recibió la designación como Cónsul de tercera clase en Lemberg, ciudad que en ese momento formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Durante la primera Guerra Mundial, Candioti, junto con el Alcalde de Lemberg, negoció la entrada pacífica del ejército ruso en la ciudad y, durante la ocupación, obtuvo algunos beneficios humanitarios para la población. El 5 de mayo de 1916 el Gobierno argentino lo trasladó, con su misma categoría, a la ciudad de Berlín, donde permaneció hasta después de concluida la Primera Guerra Mundial. Luego de una estadía en Buenos Aires volvió a Berlín como Cónsul de 1º clase (Decreto del 25 de agosto de 1920). En la capital alemana fundó el Ateneo Hispanoamericano y escribió sus primeros libros: En la penumbra de la tarde (1917), Los Postulantes (1923), Pettoruti. Futurismo, cubismo, expresionismo, sintetismo, dadaismo (1923), e Historia de la institución consular en la Antigüedad y en la Edad Media (1925).

El 13 de julio de 1923 fue promovido por decreto a Cónsul general de 3º clase y se lo destinó a Sofía en Bulgaria. Allí dictó conferencias en la Universidad sobre cuestiones históricas y económicas de América latina.

En 1925 el servicio exterior lo trasladó a Atenas con la misma jerarquía, pero esta vez como encargado de negocios. En 1927, por decreto del 4 de febrero, fue enviado en ese mismo carácter y con igual categoría al Consulado General en Beirut. En esa oportunidad recorrió Medio Oriente, sobre todo el Estado sirio federado del Gran Líbano, Palestina y el desierto sirio. Las experiencias reunidas y el contacto directo con esos pueblos le permitieron escribir su novela El jardín del Amor (1935).

Otra vez en Buenos Aires, el presidente Hipólito Yrigoyen lo nombró, por decreto del 30 de abril de 1929, como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en comisión a los Balcanes y Grecia. Pasó siete años entre Belgrado y Atenas.

En 1935, por acuerdo del Senado, fue designado como enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Colombia y Ecuador. Junto al Ministro de Relaciones Exteriores argentino Enrique Ruiz Guiñazú, inauguró el 20 de mayo de 1941 el monumento erigido en honor al Libertador General José de San Martín. En 1942 recibió el cargo de Embajador extraordinario y plenipotenciario y fue enviado a México.

A partir de la Revolución de 1943 cuando pasó a disponibilidad, presentó su dimisión y comenzó a militar en la Unión Cívica Radical. En 1946 fue candidato a diputado por el sector intransigente del partido y resultó electo para el período 1946-1950. Participó en la Comisión de Relaciones Exteriores. Paralelamente dirigió un periódico político titulado “Provincias Unidas”, clausurado en 1947.

En 1950 preparó para su partido un proyecto sobre política internacional, que fue presentado en una convención reunida en Santa Fe.

Volvió a la diplomacia en septiembre de 1955, con el cargo de embajador extraordinario y ministro plenipotenciario en Gran Bretaña. Fue elegido miembro de la Academia Colombiano - Argentina de Buenos Aires. Además, perteneció a la Sociedad Argentina de Escritores, a la International Law Association, a la Sociedad Ligure de Storia Patria y a las sociedades bolivarianas de Ecuador y Colombia.

Falleció en Buenos Aires el 14 de agosto de 1968.

Alfredo J. Torcelli nació en 1864. Tuvo una activa participación en el Partido Socialista Argentino de la provincia de Buenos Aires.
Paralelamente a su militancia política, Torcelli se ocupó del aprendizaje de las personas con capacidades diferentes. Con esa intención, tradujo al español El Sordomudo y su Educación, una obra del pedagogo italiano Giulio Cesare Ferrari.
Torcelli participó en asambleas, mítines y en los congresos obrero agrícolas organizados por las diversas regionales socialistas del interior provincial y dirigió durante un tiempo el periódico “La Vanguardia”.
Fue candidato a diputado nacional por Buenos Aires en las elecciones del 7 de abril de 1912 y en 1913 candidato a vicegobernador de la provincia.
En octubre de 1915, fundó “La Acción”, órgano del Partido Socialista Argentino, cuya primera sede estuvo en la avenida Córdoba 1150 de la Capital Federal. Al año siguiente, la junta directiva lo designó primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del mes de abril.
Falleció el 5 de octubre de 1936

Álvaro Gabriel Barros García nació en Buenos Aires el 18 de marzo de 1827. Por parte de madre era nieto del coronel Pedro Andrés García, topógrafo y expedicionario. Su padre había participado en las guerras de la Independencia, aunque por su pertenencia al partido unitario tuvo que emigrar a Montevideo, donde permaneció con toda su familia hasta 1852. En ese año, Álvaro Barros se alistó en el Regimiento de Guardias Nacionales de Caballería y participó en la Revolución del 11 de septiembre, posteriormente fue ascendido a Capitán y comandante del 1º Escuadrón de su Regimiento. Más tarde, prestó servicio en los cuerpos de Cazadores y Coraceros. También estuvo en la defensa de Buenos Aires, durante el sitio impuesto a la ciudad por Hilario Lagos.

En 1856 asumió un cargo en la frontera sur que le permitió interiorizarse sobre los circuitos administrativos y comerciales en general y en particular sobre el medio rural. Conoció, además las relaciones establecidas con las sociedades indígenas y sus estrategias de supervivencia.

En 1860 fue nombrado Comandante Militar de Mercedes. Tras el combate de Pavón en 1861, a las órdenes de Wenceslao Paunero, realizó incursiones en territorio indio. El 27 de mayo de 1865 fue nombrado jefe de las Fronteras Sud bajo las órdenes del Coronel D. Benito Machado y el 30 de junio lo nombran a cargo del Batallón de Infantería de Línea. Durante el transcurso de estas expediciones concluyó acuerdos de paz con los caciques Calfucurá y Reuque-Curá, que le posibilitaron fundar, en 1868, la ciudad de Olavarría a orillas del arroyo Tapalqué. En ese año ascendió a Coronel.

Barros también formó parte de las operaciones militares destinadas a sofocar la revolución comandada por Ricardo López Jordán.

Fue electo senador por la Provincia de Buenos Aires y presidió la legislatura bonaerense, motivo por el cual entre el 12 de septiembre de 1874 y el 1º de mayo de 1875 se desempeñó como Gobernador de la provincia de Buenos Aires en reemplazo de Mariano Acosta. Desde la gobernación bonaerense enfrentó la Revolución Mitrista, sofocada el 26 de noviembre de 1874. Paralelamente, integró diferentes asociaciones comerciales, como la formada con Adolfo Alsina, Ventura Martínez y José Señorans para la instalación de telégrafos en los pueblos de la campaña y, en 1873, con Alfredo Ebelot, Francisco Madero y José Señorans para explotar la concesión solicitada por el primero de estos empresarios al Gobierno bonaerense para la construcción de puentes y caminos en el sur provincial.

En 1876 fue electo diputado nacional. Y dos años después, con un decreto del 21 octubre de 1878, el presidente Avellaneda lo nombró primer gobernador de la Gobernación de la Patagonia. Unos días antes de su nombramiento, el 11 de octubre de 1878, en el marco de la preparación de la Campaña al Desierto, el Parlamento sancionó la ley 954 que creaba una extensa gobernación bajo la jurisdicción del Ministerio de Guerra y Marina, "que se extendía desde el océano por el este, hasta la cordillera por el oeste, y desde los ríos Negro y Neuquén por el norte hasta el Cabo de Hornos por el sur". Uno de los primeros actos del gobierno de Barros fue la demarcación de los límites entre la nueva Gobernación y la provincia de Buenos Aires. La capital del territorio se estableció en el antiguo barrio sur de Carmen de Patagones, denominado Mercedes de Patagones desde mediados del siglo XIX, éste nombre fue reemplazado por el de Viedma. El Gobernador designó un Juez de Paz y se abocó a la modernización edilicia de la ciudad, a la instalación de escuelas, a crear el registro de propiedades, a realizar un censo de población y a evaluar las posibilidades que ofrecía la región para la colonización agrícola. Además, emprendió una expedición de reconocimiento en las márgenes del río Negro hasta el Puerto de San Antonio. El 3 de abril de 1883 presentó su renuncia al cargo de Gobernador del Territorio de la Patagonia.

Barros también ejerció el periodismo en distintos medios como “El Nacional”, “La República”, “El Pueblo”, los “Anales de la Sociedad Rural Argentina” y la “Revista del Río de la Plata”. Fue autor de varios libros, como por ejemplo Fronteras y Territorios Federales de las Pampas del Sud (1872), La Guerra contra los Indios (1877), donde planteaba un plan de operaciones ofensivo desde un enfoque estrictamente militar; y la Memoria de la Gobernación de la Patagonia (1881) presentada al Ministro del Interior por el gobernador coronel Álvaro Barros.

Murió en Buenos Aires el 13 de enero de 1892.