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Registro de autoridad

Álvaro Gabriel Barros García

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  • Persona
  • 1827/03/18-1892/01/13

Álvaro Gabriel Barros García nació en Buenos Aires el 18 de marzo de 1827. Por parte de madre era nieto del coronel Pedro Andrés García, topógrafo y expedicionario. Su padre había participado en las guerras de la Independencia, aunque por su pertenencia al partido unitario tuvo que emigrar a Montevideo, donde permaneció con toda su familia hasta 1852. En ese año, Álvaro Barros se alistó en el Regimiento de Guardias Nacionales de Caballería y participó en la Revolución del 11 de septiembre, posteriormente fue ascendido a Capitán y comandante del 1º Escuadrón de su Regimiento. Más tarde, prestó servicio en los cuerpos de Cazadores y Coraceros. También estuvo en la defensa de Buenos Aires, durante el sitio impuesto a la ciudad por Hilario Lagos.

En 1856 asumió un cargo en la frontera sur que le permitió interiorizarse sobre los circuitos administrativos y comerciales en general y en particular sobre el medio rural. Conoció, además las relaciones establecidas con las sociedades indígenas y sus estrategias de supervivencia.

En 1860 fue nombrado Comandante Militar de Mercedes. Tras el combate de Pavón en 1861, a las órdenes de Wenceslao Paunero, realizó incursiones en territorio indio. El 27 de mayo de 1865 fue nombrado jefe de las Fronteras Sud bajo las órdenes del Coronel D. Benito Machado y el 30 de junio lo nombran a cargo del Batallón de Infantería de Línea. Durante el transcurso de estas expediciones concluyó acuerdos de paz con los caciques Calfucurá y Reuque-Curá, que le posibilitaron fundar, en 1868, la ciudad de Olavarría a orillas del arroyo Tapalqué. En ese año ascendió a Coronel.

Barros también formó parte de las operaciones militares destinadas a sofocar la revolución comandada por Ricardo López Jordán.

Fue electo senador por la Provincia de Buenos Aires y presidió la legislatura bonaerense, motivo por el cual entre el 12 de septiembre de 1874 y el 1º de mayo de 1875 se desempeñó como Gobernador de la provincia de Buenos Aires en reemplazo de Mariano Acosta. Desde la gobernación bonaerense enfrentó la Revolución Mitrista, sofocada el 26 de noviembre de 1874. Paralelamente, integró diferentes asociaciones comerciales, como la formada con Adolfo Alsina, Ventura Martínez y José Señorans para la instalación de telégrafos en los pueblos de la campaña y, en 1873, con Alfredo Ebelot, Francisco Madero y José Señorans para explotar la concesión solicitada por el primero de estos empresarios al Gobierno bonaerense para la construcción de puentes y caminos en el sur provincial.

En 1876 fue electo diputado nacional. Y dos años después, con un decreto del 21 octubre de 1878, el presidente Avellaneda lo nombró primer gobernador de la Gobernación de la Patagonia. Unos días antes de su nombramiento, el 11 de octubre de 1878, en el marco de la preparación de la Campaña al Desierto, el Parlamento sancionó la ley 954 que creaba una extensa gobernación bajo la jurisdicción del Ministerio de Guerra y Marina, "que se extendía desde el océano por el este, hasta la cordillera por el oeste, y desde los ríos Negro y Neuquén por el norte hasta el Cabo de Hornos por el sur". Uno de los primeros actos del gobierno de Barros fue la demarcación de los límites entre la nueva Gobernación y la provincia de Buenos Aires. La capital del territorio se estableció en el antiguo barrio sur de Carmen de Patagones, denominado Mercedes de Patagones desde mediados del siglo XIX, éste nombre fue reemplazado por el de Viedma. El Gobernador designó un Juez de Paz y se abocó a la modernización edilicia de la ciudad, a la instalación de escuelas, a crear el registro de propiedades, a realizar un censo de población y a evaluar las posibilidades que ofrecía la región para la colonización agrícola. Además, emprendió una expedición de reconocimiento en las márgenes del río Negro hasta el Puerto de San Antonio. El 3 de abril de 1883 presentó su renuncia al cargo de Gobernador del Territorio de la Patagonia.

Barros también ejerció el periodismo en distintos medios como “El Nacional”, “La República”, “El Pueblo”, los “Anales de la Sociedad Rural Argentina” y la “Revista del Río de la Plata”. Fue autor de varios libros, como por ejemplo Fronteras y Territorios Federales de las Pampas del Sud (1872), La Guerra contra los Indios (1877), donde planteaba un plan de operaciones ofensivo desde un enfoque estrictamente militar; y la Memoria de la Gobernación de la Patagonia (1881) presentada al Ministro del Interior por el gobernador coronel Álvaro Barros.

Murió en Buenos Aires el 13 de enero de 1892.

Álvaro José de Alzogaray

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  • Persona
  • c. 1810-1879/07/31

Álvaro José de Alzogaray fue el hijo del comerciante Francisco de Alzogaray y de Mercedes Echagüe y Andía. Los datos acerca del lugar y año de nacimiento no siempre coinciden. Mientras que para su bisnieto nació en Buenos Aires en 1811; para Yaben nació en Santa Fe en ese año; y, para Cutolo, nació también en Santa Fe, pero en 1809.

Ingresó en la Marina al igual que José Nicolás Jorge, de quien era amigo personal y con el que se carteó en numerosas ocasiones. Pronto Alzogaray se sumó a la Escuadra que, al mando del almirante Guillermo Brown, se alistaba para combatir contra el Imperio del Brasil. Fue secretario del Comandante y en algunas ocasiones quedó al mando con el grado de coronel mayor. Llevó un registro de la campaña en el Diario de Operaciones de la Escuadra Republicana, Campaña de Brasil, editado en 1934 por el Archivo General de la Nación de Uruguay.

Tras un paso por las milicias de infantería en 1831, volvió a la Marina en diciembre de 1840, asumiendo poco tiempo después el mando de la corbeta “25 de Mayo” que participó en el Sitio Grande de Montevideo. Obligó a la escuadra riverista de John Halstead Coe a refugiarse en el puerto; puso fuera de combate a la nave insignia de la Armada oriental, el bergantín goleta “El Montevideano” y al bergantín “Cagancha”; enfrentó a Garibaldi; y el 17 de enero de 1844, recuperó la plaza de Maldonado que había estado en poder de los enemigos de Rosas.

Participó durante el bloqueo anglofrancés, en el Combate de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, dirigiendo la batería “Restaurador”. El 19 de abril de 1846, Alzogaray recapturó el pailebote “Federal”, abandonado por los británicos tras un breve combate. Dejaron a bordo el pabellón, además de bagaje, armamento y municiones. Meses después, Alzogaray intervino en la batalla de la Angosturas del Quebracho el 4 de junio de 1846, a 35 km. de Rosario, en la que las fuerzas de Lucio Mansilla forzaron a huir a la escuadra aliada.

Hasta 1849 fue comandante general del Cuartel Divisionario del Departamento Norte, tras lo cual recibió el mando del vapor “Merced”. En 1853 fue ascendido a Capitán de Marina y el 17 de junio de 1854 como Administrador de Correos de Santa Fe. Durante la campaña de Cepeda, se ocupó de la Comandancia del Parque Nacional y Maestranzas del Ejército de Urquiza, tarea que reasumió como coronel durante la batalla de Pavón el 17 de septiembre de 1861 y, nuevamente, en la Guerra del Paraguay en 1865. El 14 de septiembre de 1868 fue ascendido a Coronel de Marina efectivo. Finalizada la guerra, fue designado interventor del Parque Nacional y de la Comisaría de Guerra hasta que, en 1875, pasó a ocupar la Inspección General de la Armada.

Falleció el 31 de julio de 1879 en Buenos Aires.

Ángel Justiniano Carranza

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  • Persona
  • 1834/09/05-1899/05/11

Ángel Justiniano Carranza nació en la ciudad de Buenos Aires el 5 de septiembre de 1834. En 1850 entró a la Facultad de Medicina pero, al cabo de un año, decidió cambiarse a la carrera de Derecho. Se doctoró en Jurisprudencia en 1856, con una tesis sobre la libre navegación de los ríos y, en 1863, egresó como abogado.

El 16 de febrero de 1865 fue designado integrante de la Comisión clasificadora de la deuda nacional de la Confederación Argentina y en 1868 se desempeñaba como Juez de Primera Instancia en lo Criminal.

El 29 de octubre 1870 se reglamentó la ley mediante la cual se creaba la Comisión Protectora de Bibliotecas populares y Carranza fue nombrado miembro y, el 7 de octubre de 1873 fue designado parte de una comisión ante la cual deducirían los reclamos los interesados por la deuda civil y militar de la Guerra de la Independencia. Por decreto del 10 de diciembre de 1886 fue nombrado como Auditor de Marina, puesto que desempeñó hasta su fallecimiento en Rosario el 11 de mayo de 1899, cuando se hallaba de paso por esa ciudad.

Carranza fue miembro de la Junta de Historia y Numismática Americana y colaboró en varias revistas históricas, tales como “La Revista de Buenos Aires”, “La Revista del Río de la Plata”, “La Revista Nacional”, y el “Boletín del Centro Naval”. Entre sus libros pueden citarse El Almirante Vernon en las aguas de Nueva Granada 1739-1741 (1874), El general Lavalle ante la justicia póstuma (1880), Expedición al Chaco Austral (1884) y Campañas Navales de la República Argentina (1915), esta última editada por el Ministerio de Marina en cuatro tomos.

Para la realización de todos estos trabajos, Carranza recurrió a fuentes documentales originales que reunió en forma privada y que luego incorporaba a su colección.

Ángel Pacheco

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  • Persona
  • 1793/04/13-1869/09/25

Ángel Pacheco nació en Buenos Aires el 13 de abril de 1793, aunque hay distintas versiones porque sus primeros años de vida no se conocen demasiado. Hijo del matrimonio entre José Pacheco Gómez Negrete y María Teresa Gutiérrez de la Concha. Estudió filosofía en el Colegio de San Carlos y a los 16 años inició su carrera militar. Comenzó alistándose como cadete en el Regimiento de Patricios y luego pasó al de Granaderos a Caballo. En estas unidades participó en enfrentamientos de relevancia contra las fuerzas españolas, en las batallas de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813 y Rincón de Zárate el 23 de agosto de 1813. En noviembre de ese mismo año fue transferido al Ejército del Norte. Estuvo presente en los combates de Puente de Márquez el 14 de abril de 1815, Venta y Media el 20 de octubre de 1815 y Sipe-Sipe el 29 de noviembre de 1815. Luchó junto a Manuel Dorrego en Salta y después se dirigió a Mendoza, donde se sumó al Ejército de los Andes en la campaña libertadora de Chile y actuó en la columna de Mariano Necochea como escolta del general San Martín. Además, intervino en las acciones de Curapaligüe el 4 de abril de 1817, en el sitio y asalto de Talcahuano los días 5 y 6 de diciembre de 1817, en Cancha Rayada el 19 de marzo de 1818 y en Maipú el 5 de abril de 1818. No obstante, las heridas lo obligaron a un retiro forzoso por lo que en 1819 se instaló en Buenos Aires.

Una vez instalado en Buenos Aires se casó en 1822 con María Dolores Reinoso con quien tuvo seis hijos. Su hija menor fue esposa de Torcuato de Alvear con quien tuvo a Marcelo Torcuato de Alvear.

Bajo el mando de Dorrego, intervino en las operaciones militares contra la provincia de Santa Fe en San Nicolás de los Arroyos y en Pavón y presenció la derrota de su jefe en Gamonal el 2 de setiembre de 1820. Durante la Guerra contra el Brasil, combatió a las órdenes de Carlos María de Alvear en las batallas de Ituzaingó el 20 de febrero de 1827 y Camacuá 23 de abril de 1827.

A poco de firmarse la paz con el Imperio fue encarcelado por Juan Galo Lavalle, que acababa de derrocar y fusilar al gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego. El 26 de abril de 1829, Pacheco luchó contra la Liga del Interior de José María Paz y se impuso sobre Juan Esteban Pedernera en Fraile Muerto el 5 de febrero de 1831. El 29 de noviembre de 1832, la Sala de Representantes aprobó un decreto donde lo ascendían al cargo de Coronel Mayor. Tras haber reasumido el mando de los departamentos del norte de la provincia de Buenos Aires con sede en Salto, hizo frente a las primeras incursiones de los pueblos indígenas, especialmente de los ranqueles, en Guardia de Rojas y el Salado; y se hizo cargo de la Jefatura del Estado Mayor de Juan Manuel de Rosas durante la primera expedición militar al sur.

Durante las dos gobernaciones de Rosas, combatió en el sur bonaerense a las poblaciones indígenas alcanzando el territorio de Neuquén y se enfrentó a las invasiones unitarias gestadas desde el Uruguay y dirigidas por Juan Galo de Lavalle y otros jefes militares como Gregorio Aráoz de La Madrid, José María Vilela y Fructuoso Rivera. Como jefe de la caballería y bajo las órdenes de Manuel Oribe, consiguió una victoria decisiva contra Juan Lavalle en Quebracho Herrado el 28 de noviembre de 1840. Tras este triunfo, persiguió al Ejército unitario en retirada y lo sorprendió por la noche en San Cala el 8 de enero de 1841 en el valle de Traslasierra, cerca de San Carlos Minas en la provincia de Córdoba. En Mendoza, junto al fraile José Félix Aldao y a Nazario Benavídez se impuso contra las fuerzas de Gregorio Aráoz de Lamadrid en el combate de Rodeo del Medio el 24 de setiembre de 1841. En la batalla de Arroyo Grande el 6 de diciembre de 1842 estuvo al mando de la infantería de la Confederación, aliada con los blancos uruguayos comandados por el depuesto presidente oriental Manuel Oribe, que se enfrentó a los unitarios argentinos y a los colorados uruguayos liderados por Fructuoso Rivera. Entre 1843 y 1844 participó en el Sitio de Montevideo.

En 1845, como jefe de la Frontera del Centro de la provincia de Buenos Aires, mandó fundar los fuertes de Bragado y de Mulitas.

Pacheco también ejerció algunos cargos políticos. Fue elegido para ocupar una banca en la legislatura bonaerense y renunció a la misma el 11 de octubre de 1833. Ese año fue electo Gobernador y Capitán General de la provincia, aunque no aceptó y presentó la renuncia al cargo a los pocos días de haber sido elegido. En 1851 volvió como miembro de la Sala de Representantes pero, al año siguiente, fue convocado de urgencia para contener la invasión del gobernador entrerriano Justo José de Urquiza.

Fue consecutivamente Ministro de Guerra y General en Jefe del Ejército del Estado de Buenos Aires y, finalmente, en 1853 Enviado Extraordinario al Brasil. El 25 de septiembre de 1869, ya retirado y acompañado por sus hijos y por su esposa María Dolores Reynoso y Más de Seixas, falleció en su estancia del Talar.

Antonio de las Carreras

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  • Persona
  • 1829/01/04-1868/07

Antonio de las Carreras nació en Montevideo el 4 de enero de 1829. Estudió en la Academia de Jurisprudencia del Cerrito. Se doctoró en Buenos Aires en 1850 y revalidó el título en su ciudad natal en 1853. Fue militante del Partido Blanco, perteneció a la línea política conocida como “Las Amapolas”.

Ocupó varios puestos como oficial mayor del Ministerio de Gobierno, agente fiscal en lo criminal y defensor de menores. Entre el 4 de enero y el 12 de junio de 1858, ejerció por primera vez el cargo de ministro de relaciones exteriores de Uruguay. Volvió a detentar este cargo entre el 24 de julio de 1859 y el 1 de marzo de 1860. En julio de 1864, De las Carreras en una misión diplomática ante el gobierno paraguayo para buscar los apoyos en contra de la revolución de Venancio Flores, y luego, ejerció por tercera vez el cargo de ministro de relaciones exteriores, entre el 7 de septiembre de 1864 y el 15 de febrero de 1865.

Antonio de las Carreras buscó la ruta del exilio en alguna fecha. Junto con otros miembros del partido blanco, primero huyó a Entre Ríos y luego marchó al Paraguay para ponerse a disposición del mariscal Solano López. Tras el fracaso en distintos frentes en la Guerra de la Triple Alianza, Antonio de las Carreras fue uno de los muchos acusados de conspiración en contra del gobierno del Solano López y fue torturado y posteriormente fusilado en San Fernando en julio de 1868.

Archivo General de la Nación (Argentina)

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  • Entidad colectiva
  • 1821/08/28-Hasta la actualidad

El Archivo General de la Nación (AGN) es una institución pública estatal de carácter nacional, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina, que conserva documentación de guarda permanente. Se creó el 28 de agosto de 1821 como Archivo General de la Provincia de Buenos Aires por decreto del Gobernador Martín Rodríguez. Dicho decreto estableció que el Archivo quedara bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y que su arreglo y clasificación se realizaría por ramos y épocas. Durante la gestión de Manuel Trelles, entre 1858 y 1875, se comenzó a utilizar en la clasificación un criterio temático que se superpuso al de ramos y épocas ya existente.

Su primera sede estuvo en el edificio que había pertenecido al Tribunal de Cuentas, en la calle Perú 294.

En 1884 y, teniendo en cuenta que el Archivo Público General era por su origen y por los documentos que lo constituían, un establecimiento esencialmente nacional, pero estaba administrado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, confundiendo los documentos de ambas jurisdicciones; se tomó la decisión de que el Archivo sea puesto bajo la jurisdicción nacional luego de separar de él los documentos que legítimamente corresponden a la mencionada provincia. Con tal objetivo, el decreto del 30 de enero de 1884 del Departamento de Instrucción Pública dispuso la creación de una Comisión compuesta por Bartolomé Mitre, Andrés Lamas y Amancio Alcorta, encargada de negociar con la Provincia de Buenos Aires la nacionalización del Museo y la entrega al Gobierno nacional de la Biblioteca Pública, el Archivo General y todos los documentos y objetos históricos pertenecientes a la nación que se encontrasen en reparticiones provinciales.

Luego de aprobar los arreglos hechos por las Comisiones nombradas por el Ejecutivo y el Gobierno provincial, y aceptando la provincia una indemnización propuesta por el Ministerio de Instrucción Pública por la entrega del Museo Público, el decreto del 29 de agosto de 1884 del Departamento de Instrucción Pública nacionalizó el Museo Nacional, el Archivo General y la Biblioteca Pública.
El 28 de junio de 1899 se aprobó por decreto el primer reglamento interno del organismo. Dicho reglamento estableció en el artículo 3° que los documentos se separarían en materias y en cada materia se organizarían cronológicamente en legajos manuales. De esta forma se reemplazó el criterio de clasificación por ramos y épocas por el temático-cronológico. Al mismo tiempo, en el artículo 5° se dispuso que la documentación de las secretarías del Estado, como las reparticiones que no tuvieran carácter autónomo y dependieran del poder Ejecutivo de la Nación, fuera remitida al AGN, reservándose la correspondiente a los últimos veinte años.

A partir de 1906, el Archivo General de la Nación mudó su sede al edificio que había sido ocupado por el Congreso Nacional en la calle Victoria. Este segundo edificio estaba situado en la calle Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen) n° 318 al 330, frente a la Casa Rosada y a la Plaza de Mayo.

El decreto del 15 de mayo de 1914 estableció que el AGN funcione bajo la órbita del Ministerio de Justicia de Instrucción Pública y aprobó su funcionamiento interno mediante un reglamento, el cual ratificó las formas en que debía ser remitida al AGN la documentación de las reparticiones que dependieran del Poder Ejecutivo Nacional. Al mismo tiempo en el artículo 4° dispuso que para la organización interna de los documentos se dispusieran tres secciones: “Gobierno Colonial”, “Gobierno Nacional” y “Hacienda y Contaduría General”. En cada una de las secciones se debían establecer divisiones y subdivisiones que el fondo de la documentación y el carácter impongan y debía realizarse un catálogo parcial con su índice alfabético.

En 1924, a través del decreto 854 del 26 de mayo, se ratificó lo dispuesto por los reglamentos de 1899 y 1914, mediante los cuales se establecía que las secretarías de Estado, las reparticiones y oficinas que no tengan carácter autónomo y dependan del Poder Ejecutivo Nacional depositaran la documentación en el AGN reteniendo la de los últimos veinte años y entregaran todos aquellos manuscritos históricos de carácter nacional depositados en otras reparticiones. Sin embargo, en el artículo 4° decretó una nueva organización interna para los documentos en dos divisiones con la denominación de “Gobierno Colonial” y “Gobierno Nacional”. A la primera le correspondía la documentación comprendida entre los primeros años de la colonia y el de 1809 y a la segunda la comprendida entre los de 1810 y los documentos de fecha más reciente. Cada división, a su vez, debía subdividirse en dos secciones denominadas “Hacienda” y “Gobierno.” En el artículo 5°, se dispuso que en estas secciones se debían establecer subdivisiones de acuerdo al carácter de la documentación de cada uno de los fondos. Así, la clasificación de los documentos debía ser por materia arreglados en orden cronológico, en legajos manuables, señalados con carátulas en que se especifique la División, Sección y Subdivisión a la que correspondan, asuntos, años, número de documentos o expedientes que lo forman, todos numerados correlativamente. Al mismo tiempo se establecía que la institución debía estar compuesta por un director, un vicedirector, un secretario-contador, jefes de división, directores de sección, ayudantes, escribientes, un mayordomo y ordenanzas. También tenía a su cargo un taller de encuadernación y una biblioteca.

El 19 de octubre de 1942 se sancionó la Ley 12826, mediante la cual se declararon de utilidad pública los inmuebles situados en las manzanas comprendidas entre las calles Victoria, Alsina, Defensa y Balcarce de la Capital Federal para destinarlos al Banco Hipotecario Nacional. Sin embargo, el artículo 5° de esa ley disponía que antes de tomar posesión en el edificio de la calle Victoria, ocupado por el Archivo General de la Nación, el Banco Hipotecario Nacional debía poner a disposición todos los locales que se entreguen en virtud de la transferencia, a fin de pueda realizarse el traslado inmediato sin interrupción del servicio. Sin embargo, al Archivo General de la Nación solo le fue asignado el edificio de la avenida Leandro N. Alem 246. La mudanza a esta nueva sede se efectuó entre los años 1950 y 1955.

El 22 de octubre de 1949 se aprobó un nuevo Reglamento Interno del Archivo General de la Nación. En él se vuelve a ratificar el criterio de clasificación establecido en los dos reglamentos anteriores de acuerdo a las divisiones Colonial, Nacional y Contaduría Nacional. Dicha clasificación consolidó a partir de la disposición física de la documentación en salas como resultado de la mudanza de la institución realizada en las décadas del ’40 y del ’50.

El 8 de noviembre de 1954 se promulgó el Decreto 19021, que dispuso que se concentre en el Archivo General de la Nación toda la documentación de carácter histórico existente en oficinas públicas de la Nación y se guarde con la asignatura que tenía en el organismo de su procedencia. El carácter histórico de la documentación sería determinado por cada ministerio con el asesoramiento del Archivo General. Mediante la implementación de este decreto, ingresaron al AGN varios de sus agrupamientos documentales.

En referencia a los actuales Departamentos de Cine, Audio y Video y de Documentos Fotográficos, en 1956, por decreto-ley 19951, se liquidó la Secretaría de Prensa y Actividades Culturales, ex Secretaría de Informaciones de la Presidencia, de la que dependía el Archivo Gráfico de la Nación. Por medio del Decreto 22618 de 1956 se ordenó la transferencia de la Dirección General del Archivo Gráfico de la Nación al Ministerio del Interior. A partir de ese momento, comenzó la incorporación al Archivo General de la Nación la cual concluyó en 1961.

Ese año, el Archivo General de la Nación obtuvo la sanción de su primera ley orgánica, la Ley 15930. Esta norma colocó a la entidad bajo la dependencia del Ministerio del Interior y estableció sus misiones, funciones y atribuciones. El AGN debía reunir, ordenar y conservar la documentación pública y el acervo gráfico y sónico perteneciente al Estado Nacional o la documentación privada que le fuera entregada para su custodia, para difundir el conocimiento de las fuentes de la historia argentina. Para ello, sus funciones serían ordenar y clasificar con criterio histórico dicha documentación; inventariar, catalogar y divulgar los documentos bajo su custodia; publicar repertorios y series documentales para la difusión de los documentos de reconocido valor; difundir por cualquier otro medio el conocimiento del material existente en el Archivo; preparar un inventario de los fondos documentales que se refieran a la historia de la República; obtener copias del documental conservado en los archivos oficiales de las provincias o del extranjero, en cuanto interese para el estudio de la historia nacional y entregarles, a su vez, copia del material que conserve y reúna. Para el cumplimiento de estas funciones, tendría además las siguientes atribuciones: aceptar herencias, legados o donaciones ad referendum del Poder Ejecutivo; celebrar contratos para la adquisición de documentos ad referendum del Poder Ejecutivo; inspeccionar los archivos administrativos dependientes del Poder Ejecutivo y requerir la colaboración de los empleados encargados de la conservación; ejercer fiscalización sobre los archivos administrativos nacionales para el debido cumplimiento del traslado de documentos y efectuar los arreglos necesarios para la custodia y el retiro de dicha documentación; solicitar de instituciones privadas y de particulares información acerca de documentos de valor histórico que obraran en su poder; gestionar la obtención de copias de la documentación histórica perteneciente al Poder Legislativo; tomar intervención en las transferencias de documentos que se efectuaran entre particulares y proponer al Poder Ejecutivo declaraciones de utilidad pública, así como la consiguiente expropiación cuando correspondiere; dictaminar en los casos en que se intente extraer del país documentos históricos. En cuanto a la transferencia de documentación desde los ministerios, secretarías de estado y organismos descentralizados de la nación, se establecía que estos debían poner a disposición del Archivo General la documentación que tuvieran archivada, con excepción a la correspondiente a los últimos treinta años o la que debieran conservar por razón de estado. En lo sucesivo, se establecían plazos de entrega cada cinco años. En otros aspectos, la ley disponía la creación de una Comisión Nacional de Archivos de carácter autónomo, establecía requisitos mínimos para el ingreso de personal, brindaba una definición de “documento histórico” e imponía sanciones a quienes ocultaran, destruyeran o exportaran ilegalmente este tipo de documentos.

A partir del decreto 3585 del año 1968, el Archivo quedó formado por el departamento Clasificación y Archivos, la división Manuscritos e Impresos, división Archivo Audiovisual con las secciones Gráfica, Cinematográfica, Sónica, la división Recepción e Investigación y la división Difusión.

El Decreto 8467 de 30 de noviembre de 1972, estableció la división interna del Archivo General de la Nación. Mediante esta normativa, se estableció el orden interno compuesto por dos departamentos: Difusión y Clasificaciones y Archivo. De este último departamento dependían tres divisiones: Manuscritos e Impresos, Archivo Audiovisual y Recepción e Investigación.

En el año 1977, mediante el Decreto 2866, se otorgó a la División Archivo Audiovisual la categoría departamental, cambiando su nombre a Departamento de Imagen y Sonido. Asimismo, se incorporó a la estructura del Archivo General de la Nación el Departamento Archivo Intermedio.

Por medio de los Decretos 232/79 (normas referentes a la conservación de los diversos archivos de la Administración pública) y 1571/81 (tabla de plazos mínimos de conservación de los documentos de personal y de control; y pautas, definiciones y procedimientos para la desafectación de documentación) se reguló el asesoramiento a través de asistencias técnicas del Departamento Archivo Intermedio a la Administración pública nacional para la aplicación de la normativa vigente en materia archivística.

En la década del ‘90 se incorporaron nuevos edificios para recibir documentación: un inmueble ubicado en la calle Diputado Benedetti 238 y un depósito en la bóveda del ex–Banco Nacional de Desarrollo ubicado en la Avenida Leandro Alem 148.

Mediante la Resolución Ministerial 716 de 1992, se aprobó la estructura organizativa del Archivo General de la Nación que pasó a estar conformado por cinco departamentos: Documentos Fotográficos; Documentos Cine, Audio y Video; Documentos Escritos; Archivo Intermedio y Biblioteca y Difusión. Esta estructura se ratificó a través de la Resolución 1349 de 1998.

En 1998, el Departamento Archivo Intermedio se trasladó a un nuevo inmueble ubicado en la Avenida Paseo Colón 1093, mientras que el resto de los departamentos continuaron funcionando la sede central de la Avenida Leandro Alem 246. La Resolución Ministerial 1349/98 aprobó la estructura administrativa del Ministerio del Interior y confirmó la existencia de los cinco departamentos fijados en 1992.

A partir del año 2003, y con el desarrollo del Proyecto de Modernización del Archivo General de la Nación, se crearon cuatro nuevas Áreas para atender a funciones específicas antes subsumidas en la Dirección y los Departamentos: Conservación y Restauración (Disposición AGN N° 2/03 del 13 de mayo del 2003), Digitalización (Disposición AGN N° 17/07 del 17 de octubre del 2007), Fiscalización y Mesa de Entradas y Salidas (Disposición AGN N° 02/07 del 4 de junio del 2007) y Comunicación y Acción Cultural (Disposición AGN N° 39/07 del 12 de noviembre del 2007).

A partir del Decreto 444 de 2012 se aprobó el modelo de contrato de préstamo entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar parcialmente el Programa de Modernización Integral del Archivo General de la Nación (CAF 7769). El 12 de junio de 2013, mediante la resolución AABE N° 19, se asignó al Archivo General de la Nación el uso del inmueble ubicado entre las calles Pichincha, Rondeau, 15 de noviembre de 1889 y Pasco, identificado como ex Unidad Carcelaria N° 1 (Cárcel Nueva) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de construir en el mismo la nueva sede del organismo en el marco del Programa de Modernización Integral del Archivo General de la Nación.

En 2016 se introdujo el Sistema de Gestión Documental Electrónica en la Administración Pública Nacional. El Decreto 1131/16 (Archivo y Digitalización de Expedientes) derogó los Decretos 232/79 y 1571/81 y confirmó para el Archivo General de la Nación la facultad de definir los documentos y expedientes digitalizados a conservarse en soporte original debido a su valor histórico, así como la de intervenir operativamente en la rehabilitación de expedientes electrónicos alojados con guarda temporal en el Sistema de Gestión Documental Electrónica.

En 2018 se disolvieron las subdirecciones de la Administración Pública Nacional y, a través de la decisión administrativa 300/2018, se aprobó la nueva estructura del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, creando una dirección simple dependiente de la Dirección General del Archivo General de la Nación: la Dirección de Proyectos de Digitalización Archivística Documental.

En julio de 2020, a través de la Decisión Administrativa 1184/2020, se disolvió dicha dirección y en su lugar se crearon dos direcciones simples: la Dirección de Gestión de Fondos Documentales y la Dirección de Administración y Gestión de la información.

Actualmente el Archivo General de la Nación se rige mediante la Resolución 1349 de 1998 y la Decisión Administrativa 1184 del 2020.

Archivo Histórico de la Justicia Militar

  • AR-AGN-ISAAR-AHJM01_02
  • Entidad colectiva
  • 2010

El Archivo Histórico de Justicia Militar fue creado mediante la Resolución del Ministerio de Defensa Nº 240 del año 2010. Heredó las funciones del Consejo Supremo de las Fuerzas Armada (Consufa), máximo tribunal militar. Este organismo cesó su accionar al ser derogado el Código de Justicia Militar por la Ley Nº 26.394 del 26 de febrero del año 2009.
Este Archivo fue continuador de una de las principales funciones del Consufa: ser el único archivo de la Justicia Militar y dar respuesta a posibles reclamos del personal de la institución y de la justicia ordinaria. Mediante Resolución del Ministerio de Defensa Nº 1.419 del 22 de octubre del año 2010 se disolvió dicho Archivo.

Asamblea General Constituyente

  • AR-AGN-ISAAR-AGC01_01
  • Entidad colectiva
  • 1813/01/31-1815/01/26

El 8 de octubre de 1812 el Cabildo de Buenos Aires nombró como vocales del Gobierno Provisorio a Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte y Juan José Paso depositándoles la autoridad bajo ciertas condiciones. Una de ellas era la de llamar a una Asamblea General que formara una Constitución Provisoria. De acuerdo con esto, la Asamblea General Constituyente fue convocada por decreto del 24 de octubre de 1812. El decreto establecía, además, el mecanismo de reunión de los electores, el procedimiento de designación de los diputados y ponía como fecha de inicio de las sesiones el mes de enero de 1813.

El 31 de enero de 1813 la Asamblea quedó instalada oficialmente en el edificio del Consulado de Buenos Aires. En su primera sesión dictó un decreto por el cual se declaró soberana y designaba como presidente al diputado por Corrientes, Carlos de Alvear y como secretarios a Valentín Gómez y a Hipólito Vieytes. A su vez, determinó que los asambleístas no podrían ser aprehendidos ni juzgados, sino en los casos, y términos que la misma Soberana Corporación determinará. Decretó que el poder ejecutivo seguiría siendo desempeñado por los tres vocales del Poder Ejecutivo hasta tanto la Asamblea designara al ejecutivo que mejor conviniera a los fines de preservar la paz, la defensa y la justicia y que los decretos, declaraciones y órdenes emanados de su seno tendrían validez absoluta con la sola exhibición de la firma de su presidente y de algunos de sus secretarios.

El 22 de enero de 1814 resolvió concentrar el Supremo Poder Ejecutivo en una sola persona creando así el Directorio Supremo.

Entre las sanciones de la Asamblea se destacaron las de ley de vientres que declaraba libres a todos los hijos de esclavos nacidos después de la jura de dicha disposición y la supresión del comercio negrero y de la trata, otorgando la libertad a todos los esclavos que llegaran en adelante, por el mero hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas; la orden de acuñación de moneda conocida como “emisión autónoma de Potosí”; la aprobación de un sello propio y del Himno Nacional, con letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera; la abolición de la mita, la encomienda, el yanaconazgo y los tributos indígenas, lo mismo que de la inquisición y de los instrumentos de tortura; la remoción de muchas de las obras literarias que estaban incluidas en el Index Prohibitorum; el desplazamiento de los españoles peninsulares de los cargos públicos si se negaban a apoyar la Revolución y a prestarle juramento de obediencia; y la prohibición de llevar uniforme militar sin el despacho concedido por ese cuerpo. Al mismo tiempo realizó una reforma judicial; disolvió la Audiencia de Charcas y la reemplazó por la Cámara de Apelaciones; modificó el régimen impositivo afectando en particular, al papel sellado y a la contribución forzosa o impuesto de guerra; suprimió los títulos de nobleza y de los blasones; declaró al 25 de Mayo como Fiesta Cívica; reformó el Reglamento de Rentas del Obispado y de la Catedral; revocó los privilegios y contribuciones al clero; anuló numerosas jerarquías de la Iglesia española residentes en la Provincias Unidas del Río de la Plata; obligó a las parroquias a bautizar a las castas, enterrar a los pobres gratuitamente y bautizar a los niños con agua tibia para evitar la llamada vulgarmente muerte de los siete días; abolió los puestos a perpetuidad en el Consejo; reglamentó el funcionamiento de las Secretarías de Estado, de la Academia de Matemática y de la Capitanía del Puerto; confeccionó padrones de indígenas; y abolió los mayorazgos y los oficios a perpetuidad en el Cabildo.

Las sesiones del organismo se suspendieron en enero de 1815. El Reglamento redactado por la Asamblea General Constituyente para la suspensión de sus sesiones fue publicado en el número 18 de “El Redactor de la Asamblea”, con fecha 20 de noviembre de ese año.

Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado

  • AR-AGN-ISAAR-AFNE01_02
  • Entidad colectiva
  • 1953-1993

La empresa estatal Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado fue creada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 10.627/53 con la misión de “atender a las necesidades de la Marina Nacional, preferentemente en lo relativo a la defensa del país, y promover el desarrollo naval en general de las industrias cuyo fomento sea de interés para las actividades de la Empresa” (Anexo 1, Acta 1, 1953). La misma fue constituida bajo la dependencia del Ministerio de Marina (luego Ministerio de Defensa y de la Dirección de Fabricaciones Militares) y funcionaba de acuerdo al régimen de la Ley Nº 13.653, el mencionado decreto de creación y el estatuto aprobado en el acta N ° 1 de su directorio.
La empresa estaba compuesta por el Astillero Naval Río Santiago y la Fábrica de Pólvoras de Azul. Los objetivos fundamentales de la empresa eran: estudiar, proyectar, construir, reparar y modificar buques y embarcaciones, arreglar los elementos y materiales utilizados o a utilizarse en ellos y en otras industrias del país, comercializar su producción, orientar y promover la industria naval y aquellas concurrentes a su actividad; fomentar y contribuir al desarrollo de la capacidad técnica y profesional del personal de la industria naval; promover y coordinar la instalación de industrias destinadas a la producción de materia primas y elementos utilizables en los procesos industriales de sus establecimientos, proponer la creación e incorporación de los establecimientos industriales que sean convenientes para las actividades de la empresa; participar a los fines de la defensa nacional, en la movilización industrial de la nación y contribuir a la consecución de los planes de gobierno Nacional. A lo largo de su historia sufrió distintas modificaciones tanto en su estructura como en su funcionamiento y su figura jurídica. En 8 de octubre de 1969 se transformó en Sociedad Anónima del Estado en virtud a lo dispuesto por la Ley N° 18.394 y regida desde entonces según los criterios dispuestos en la Ley N° 17.318. Según esta normativa, el control del paquete accionario y la conducción empresarial pasaban a control del Comando General de la Armada. El objetivo era, según indica el propio mensaje que acompaña la ley, “el aprovechamiento de las positivas modalidades de la iniciativa privada en la conducción de la empresa, facilitando asimismo su acceso a los mercados financieros” al tiempo que garantiza “la participación prevalente del Estado en sus órganos de administración y control”. En 1976, luego del golpe de Estado autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la empresa retornó en forma plena al control estatal, profundizando la centralización de su control por parte del Comando General de la Armada. Las causas de tal medida, en palabras del propio ministro de defensa Brig. My. (R) José María Klix, eran: “Pautas de racionalización administrativa, unidad de decisión y economicidad de medios, hacen aconsejable formalizar la transferencia de la responsabilidad de total a la jurisdicción del citado Comando…” En fondo CAL; 1976 Proyecto 3. Folio 2. En 1988, según el expediente de la DGFM 2599/88, se firmó un convenio de venta, cesión y transferencia de la Fábrica Naval de Explosivos Azul – FANAZUL, de AFNE SA a la Dirección General de Fabricaciones Militares.
En 1990, producto de la necesidad de reorganizar la empresa, dependiente en ese momento de la Secretaría de Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa, se estableció la intervención de AFNE por un plazo de 180 días, designando como interventor al Capitán de Navío Eduardo Alberto Horvath (art. 2 de la Ley N° 23.696 y su decreto reglamentario y el Decreto del PEN Nº 429/90). La intervención se extendió, y este último renunció en octubre de 1992 siendo reemplazado en el cargo por Horacio Salduna. En 1993 mediante el expediente N° 2.709-200/93 del Ministerio de Producción y el Contrato de transferencia-AFNE SA, suscripto el 26 de agosto de 1993 entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nacional N° 1.787/93 y el Decreto Provincial N° 4.538, se transfirieron a la Provincia de Buenos Aires el personal y los activos de los Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado S.A. (AFNE S.A.). El gobierno provincial creó para su control y gestión el Ente Administrador del Astillero Río Santiago con carácter de entidad autárquica de derecho público, manteniendo relaciones con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministro de la Producción. La entidad se encargaría de administrar y explotar los activos hasta su privatización, tal como se acordó en el convenio y conforme a las Leyes N ° 23.696 y 24.045 y el Decreto de PEN N ° 1.105/89.

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