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La Secretaría de Asuntos Técnicos se creó mediante el Decreto N° 310/46. Como antecedente inmediato a la Secretaría de Asuntos Técnicos se encontraba la creación del Consejo Nacional de Postguerra bajo el Decreto N° 23.847 de 1944. Este órgano consultivo del Vicepresidente de la Nación tuvo la dirección superior de los estudios sobre el ordenamiento social y económico del país a efectos de enfrentar la nueva situación consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Por la Resolución N° 3/44 todos los organismos Nacionales, Provinciales y Municipales debían remitir copias de sus proyectos de gobierno. Asimismo, mediante Resolución N° 6/44 se dispuso que los organismos citados en la resolución anterior debían elevar al Poder Ejecutivo Nacional planes de acción político-económicas en obras públicas, principios generales para el programa de obras públicas, planes de industria nacional y planes de arquitectura y ganadería.
El Decreto N° 310/46 creó la Secretaría de Asuntos Técnicos bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, estableciéndose sus funciones por Decreto N° 2098/46, que además creaba el Consejo Económico y Social como organismo consultivo de la institución. Las principales funciones de la Secretaría de Asuntos Técnicos estuvieron ligadas al monitoreo del Primer Plan Quinquenal y la preparación y lanzamiento del Segundo Plan Quinquenal de los gobiernos del período 1946 – 1955. El organismo también asumió el objetivo de implementar la modernización técnica del país mediante el fomento y creación de áreas de investigaciones científicas y técnicas, así como la determinación de políticas migratorias y la difusión de la política de gobierno. Con tal fin el 30 de noviembre de 1949 se creó el Cuerpo Consultivo Técnico mediante el Decreto N° 30072, cuya función debía ser recoger la información técnica acerca de las materias que constituían problemas de gobierno y elaborar dicha información a los fines de la planificación racional y coordinada de la acción de gobierno. El Cuerpo Técnico extendía sus funciones sobre los siguientes temas:
a) Materias económicas: hacienda, economía, finanzas, industrias, comercio, agricultura, ganadería transportes y comunicaciones
b) Materias políticas y sociales: trabajo, previsión, salud pública, cultura, educación, justicia, relaciones exteriores y culto
c) Defensa nacional
d) Organización científica y racionalización del gobierno y de la Administración
e) Planificación y coordinación de la acción de gobierno. Obras públicas.
La Secretaría fue elevada a la categoría de Ministerio por Ley N° 13539 del año 1949, quedando establecidas en el artículo 32 las funciones particulares que desarrollaría hasta su disolución:
1° Estudiar y proponer una organización científica de gobierno y administración, en forma de asegurar el más alto grado de estabilidad y eficiencia orgánico-institucional.
2° Proponer la racionalización correspondiente para obtener la mayor simplicidad y alto grado de perfectibilidad orgánico funcional en los departamentos del Estado.
3°Fiscalización y perfeccionamiento de las funciones técnicas generales que interesen a las distintas actividades de la Nación.
4° Consideración y estudio de asuntos técnicos generales que interesen a las distintas actividades de la Nación.
5° Dirección general de la investigación de asuntos técnicos que por su naturaleza convenga mantener reservados o no divulgar.
6° Compilar, sistematizar, dirigir y fiscalizar el censo general y las estadísticas permanentes de la Nación.
7° Otros asuntos que especialmente incluya el Poder Ejecutivo en sus funciones, que no pertenezca a la acción específica de otros departamentos.
La Ley N° 14303 de 1954 devolvió al Ministerio el rango de Secretaría hasta su disolución mediante Decreto N° 6122/56.

Salvador María José del Carril de la Rosa nació en la ciudad de San Juan el 10 de agosto de 1798. Hijo de Pedro Vázquez del Carril y de Clara de la Rosa y Torres, estudió derecho civil y canónico en la universidad de Córdoba. Doctorado a los 18 años, se trasladó a Buenos Aires para trabajar como periodista.

En 1821, regresó a San Juan para ejercer como ministro de Gobierno y, luego, como Gobernador. Desde la primera magistratura provincial promulgó la llamada “Carta de Mayo”, considerada como la primera constitución de la provincia. Su mandato fue interrumpido abruptamente por un levantamiento de los sectores conservadores provinciales, y aunque fue repuesto rápidamente en el cargo, renunció a él con el propósito de trasladarse hacia Buenos Aires, donde ejerció como ministro de Hacienda de Rivadavia desde febrero de 1826.

En este ministerio, del Carril promovió la llamada “Ley de consolidación de la deuda” contraída con la Baring Brothers, la implementación del curso obligatorio de papel moneda lanzado por el Banco Nacional y dispuso el control de la economía durante la duración guerra con el Imperio del Brasil. Además, fue partícipe de la ley sobre concesión de tierras en enfiteusis.

En mayo de 1829, durante el interinato de Martín Rodríguez fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y Gobierno, siendo signatario un mes más tarde, del decreto de creación de la comandancia política y militar en las Islas Malvinas. Sin embargo, en agosto de aquel mismo año presentó su renuncia al cargo.

Desde aquel año, del Carril se instaló en Montevideo, donde se dedicó al comercio y conoció a su esposa María Tiburcia Domínguez López Camelo, con quien contrajo matrimonio en 1831. Durante esta etapa de su vida, del Carril participó activamente en los grupos sociales que congregaban a todos los emigrados del régimen rosista. Cuando Manuel Oribe asumió la presidencia del Estado Oriental del Uruguay, del Carril y su familia emigraron hacia Santa Catarina, en el sur de Brasil, donde retomó sus labores comerciales.

Tras la batalla de Caseros (3 de febrero de 1852), Del Carril fue nombrado consejero de Estado en la provincia de Buenos Aires, y luego fue electo diputado por dicho distrito para la Convención Constituyente de 1853. Tras la separación política entre la Confederación Argentina y la Provincia de Buenos Aires, del Carril volvió a su provincia natal, donde fue electo Diputado. En agosto de 1853, fue nombrado ministro secretario de la Confederación en el departamento de Interior y pasó a residir en Paraná.

El 21 de febrero de 1854 fue nombrado vicepresidente de la Confederación Argentina, aunque ejerció la presidencia en más de una ocasión a pedido del propio Urquiza. Finalizó su mandato en marzo de 1860. Poco tiempo después, fue electo senador por la provincia de Entre Ríos. En octubre de 1862, el presidente Bartolomé Mitre decretó su nombramiento como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por ello volvió a Buenos Aires.

En Julio de 1870, alcanzó la primera magistratura del poder judicial tras el fallecimiento de Francisco de las Carreras, hasta entonces presidente de la Corte. Paralelamente, Del Carril ofició como representante del Banco de Cuyo en la capital. En 1877, renunció a la presidencia de la Corte Suprema.

Falleció en Buenos Aires el 10 de enero de 1883.

Rufino Luro Cambaceres nació en Buenos Aires el 14 de octubre de 1895, hijo de Susana Cambaceres y Rufino Luro. Tras graduarse de agrónomo y veterinario, se estableció en Bahía Blanca, en cuyos campos familiares puso en práctica sus estudios agrarios e incursionó en deportes mecánicos.

En 1922, Cambaceres adquirió su primer biplano Curtiss Standard. Dos años después, propuso la creación del Aeroclub de Bahía Blanca, inaugurado en julio. Su creciente experiencia en el manejo de aeroplanos, le permitió incorporarse de forma honoraria, en 1929, a la Aeroposta Argentina, una línea de correo aéreo creada en 1927, filial de la francesa Compagnie Générale Aéropostale. Con esta compañía, Cambaceres realizó los vuelos finales de inspección de la ruta Buenos Aires – Bahía Blanca – Comodoro Rivadavia junto al aviador francés Antoine de Saint Exupéry.

Hacia 1931, Luro Cambaceres tuvo a su cargo el estudio para la reanudación de los servicios aéreos a la Patagonia y Paraguay, servicio por el cual fue reconocido por la Dirección de aviación civil. Dos años más tarde, fue nombrado director de la Aeroposta Nacional. Realizó un vuelo de promoción por la Patagonia, difundiendo entre el público las ventajas del trasporte aéreo, no sólo para conducir el correo sino también pasajeros. El 18 de marzo de 1934, las autoridades militares lo nombraron “Primer Piloto de la Reserva de la Armada Nacional”. En 1935 se retiró de la Aeroposta para formar parte de la Compañía Argentina de Transportes Aéreos. Una década más tarde decidió plasmar todas sus experiencias en el libro Rumbo 180º: Huellas en el cielo austral. Además, editó el libro de poesía titulado Al margen.

Falleció en Buenos Aires el 4 de junio de 1970.

Reynaldo Benito Antonio Bignone, hijo de Reynaldo René Bignone y Adelaida María Ramayón, nació en Morón, Buenos Aires, el 21 de enero de 1928. Cursó sus estudios en la Escuela Superior de Guerra y fue director del Colegio Militar de la Nación.
Fue partícipe de la última dictadura cívico militar religiosa en Argentina, ocupando diversos cargos hasta llegar a ser presidente de la Nación en 1982. Luego del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, la Junta Militar mediante el decreto n°1 lo nombró delegado de la misma en el área de Bienestar Social. En su carácter de delegado participó personalmente y estuvo a cargo de la ocupación militar al Hospital Alejandro Posadas el 28 de marzo de 1976, donde en julio de ese mismo año se instaló el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “El Chalet”, en el cual personal del hospital fue detenido ilegalmente, torturado y muchos de ellos desaparecidos.
Desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 15 de diciembre de 1977 ocupó el cargo de 2° Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares (Zona de Defensa IV). A partir de 1980 se desempeñó como Comandante de Institutos Militares. Bajo su dependencia se encontraba el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio en Campo de Mayo “El Campito”, también conocido como “Los Tordos”, uno de los cuatro centros de detención ilegal que funcionaron en Campo de Mayo.

Luego de la derrota argentina en la Guerra de Malvinas y la renuncia de Galtieri, Bignone asumió la presidencia de la Nación el 1 de julio de 1982 y se convirtió en el último presidente de facto.
El 23 de septiembre de 1983 sancionó y promulgó la Ley 22924 “Ley de Pacificación Nacional”, conocida como la “Ley de Autoamnistía” derogada por la Ley 23040. El artículo 1° de la Ley 22924 establecía “Declárense extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos”. También mediante el artículo 6° quedaban eximidas las acciones civiles. En esta misma línea, amparándose en el artículo 5° “Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1º de esta ley o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores”, el 19 de octubre de 1983 Bignone firmó el Decreto reservado (de carácter público mediante el Decreto 377/95) n° 2726 mediante el cual se autorizaba a eliminar la documentación relacionada a la detención de personas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
El 12 de julio de 1983 Bignone sancionó y promulgó la Ley 22847 mediante la cual se convocó para el día 30 de octubre a comicios generales para elección de autoridades de la Nación; las provincias y sus municipios; la Capital Federal y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La Ley indicaba que el 30 de enero de 1984 el presidente y vicepresidente electos jurarían y tomarían posesión del cargo frente a las Cámaras de Diputados y Senadores constituidas en Asamblea. La fórmula presidencial ganadora fue la de la Unión Cívica Radical integrada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez. La Ley 22972 adelantó la toma de posesión del cargo y juramento del presidente y vicepresidente de la Nación. Bignone entregó el gobierno nacional a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983.
A días de asumir la presidencia, Alfonsín decretó el enjuiciamiento a los miembros de la Junta Militar que realizó el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y a los miembros de las dos Juntas Militares subsiguientes. Al no incluir en los denominados “Juicio a las Juntas” a los integrantes de la última Junta Militar, Bignone no fue enjuiciado en esa primera oportunidad. El primer enjuiciamiento fue en el año 1984 en la causa C81/84: “Ministerio del Interior s/denuncia por destrucción de documentos”. En dicha causa se enjuicio a él y al Grl. Div, (R) D. Llamil Reston; al Cnl. (R) D. Carlos Emilio Lacal y al Cnl. (R) D. Carlos Alberto Roque Tepedino debido a la firma del Decreto n° 2726/1983. Por esta causa fue indultado en el año 1989 mediante el Decreto n° 1002. También en 1984 fue imputado por la desaparición en 1978 del químico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Alfredo Antonio Giorgi y de los soldados conscriptos secuestrados en 1976 en el Colegio Militar de la Nación, Daniel García, Pablo Steinberg y Mario Molfino. En estos procesos judiciales no se llegó a dictar sentencia ya que fueron cancelados debido a la promulgación en el año 1986 de la Ley 23492 y en el año 1987 de la Ley 23521 conocidas como “Ley de Punto Final” y “Ley de Obediencia Debida”.

En el año 2003 la promulgación de la Ley 25779 declaró “insanablemente nulas las Leyes 23492 y 23521” y un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos concedidos por Carlos Menem, habilitando la apertura de causas judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar religiosa. Así Bignone recibió diez condenas con penas de entre 15 años a reclusión perpetua en causas por allanamientos ilegales, robos, secuestro, torturas, desaparición de personas, asesinatos, tentativas de homicidio, robo y apropiación de menores.
Falleció en Buenos Aires el 7 de marzo de 2018.

Con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se incluyó el artículo 75, inciso 17 que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas garantizando el respeto a la identidad cultural, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, así como se asegura el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que ocupan, entre otros reconocimientos.

Para la reglamentación de dicho artículo, la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, a cargo del secretario Eduardo Pablo Amadeo, financió a través de organizaciones como ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) y AIRA (Asociación Indígena de la República Argentina), entre otras, al Proyecto de Participación de los Pueblos Indígenas (PPI), “Dr. Horacio Eliseo Maldonado”, nombre en honor del abogado que fomentó y trabajó por la inclusión de los derechos indígenas en la reforma constitucional de 1994. Falleció el 27 de junio de 1996.

Luego de la sanción de del Art 75, inciso 17, distintas organizaciones representantes de los pueblos indígenas e instituciones indigenistas de pastoral aborigen junto a otras iglesias cristianas, a través de la ENDEPA, le enviaron en septiembre de 1985 al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Patricio Doyle, el proyecto del PPI. Se trataba de un programa de movilización indígena de nivel nacional que tenía como objetivo que los pueblos indígenas, a través de su participación protagónica, aporten los criterios y pautas que debiera cumplimentar el Estado para la efectiva operativización de los principios y contenidos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.

El 8 y 9 de junio de 1996, en Capital Federal, se realizó la primera reunión nacional interdisciplinar, para la cual se convocó a diversos profesionales como abogados y antropólogos que funcionarían como capacitadores de equipos, representantes indígenas de las provincias y de las organizaciones AIRA y ENDEPA. El objetivo de esta reunión fue informar, consensuar ejes temáticos y metodología de trabajo, intercambiar materiales y formar los equipos de coordinación regional y nacional. En este encuentro se decidió crear el Equipo de Coordinación Nacional (ECNPPI) formado por indígenas de las regiones norte y sur, representantes indigenistas de equipos y/o instituciones norte-sur así como representantes de AIRA y ENDEPA. Su función principal era funcionar como nexo entre las instituciones del Estado y las bases indígenas e indigenistas.

En 1996 el PPI quedó organizado en: el Equipo de Coordinación Nacional y las regiones (Noroeste, Nordeste, Centro y Sur) Al mismo tiempo, las provincias que las integraban tenían sus propios equipos de coordinación provinciales y éstas, a su vez, sus equipos zonales y locales.

Hacia fines de 1996 e inicios de 1997, las organizaciones se nuclearon en reuniones de pre-coordinación regionales y provinciales con el objetivo de llegar al primer Foro Nacional del PPI (también denominado “Seminario Nacional”) Este se realizó, finalmente, entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre de 1997.

No se encontró documentación que indique la fecha de disolución del PPI.

En 1943, a través del decreto ley 17.550 se creó la Policía Federal, bajo dependencia de Presidencia de la Nación. La misma tendría competencia en las provincias y su jefatura englobaba también a la Policía de la Capital. En 1944, esto se modificó transformando la ex policía de la Capital en Policía Federal por el Decreto 33.265 /44.
La ley orgánica de la Policía Federal se dictó mediante el Decreto Ley 333/1958, que se reglamentó por el Decreto 6580/58.
En 1970, se reestructuró el sistema de seguridad argentino. A través de la Ley 18711/70 se determinaron las misiones, funciones y jurisdicciones correspondientes a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal. Hubo una redefinición de la Policía Federal como una institución de seguridad pública que cumplía funciones de policía de seguridad y judicial. Se estableció, a su vez, la jurisdicción territorial de la PFA en la Capital Federal, excluida su zona portuaria; en el territorio de las provincias, excepto las zonas de seguridad de frontera y aquellas que oportunamente se determinasen; en cualquier otro lugar del país a requerimiento de la Justicia Federal. La Ley además estableció que la Policía Federal dependía del Ministerio del Interior.
Ya bajo plena vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional hubo un vuelco para reforzar la estructura de mando jerárquica. Hacia 1971, se llevó adelante una reestructuración general y profunda de la estructura orgánica de la PFA. Las direcciones existentes elevaron su rango jerárquico y pasaron a ser Superintendencias. En este sentido, se generó la integración de la estructura orgánico-funcional del Sistema de Seguridad Interior con el de Defensa Nacional, subordinándose las fuerzas de seguridad a la dirección y control operacional de las fuerzas armadas. En esta etapa se definió que las fuerzas de seguridad debían ser dirigidas por un integrante de las fuerzas armadas en actividad con el grado de Oficial Superior, situación que persistió hasta el retorno de la democracia.
En la Directiva del Comandante General del Ejército Nº 404/75 se estableció que la Jefatura de la PFA y los elementos con asiento en la Capital Federal quedaran bajo control del Comando General del Ejército, a los efectos del cumplimiento de “la lucha contra la subversión”. Lo cual se reforzó bajo el régimen de terrorismo de Estado implantado por el “Proceso de Reorganización Nacional” con los decretos ley de reestructuración de la fuerza N°21.965/79 y 22668 y 23004 de 1983 y su decreto reglamentario 1866/83.
En 1992, se promulgó la Ley 24.059 de Seguridad Interior, que estableció las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior. El sistema de seguridad interior integró a las Policías Federal, de Seguridad Aeroportuaria, a las provinciales que adhirieran a la ley, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
Por decreto 357/2002, la Secretaría de Seguridad Interior pasó a Presidencia de la Nación junto con sus funciones de policía. Luego, en ese mismo año, por decreto 1210 las funciones de seguridad pasaron a la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Por decreto 1697/2004 la Policía Federal y las funciones de seguridad volvieron a la órbita del Ministerio del Interior.
Luego, a través de la ley 26338/2007 pasó a la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Mediante el decreto 1993/2010 se creó el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal pasó a formar parte de la nueva cartera según consta en la modificación del artículo 2° de su estatuto.
El último movimiento importante de la estructura de la Policía Federal se dio a través del convenio 1/16 entre El PEN y el gobierno de la CABA a través del cual se efectuaba el traspaso de las facultades, efectivos, recursos y estructura administrativa de la Policía Federal a la Policía Metropolitana en lo que respecta a todas las materias no federales ejercidas en la CABA. El proceso del traspaso se fue desarrollando en los años subsiguientes.

El proceso de conformación de Petroquímica General Mosconi S.A.I.yC. (PGM) comenzó en el año 1970 por intermedio del Decreto Nº 626/70, que aprobaba el proyecto presentado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) para constituir una sociedad anónima dedicada a la producción de hidrocarburos aromáticos y cicloparafinas. A continuación, las instituciones mencionadas firmaron un Acta Acuerdo que sería pronto aprobada por la Ley Nº 18.731 del año 70, creándose PGM como una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria regida por la Ley Nº 17.318 de 1967 de Sociedades Anónimas con Participación Estatal Preponderante. Sus objetivos eran desarrollar las actividades industriales propias de la industria petroquímica en general y en particular en lo referente a hidrocarburos aromáticos y sus derivados (benceno, tolueno, ciclohexano, ortoxileno, paraxileno, etc), la comercialización de todo lo que obtuviera de su actividad o que adquiriera para tal fin, el transporte de productos y materias primas vinculadas por cualquier medio, cuenta propia o de terceros y el ejercicio de toda actividad complementaria requerida. A partir de 1972 PGM comenzó a regirse por la Ley Nº 19.550 de 1972 de Sociedades Comerciales y empezaron las obras de construcción del Complejo Petroquímico de Ensenada así como la búsqueda de un edificio situado en la Capital Federal en el que pudiera funcionar la Sede Central.
El Acta Acuerdo mencionada indica que la sociedad se conformaba por YPF y DGFM como accionistas por partes iguales, posibilitando el ingreso de capitales privados siempre y cuando los representantes del estado no perdieran la mayoría. Establecía como máximo órgano decisorio a la Asamblea General de Accionistas (Ordinaria o Extraordinaria), cuyas funciones eran considerar: el balance general, memoria e informe de los síndicos; designación y remoción de directores y síndicos, determinación de sus responsabilidades y fijación de su retribución; aumento del capital hasta el quíntuplo; modificación del estatuto. La Asamblea podía ser convocada por el Directorio de la PGM o la Comisión Fiscalizadora cuando lo creyeran necesario y la presidencia de la misma correspondía al presidente del Directorio. La dirección y administración de la empresa estaba a cargo de un Directorio cuya composición era determinada por la Asamblea, no pudiendo ser menos de 4 ni más de 8 y correspondiendo siempre la presidencia a uno de los directores que representaran al estado. La fiscalización de la empresa era atributo de una Comisión Fiscalizadora conformada por 3 Síndicos titulares, con sus respectivos suplentes. Estos cargos ejecutivos se repartían entre los accionistas por partes iguales. El desarrollo de la empresa recibió un fuerte estímulo a través del Decreto Nº 592/73 de Promoción de la Industria Petroquímica, que otorgaba al Estado un rol de control y planificación predominante en la rama y prácticamente total en cuanto a productos petroquímicos básicos.
El estatuto de la PGM experimentó su primera modificación en 1975 para adaptarlo a las disposiciones de la Ley Nº 19.550. Posteriormente tuvo cambios en los años 1977, 1979, 1980,1981, 1983, 1984, 1985, 1989 con el objetivo de aumentar el monto del capital social y el valor nominal de las acciones, modificar el carácter de las acciones a emitir y alterar la proporción entre el capital estatal y el privado. En 1988 se efectúan nuevas modificaciones con el fin de crear y determinar las funciones del cargo de Vicepresidente.
La representación accionaria no sufrió cambios en el caso de DGFM, pero sí en el caso de YPF, que fue sustituida por la Corporación de Empresas Nacionales entre 1974 y 1977, el Ministerio de Economía entre 1978 y 1980, y el Ministerio de Obras Servicios Públicos entre 1981 y 1982. En 1993, en el marco del proceso de privatización de la empresa, YPF vendió sus activos al Ministerio de Defensa.
En 1990 se realizó una nueva modificación del Estado para ajustar los tiempos del ejercicio social a las disposiciones de la Ley Nº 23.696/89 de Reforma del Estado y su Decreto Reglamentario Nº 1105 89. Dicha norma estableció el marco legal general para lo que sería el proceso de privatización de la empresa, el cual entraría en curso por medio de la Ley Nº 24.045/91, que declaró “sujetas a privatización” las empresas, sociedades y establecimientos del área del Ministerio de Defensa. Con vistas a concretar este objetivo, la empresa fue intervenida mediante Decreto Nº 114/92. Finalmente, la Resolución del Ministerio de Defensa Nº 1.283/92 dictó la normativa particular para el proceso de privatización de PGM, creando como herramienta de transición al sector privado la empresa Petroquímica Platense SA, constituida por PGM y el Ministerio de Defensa. En 1998 se dio por finalizada la intervención y se procedió a la liquidación, que se extendió hasta el 2001.

Pedro Juan Ferré nació en Corrientes el 29 de junio de 1788. Hijo de Juan Ferré Maresa y de Juana Francisca Alsina Gaza, estudió en la escuela del Convento de San Francisco en Corrientes y aprendió de su padre el oficio de carpintero naval.

En 1810, ingresó como cadete en el cuerpo cívico y participó de la campaña al Paraguay bajo las órdenes del general Manuel Belgrano. En 1819 fue nombrado capitán en el Primer Batallón de Milicias Urbanas y, tras la avanzada de Francisco Ramírez sobre Corrientes, fue promovido a comandante de la Armada de Corrientes el 31 de agosto de 1820. En 1822, fue designado alcalde de segundo voto del Cabildo de Corrientes.

Después de integrar la Legislatura Provincial, asumió por primera vez la Gobernación con el título de Gobernador, Intendente y Capitán General de Corrientes el 7 de diciembre de 1824. Desde ese cargo fue signatario de varios tratados interprovinciales. En 1830, volvió a ocupar la primera magistratura provincial por un periodo de tres años.

Entre octubre de 1839 y diciembre de 1842, Ferré ocupó la primera magistratura provincial por cuarta vez. Tras la derrota correntina en la batalla de Arroyo Grande (6 de diciembre de 1842), Ferré se exilió en São Borja, Río Grande do Sul, donde volvió a dedicarse a la construcción naval.

En 1848, retornó y se estableció en La Paz (Entre Ríos). Luego de la caída de Rosas, Ferré fue electo diputado por la provincia de Catamarca para integrar el Congreso General Constituyente, reunido en Santa Fe. Allí, participó del tratado de paz entre el Congreso y la Provincia de Buenos Aires, pero en octubre de 1853 fue expulsado del cuerpo. En diciembre del año siguiente, fue nombrado Inspector de aduanas fluviales de la Confederación Argentina.

En junio de 1855, fue elevado al rango de Brigadier de los ejércitos de la Confederación. Un año más tarde integró una comisión especial que debía tasar los terrenos de la iglesia de Paraná, con el objetivo de recaudar el dinero de su venta. En paralelo, cumplió funciones como Senador por la provincia de Corrientes. En julio de 1862 fue nombrado comisionado para la administración de la aduana de Corrientes, posterior a su nacionalización. Sin embargo, algunas semanas más tarde fue incorporado como Senador Nacional por Corrientes, y a partir de entonces residió de manera permanente en Buenos Aires hasta su fallecimiento, el 21 de enero de 1867.

Paul Groussac nació en Toulouse el 15 de febrero de 1848. Hijo del matrimonio entre Pierre Groussac y Catherine Piquemal, cursó sus primeros estudios en su ciudad natal, pero tras la muerte de su madre fue enviado al colegio de los dominicos en Sorèze. Tras su paso por la Escuela Naval de Brest, ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Toulouse, pero volvió a abandonar sus estudios para embarcarse rumbo a Buenos Aires, en 1866.

En un principio, vivió como ovejero en un campo de San Antonio de Areco. En Buenos Aires inició su aprendizaje de la lengua española y comenzó a integrarse en el ambiente cultural porteño, en las librerías y en la Biblioteca Pública. En 1870 obtuvo una cátedra de matemáticas en el Colegio Nacional. Su primer trabajo literario fue publicado en la “Revista Argentina”. En 1871 se trasladó a Tucumán, donde enseñó matemática hasta 1874. Luego, a partir del decreto del 26 de febrero de 1878 fue nombrado Director y Profesor de Pedagogía, Geometría y Astronomía de la Escuela Normal de Tucumán. En 1882 fue nombrado Director y Profesor de Pedagogía, Física, Geografía, Historia Moderna y Castellano en la Escuela de Maestros de Tucumán. Ese mismo año participó en el Congreso Pedagógico Nacional. También se desempeñó como periodista de “La Unión” y de “La Razón” y como colaborador, a través de diversos artículos, de “La Tribuna” de Buenos Aires y publicó algunos de sus trabajos en “Le Figaro” en Francia.

Otra vez en Buenos Aires, en 1883, fue nombrado Inspector de Colegios Nacionales y Escuelas Normales por el Ministro de Instrucción pública Eduardo Wilde. Desde su nuevo cargo, Groussac planeó la reorganización del personal de enseñanza e inició una reforma en los planes de estudios.

En 1884 junto a Delfín Gallo, Lucio Vicente López, Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña tomó la conducción del periódico político “Sudamérica”.

En 1885, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional en reemplazo de José Antonio Wilde. Desde su puesto pudo completar el proceso de reorganización de la institución consiguiendo duplicar la cantidad de volúmenes, organizar con criterios modernos el material bibliográfico, editar catálogos y, en 1901, trasladar la repartición a un nuevo edificio. Dirigió la publicación de “La Biblioteca”, revista mensual de historia, ciencia y arte y luego los “Anales de la Biblioteca”. Groussac permaneció en dicho cargo durante cuarenta y cuatro años. Su vida y su carrera administrativa transcurrieron en el clima intelectual de la Generación del 80.

En 1900 el Ministerio de Agricultura le encargó la redacción de un libro sobre la República Argentina y en 1911 lo nombró como delegado especial a la Exposición Internacional de Roubaix.

Falleció en Buenos Aires el 24 de junio de 1929. Sus restos mortales descansan en el Cementerio porteño de la Chacarita.

Entre su producción literaria figuran: Los jesuitas de Tucumán (1873); Memoria Histórica y Descriptiva de la provincia de Tucumán (1882); Fruto Vedado. Costumbres Argentinas (1884); Del Plata al Niágara (1897); España y Estados Unidos: Conferencias (1898); Santiago de Liniers, Conde de Buenos Aires (1907), Roque Sáenz Peña, candidato para Presidente de la República (1909); Las Islas Malvinas (1910); El Congreso de Tucumán (1916); Mendoza y Garay: Las dos fundaciones de Buenos Aires (1916); Estudios de Historia Argentina(1918); Los que pasaban (1919); Viaje Intelectual (1920); Relatos Argentinos (1922) y La Divisa Punzó (1923).